La Razón / Aleja Cuevas
La Paz.- El séptimo informe sobre desarrollo humano: El nuevo rostro de Bolivia, del PNUD, identifica que en la última década unos 1,7 millones de personas pasaron de la clase baja a la media “vulnerable”. El dato se registra en 20 municipios urbanos del eje troncal.
“El informe destaca que en la última década el país pasó del 56% de pobreza al 39%; esto significa que Bolivia sacó de la pobreza al 17% de la población, que pasó a un estrato medio, pero muy vulnerable”, señaló a La Razón el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Bolivia, Mauricio Ramírez.
Este hallazgo está en el informe nacional El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización, que el organismo presentará hoy, a las 19.30, en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB). La investigación fue realizada en 20 municipios urbanos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Según el coordinador del informe, Ernesto Pérez, la inclusión de dicho 17% a la clase media “vulnerable” tiene dos orígenes: la primera es toda la transferencia de gasto social del Gobierno a los hogares, como bonos y programas; y la segunda es el ingreso laboral.
Pérez mencionó que estudios internacionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del PNUD y del Banco Mundial (BM) indican que el 84% de la mejora se debe al mercado laboral y el 15%, a las políticas del Gobierno nacional.
Para el analista de temas laborales Rodolfo Eróstegui, el ascenso social a la clase media no se puede dar en una década, sino que se consolida a través de generaciones, de hijos a hijos. Ramírez señaló que en el ámbito del país hay una clase media que ocupa el 22%, un grupo que tiene nivel de educación y formación, acceso a la seguridad social y mayor estabilidad económica.
Riesgos. Explicó que se considera “vulnerable” a este 17% porque en el caso de presentarse una “gran” inflación, los precios de los servicios y alimentos subirían, y esta población no tendría la capacidad de adquisición, por lo que subirían los niveles de pobreza.
Si bien hay una reducción de la pobreza en el área metropolitana, aún hay una brecha respecto al área rural. “No debemos olvidar las áreas rurales, es ahí donde hay núcleos más duros de desafíos en términos de desarrollo, hay una desigualdad”, apuntó Pérez. Agregó que gracias la inversión social, traducida en bonos y programas, se logró que los 1,7 millones engrosen a la clase media y mejoren su calidad de vida.
No obstante, resaltó que es necesario formular políticas con un carácter integral, que garanticen el bienestar de la población, el acceso a niveles de educación de alta calidad, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos, porque este grupo será demandante.
Pérez destacó que en estos 10 años, Bolivia llevó adelante cambios en lo político, social y económico, lo que fue positivo en el desarrollo del país, pero sugirió hacer mayores esfuerzos, más aún cuando la población urbana crece.
Bolivia concentra el 46% de la población en tres áreas metropolitanas: La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, Achocalla, Viacha y Laja (La Paz); Cochabamba, Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba (Cochabamba); Santa Cruz, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno, Warnes (Santa Cruz).
Los datos señalan que en La Paz y El Alto está la mayoría de la población, con el 18%; Santa Cruz tiene el 17%; Cochabamba, el 11,3%. Ramírez destacó que en medio siglo, desde 1950, Bolivia pasó de un país con 80% de población en área rural y 20%, urbana, a 70% de área urbana y 30%, rural.
6 de 10 ganan más de Bs 1.656
Seis de cada 10 ocupados, dentro de las regiones metropolitanas de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, tienen ingresos laborales por encima del salario mínimo (Bs 1.656), pero la calidad de sus condiciones laborales es baja, según el último informe nacional del PNUD.
El documento titulado El nuevo rostro de Bolivia, transformación social y metropolización identifica, además, que solo dos de cada 10 ocupados combinan ingresos y condiciones laborales adecuadas. El estudio señala que en las regiones metropolitanas solo el 19% de los ocupados aporta a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), el 28% cuenta con seguro de salud, el 29% tiene un contrato escrito y el 57% trabaja una jornada aceptada como normal, de 48 horas.
El mercado de trabajo metropolitano se refleja en al menos cuatro grupos según el nivel de ingresos y calidad de empleo: altos ingresos con alta calidad de empleo (hidrocarburos y bancos); altos ingresos y baja calidad de empleo (construcción e industria); alta calidad con ingresos bajos (maestros y funcionarios) y bajos ingresos y mala calidad de empleo (servicio doméstico).
Estas diferencias entre la actividad económica y los sectores del mercado de trabajo son determinantes de las brechas en los ingresos y la calidad no remunerativa del empleo. El PNUD recomienda incentivos a ciertos sectores económicos mejorar las condiciones de calidad de trabajo.
Inseguridad se concentra en la región metropolitana
El crecimiento demográfico y las mejoras sociales y económicas en el país tienen también como efecto la concentración de altos porcentajes de delitos en las regiones metropolitanas, y a ello se suma el aumento de percepción de inseguridad de los ciudadanos. El informe plantea enfrentar esta problemática de una manera distinta.
El informe de desarrollo humano de Bolivia, en el capítulo Una agenda de seguridad ciudadana metropolitana. Elementos para una propuesta integral, argumenta que “la mayoría de los homicidios y robos agravados ocurren en las tres regiones metropolitanas del país, mientras que las violaciones se producen afuera”.
Cabe señalar que la cifra oculta del delito llega al 74%, es decir que solo tres de cada 10 personas denuncian el delito del cual han sido víctimas. Además, señala el documento, es notoria la incidencia de estos delitos en personas menores de 30 años, y es el caso de violación el más crítico, porque la mayoría son menores de 17 años.
Respecto a las causas de delitos, se identificó que la mayoría de los que están involucrados son personas que experimentaron alguna forma de fractura familiar, rezago escolar o falta de trabajo.
El informe recomienda que el enfoque integral para abordar la problemática debe tener los elementos de “la promoción de un crecimiento urbano incluyente, equitativo y de calidad”. Agrega que es imprescindible potenciar el trabajo de las alcaldías en la prevención de las causas de la inseguridad, en el fortalecimiento de la cultura ciudadana y potenciamiento de la Policía.
