Morelia, Michoacán. En Michoacán continúa el fenómeno de las desapariciones forzadas, de tal suerte que este año se suman 17 conforme a los datos del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”.
Los casos se vienen acumulando en la entidad también durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, de manera que de 2007 a la fecha ya acumulan 386 desapariciones.
En el caso de Michoacán es el Cofaddem ha venido denunciando y dando seguimiento a los caso de detenciones-desapariciones, lo que mantiene a sus integrantes en la mira de las autoridades quienes les hacen marcaje personal, acompañándolo en sus manifestaciones para grabar y fotografiar a sus integrantes.
También a sus ruedas de prensa envían de los llamados “orejas”, que son empleados de gobierno que generalmente se hacen pasar por reporteros para recopilar las informaciones que dan a conocer.
La situación de intimidación más grave que ha denunciado el Comité hasta el momento, fue la suscitada el pasado dos de mayo cuando una de sus integrantes, Cristina Paredes Lachino fue detenida por elementos de seguridad por más de 14 horas.
“Nosotros vemos que esta situación es parte del contexto que hemos vivido como Comité desde hace dos años que irrumpieron en nuestra casa personas armadas y que hubo participación de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, no hemos dejado de tener acoso, no hay día que no tengamos amenazas incluso de muerte e intimidación de tipo sexual”, apunta Janahuy Paredes, integrante del Comité.
“Por eso es que nosotros entramos al Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas porque vemos que las agresiones son parte de la campaña para deslegitimar nuestra lucha, quieren que se pierda de vista el fenómeno de la desaparición forzada y que la sociedad criminalice a los activistas en lugar de ver todo el patrón de violación a los derechos humanos que se están cometiendo día a día en Michoacán”.
Sobre la detención de Cristina Paredes, Janahuy refiere que a partir del análisis que han hecho de lo sucedido con el apoyo de organizaciones internacionales, pueden concluir que se trata de un acto preparado y premeditado por las autoridades, ya que por un lado se le desaparece forzosamente de manera temporal, y en ese periodo se le quiere forzar a firmar una declaración en la que la Secretaría de Seguridad Pública la culpaba del delito que usaron como pretexto para la referida detención ilegal.
Apuntó que el acoso del Estado a una persona a la que se le desaparece un familiar empieza desde el momento en que va y presenta su denuncia por desaparición forzada, “ese es el patrón porque las autoridades son partícipes del hecho por omisión, acción o aquiescencia; los familiares en automático empiezan a recibir amenazas y hostigamiento incluso desde el Ministerial encargado de recibir la denuncia.
“El Estado busca el desgaste de las familias de las personas desaparecidas a través de los métodos de hostigamiento y amenazas para que se desistan de sus denuncias, esto porque los principales responsables de los casos que denunciamos son los propios elementos del Estado, ya sea policía estatal, federal, municipal o también grupos de paramilitares que participan con las autoridades”.
Por eso en el caso de Cristina tienen claro que lo ocurrido no es algo casual, lo que se agrava en la medida en que el Cofaddem pertenece al Movimiento por nuestros Desaparecidos que son más de 40 colectivos de familiares de detenidos-desparecidos que han llevado por dos años una lucha para que se apruebe la Ley General contra la Desaparición Forzada de Personas, lo que ya ocurrió en el Senado de la República y permanece en discusiones dentro de la Cámara de Diputados federal.
“Sabemos que si una Ley entra en vigor los primeros que serán afectados son elementos del Estado, sobre todo aquí en Michoacán”.
