(3 de abril del 2014).- Dos artículos complementarios de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, propuesta por el ejecutivo federal, ha prendido focos rojos en varios especialistas y organizaciones de derechos humanos: estas dos, obligarían a que la empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet, guarden información llamadas, chats, correos electrónicos, mensajería instantánea, redes sociales y los pongan al servicio del Estado.
Esta dice, en su artículo 132, que los “concesionarios deberán entregar los datos conservados a las instancias de procuración de justicia e instancias de seguridad que lo requieran.”
Al mismo tiempo: “Toda tu comunicación de voz, datos, mensajería instantánea se quedarían grabadas en alguna plataforma para algún uso que la autoridad requiriera”, sentencia el 192, de la mencionada ley secundaria peñista.
Calificada como “invasiva” y puerta de entrada para un “espionaje” generalizado, por especialistas como el doctor Daniel Márquez, abogado penalista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y experto en transparencia y rendición de cuentas, su probable aprobación violaría el Código Nacional de Procedimiento Judiciales aprobado y aplaudido ampliamente, apenas, en diciembre pasado.
Dicha legislación facultaba el espionaje, pero sólo con orden judicial bajo el pretexto de delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, extorsión o amenazas.
Sin embargo, la “vigilancia” y “espionaje” generalizada, no son temas novedosos.
De acuerdo a un contrato obtenido por el periódico Excélsior, dado a conocer el julio del 2013, firmado con el número S-INLEC-06-R-4042, en el 2007 la compañía Verint Systems vendió un equipo de espionaje al gobierno estadunidense con un valor de tres millones de dólares, el cual llegó a nuestro país a través de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Bajo la excusa de cooperar con la “lucha antinarcóticos” en territorio mexicano en el contexto de la Iniciativa Mérida, el aparato que intercepta señales digitales, almacena hasta 25 mil horas y registra 60 llamadas simultáneas, así como rastrea los lugares donde fueron emitidas y enviadas esas señales.
De la misma forma, elabora el procesamiento, análisis y almacenamiento de datos, así como de servicios de la web, como chat, email y llamadas por internet.
“Según se señala en el contrato, el equipo permite interceptar llamadas de destino de redes de Telmex, Telcel (TDMA y GSM), Nextel (iDEIM/GSM), Telefónica, Unefon, Iusacell (CDMA y TDMA), VoIP de Cisco Systems, paquete de datos de Prodigy, así como de otros prestadores de servicios de internet, y almacena hasta 25 mil horas. Tiene la capacidad de recoger, monitorear y registrar 60 llamadas simultáneas y mapearlas en segundos a nivel de calle, gracias al software MapInfo”, sostiene la investigación.
La información recopilada por el sistema, cabe señalar, como es parte del “acuerdo bilateral” entre el gobierno estadounidense y el mexicano, es compartida por los sistemas de seguridad de ambos países. De hecho, las últimas filtraciones hechas por Edward Snowden a The Guardian, el equipo con el que el gobierno de Estados Unidos espía en esa nación viene de un contrato con Verint Systems.
Por último, dicha empresa publicó en su página mexicana, una sugerencia que hoy podría ser completamente válida para la reforma secundaria en telecomunicaciones, o, en su defecto, para las compañías de servicio telefónico e internet:
“Las fuerzas policiacas, de seguridad nacional, inteligencia y otras agencias gubernamentales pueden utilizar estas soluciones de forma independiente, de manera integral o como parte de un sistema a gran escala, y llevar a cabo una investigación más eficiente y productiva hoy en día”.
