Tras los hechos suscitados el fin de semana en Carapan, integrantes de la comunidad indígena presentaron este jueves una solicitud de Juicio Político en contra de Miguel Ramos Alejo, presidente municipal de Chilchota.
Cabe apuntar que el munícipe se opone a que la comunidad de Carapan concrete su autonomía mediante el ejercicio directo de su presupuesto, lo que derivó el fin de semana en un enfrentamiento entre policías municipales y comuneros.
Ante esta situación, los comuneros determinaron promover juicio político contra el munícipe, argumentando una actuación criminal de su parte hacia Carapan.
En entrevista Orlando Aragón Andrade, integrante del Colectivo Emancipaciones que da asesoría legal a la comunidad en su proceso de autonomía, recordó que el enfrentamiento suscitado el domingo está debidamente documentado, “un compañero que recibió tres impactos de bala permanece en el hospital, estuvo grave y aún se encuentra convaleciente.
“Ese acto representa la punta del iceberg de un cúmulo de irregularidades, y arbitrariedades que el presidente en funciones ha estado cometiendo en contra de su propia comunidad y de la autoridad que su pueblo designó para llevar el trámite del autogobierno”.
Apuntó que el Comité Comunal designado en Carapan tiene como responsabilidad la realización de los procedimientos para lograr el autogobierno en la comunidad.
“Este Comité no es el que va a administrar los recursos, solamente tiene la representación para las gestiones ante el Instituto Electoral de Michoacán y el ayuntamiento, su función es hacer trámites básicamente”.
Desde la perspectiva comunal, el accionar del edil encuadra en las causales de procedencia para un juicio político, en donde la violación más grave se relacionaría con el violentar los derechos humanos de las comunidades indígenas
“En campaña él se comprometió con el pueblo a que daría el presupuesto directo, ahora dice que no sabe qué es eso y que necesitaba tiempo”.
En la solicitud de Juicio Político presentada a la Cámara, los comuneros refieren cómo el pasado 18 de noviembre, la Asamblea General de la Comunidad, determinó ejercer su derecho al autogobierno y solicitar la asignación del presupuesto directo conforme a lo establecido en la Ley Orgánica Municipal.
A partir de ahí se nombró un Comité de Seguimiento, el cual solicitó al IEM la realización de la consulta previa, libre e informada, misma que se efectuó el pasado 13 de marzo con una votación de 780 votos a favor y cero en contra. Dicha consulta fue validada por el Instituto el 30 de marzo.
Los comuneros refieren que el ayuntamiento de Chilchota debió haber sesionado para autorizar a la Secretaría de Finanzas, la transferencia de recursos a la autoridad comunitaria responsable.
“La Ley no contempla que dicha transferencia se pueda condicionar a otro acto, como pudiera ser la celebración de un convenio, y tampoco contempla que el ayuntamiento pueda participar en la elección de la autoridad comunitaria responsable, pues obviamente violaría nuestro derecho a la autonomía y la libre determinación”.
Sobre la reunión realizada el primero de abril con la Secretaría de Gobierno, el ayuntamiento de Chilchota y la Comisión de Enlace para estipular la fecha de sesión de Cabildo para emitir el acta a la Secretaría de Finanzas para la transferencia de recursos, refieren que se les exigió dejar sus celulares afuera, y se les impidió que su abogado estuviera presente.
“El día tres de abril, a partir de una digna toma que mantiene la comunidad con motivo de esta negativa, alrededor de las siete de la tarde, se vivieron una serie de actos represivos por parte de policías municipales enviados por el presidente municipal para reprimir a los que manteníamos la toma, de donde resultó un comunero herido por arma de fuego y varios lesionados”.
Otra situación se dio en cinco de abril cuando en sesión de Cabildo se acordó firmar un acuerdo entre el ayuntamiento y la comunidad para la integración del Consejo de Administración, así como los montos y las partidas presupuestales que se afectarán.
De esta manera acusan al alcalde y los integrantes del Cabildo, de haber incurrido en actos y omisiones que violentan los derechos humanos de las personas que habitan la comunidad.
