A 20 meses del retorno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la Carta Magna de 1917 se ha transformado sustancialmente. Enrique Peña Nieto ha encarnado todas y cada una de las reformas constitucionales, que desde el sexenio de Felipe Calderón vienen configurándose.
En los discursos ofrecidos por el Ejecutivo Federal, alude a la transformación, al cambio que México necesitaba para no quedarse atrás en la competencia por la captación de capitales extranjeros.
Sin embargo sus promesas en los diferentes actos cívicos a los que diariamente acude por todo el territorio nacional, y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, no se sale del guion, ofrece el mismo discurso.
A penas el 13 de agosto, en la ceremonia por el centenario de la firma de los Tratados de Teoloyucan, dijo que como en ese entonces, en el 1914 –a 100 años de distancia–, México atravesaba por una profunda transformación.
Elevó el trabajo de las y los legisladores que apoyaron cada una de sus enmiendas “ahora, en 2014, al haber culminado la fase legislativa de este ciclo reformador, comienza una nueva etapa: la de traducir los cambios legales en beneficios concretos para los mexicanos”.
También afirmó que “los resultados serán todavía mejores en la medida en que cada una de las reformas tenga un impacto positivo en la vida diaria de las familias mexicanas”.
No obstante, a decir de los expertos estas reformas van en contra de millones de familias, el campesinado será fuertemente golpeado, toda vez que sus tierras serán cedidas a las empresas transnacionales, porque al modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, se pondera a toda actividad energética sobre cualquier otra.
La agricultura, la ganadería, el comercio o bien el uso habitacional es secundario. La asunción de la deuda de las dos principales empresas del país, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Comisión Federeal de Electricidad (CFE), para después venderlas a las empresas extranjeras que incursionarán en el país.
Por otro lado, la reforma en telecomunicaciones atenta contra las formas básicas de organización de los pueblos y comunidades, al restringir la operación de las radios comunitarias e indígenas.
Además, se trata de la invasión del gobierno federal a la vida privada de las personas, una vez que obliga a las empresas que brindan el servicio de telefonía celular, a guardar los datos y contenidos de llamadas telefónicas hasta por dos años, de todas y todos los mexicanos.
Y si el gobierno considera que está en riesgo su seguridad, podrá intervenir llamadas, o bien aprehender judicialmente a las personas dueñas de los teléfonos celulares.
