No es suficiente la salida de Carlos Gómez Arrieta como subsecretario de Seguridad Pública tras su involucramiento en presuntos actos de tortura en el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero, sino que debe realizarse una investigación no sólo hacia su actuar sino que alcance a la administración de Silvano Aureoles Conejo y castigue a los responsables de actos represivos contra indígenas, maestros y normalistas, señaló el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS).
Tras la difusión la semana anterior de un video donde se evidencia la tortura a un presunto detenido y en el que por la voz se identificó a Gómez Arrieta, cabe recordar que el jefe policiaco anunció su retiro de la corporación, hecho que Aureoles Conejo exaltó como un acto de “valentía” de quien fuera su subordinado e incluso subestimó la evidencia al considerarla un “montaje mal armado”.
Este miércoles, en una rueda de prensa donde reiteraron la exigencia de justicia y castigo a los homicidas del militante del FNLS, Mario Moreno López, el pasado 18 de junio en una comunidad del municipio de Venustiano Carranza, en Chiapas, los voceros de la organización se pronunciaron porque no baste la salida de Gómez Arrieta, a quien identificaron como el operador del desalojo implementado el 10 de octubre del 2018 de la Plaza Melchor Ocampo y donde fueron detenidos varios de sus dirigentes. En la fecha, señalaron, los detenidos fueron golpeados y torturados en instalaciones policiacas, hechos que denunciaron y por los que pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la cual no se manifestó en ningún sentido.
El retiro del ex subsecretario, adujeron, fue una táctica para limpiar la imagen del gobierno (…), pero él obedecía a intereses de clases, sus jefes están en el gobierno y a ellos no se les toca, por eso consideramos que no es suficiente, sino que se debe investigar a todo el gobierno del estado
“Ahí se ve el papel que han tenido estos sujetos”, indicaron en referencia a Gómez Arrieta y los operativos que se instrumentaron en la comunidad de Arantepakua, en Tiripetío y en esta capital, en contra de comuneros indígenas, maestros y normalistas.
