En su último año de gobierno, Enrique Peña Nieto entregó unos 268 concesiones de playas mexicanas a particulares y empresas privadas para que las exploten en extracción artesanal de piedras, acuacultura, la pesca y usos generales.
De acuerdo a un reportaje de Vice, los permisos se duplicaron en comparación a los que entregó en el 2017, donde solo se autorizaron 123.
Estas licencias para usufructuar la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), que concentran casi tres millones de metros cuadrados, fueron otorgadas en Baja California Sur, Campeche, Colima, Jalisco, Chiapas, Sinaloa, Quintana Roo, Oaxaca, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán, Veracruz, Guerrero, Michoacán y Nayarit.
Se trata de entidades que han sido afectadas por el proceso de privatización de las playas, iniciado desde que, en 1992, mediante la modificación del Artículo 27 Constitucional, se facultó al gobierno federal para brindar concesiones de los bienes inmuebles del Estado a particulares.
En estas casi tres décadas transcurridas, pescadores, comuneros, comerciantes y familias enteras han sido desplazadas, mientras en su entorno aparecían complejos residenciales, restaurantes o áreas restringidas a los deportes de playa.
Según datos extraídos del registro de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), 158 particulares y 110 empresas obtuvieron títulos de concesión en 2018. 98 de esos permisos tienen un plazo a 15 años, mientras que otros 35 se dieron a cinco años. En blanco, sin precisar temporalidad, aparecen 134 autorizaciones.
Pero los 268 beneficiarios de 2018 –más los 123 de 2017– no fueron los únicos favorecidos en la recta final del sexenio peñanietista. Información obtenida por VICE muestra que, entre 2015 y 2018, el Gobierno federal notificó mil 477 títulos de concesión para explotar el territorio marítimo nacional. Esto significa que se otorgaron, en promedio, 369 permisos por año. Una concesión cada día, durante los últimos cuatro años.
Información de Vice
