A integrar en este año una reforma estructural “necesaria”, con mayor énfasis y rigor en la transparencia y rendición de cuentas, se comprometió la Rectoría de la Universidad Michoacana como parte de los acuerdos y obligaciones establecidos en el convenio con la federación sobre sostenibilidad financiera, signado además por el gobierno estatal el pasado 21 de diciembre de 2018, compromisos que se mantienen al margen de los sectores que conforman la comunidad universitaria.
En el acuerdo marco establecido para generar los 500 millones de pesos de recursos extraordinarios otorgados a la Universidad Michoacana para concluir con sus compromisos financieros del año anterior, el compromiso contraído por el entonces rector Medardo Serna González incluye un plan de contingencia y austeridad a aplicarse a partir de este año y define la contención presupuestal a los criterios únicos que plantean las secretaría de Educación Púbica y de Hacienda y Crédito Público, respecto a la contratación de personal y que genera, entre otras causas, “gastos superiores a sus ingresos”, rubro en el que también enfoca “la falta de actualización del sistema de jubilaciones y pensiones de su personal”.
En su cláusula 4 apartado A, la Universidad Michoacana se obliga a que en tres meses posteriores a la firma del convenio y que se cumplirían en el mes de marzo, “a elaborar y presentar a su Consejo Universitario (…) una propuesta de normas o disposiciones generales para una adecuada administración, ejercicio y rendición de cuentas de los recursos públicos que reciba”, considerando “en lo aplicable, las leyes relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción”, al igual que obliga al gobierno estatal de aplicar estrictamente los recursos hacia la Universidad como intermediario en la recepción de los mismos y su canalización a las cuentas nicolaitas.
El apartado B de la misma cláusula señala que la UM se compromete a “implementar un plan que contemple las acciones encaminadas a resolver las causas de su problemática financiera, cuya ejecución deberá iniciarse a partir del 2019”.
En su apartado G, el acuerdo señala la obligación de la Universidad de “facilitar la fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación de los recursos federales en el marco del presente instrumento”, al igual que en su inciso I, le señala “publicar en su página de Internet la información relativa al ejercicio y aplicación de los recursos financieros y productivos que generen, materia del presente convenio”.
Cabe señalar que la Universidad, señala el documento, deberá entregar un reporte cinco días después de haber ejercido cada las administraciones federales sobre el destino de las mismas, con diez días por parte de la SEP y Hacienda para verificarlo.
“Reforma estructural necesaria”
En su cláusula quinta, tras indicar que “la Universidad” participará en el 2019 en conjunto con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, en impulsar “acciones y estrategias” hacia su saneamiento financiero, establece que “a partir de dicho año, se concretará la reforma estructural necesaria en la Universidad”.
En el “anexo de ejecución”, el documento indica que “a lo largo de muchos años la Universidad ha tenido gastos superiores a sus ingresos” y entre las causas señala además de la expansión de la oferta educativa, “la existencia de plantilla no reconocida en el convenio de sostenimiento, el haber convenido prestaciones con su personal mayores a las recibidas por el modelo de financiación SEP-SHCP derivadas de las revisiones contractuales con el conocimiento de las autoridades sin la regularización ordinaria de los recursos y la falta de actualización del sistema de jubilaciones y pensiones de su personal”.
En el mismo apartado, la Rectoría universitaria presenta como plan de acción el proyecto de austeridad aplicado “hace años” y en el que destaca la contención en la contratación de personal, la reducción salarial a mandos medios de un 10 por ciento, entre otras medidas, aunque no señala ruta alguna en cuanto al planteamiento de alcanzar ingresos propios que equilibren un déficit que la federación reconoce en mil 56 millones 935 mil pesos anuales, más allá de señalar que “disminuir el déficit financiero a través de la captación de recursos derivados de estímulos fiscales”.
El acuerdo está fechado el 21 de diciembre y lo firman, Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la SEP; Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán; Carmen Rodríguez Armenta, director general de Educación Superior Universitaria; Carlos Maldonado Mendoza, secretario de Finanzas y Administración del gobierno estatal, y Medardo Serna González, entonces rector de la Universidad Michoacana.
