Diputados a favor de una consulta sobre fotomultas en Morelia

Patricia Monreal / @Michoacan3_0

La falta de transparencia en el proceso para instalar el sistema de fotomultas en Morelia, es el argumento esgrimido por legisladores locales quienes, se pronuncian a favor de la realización de una consulta pública al respecto en el municipio.

El tema fue puesto sobre la mesa en sesión del Pleno Legislativo, por la legisladora Yarabí Ávila González, diputada por el distrito 10 de Morelia Noroeste, y presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán. Sobre el asunto también se posicionó el legislador de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez aportando datos sobre la forma en que opera el sistema de fotomultas en otras entidades del país.

De acuerdo a Ávila González el proceso para la implementación de este es de los instrumentos que deben estar sujetos a la consulta ciudadana, tal como dispone el artículo séptimo de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, que señala que son objeto de referéndum y plebiscito, obtener la opinión de los ciudadanos sobre los actos y acciones gubernamentales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, así como de los Municipios.

La legisladora priista señala que los ciudadanos desconocen el porqué una empresa privada se deba encargar de operar las fotomultas, “¿qué nos garantiza que no se hará mal uso de nuestras identidades, domicilios, datos de los automóviles?, con esto se pone en riesgo la información personal del padrón vehicular de los ciudadanos, lo que es violatorio al derecho de privacidad de la persona. “Desconocemos quién va a imponer la multa, si la autoridad municipal o la empresa”.

Apunta que el sistema de fotomulta, resulta “totalmente inconstitucional”, y por tanto violenta los derechos humanos, y para ejemplificar refiere que con este sistema se infringe el artículo 16 constitucional, que establece que nadie puede ser molestado en su persona o posesiones, sino en virtud de mandamiento que funde y motive la causa legal del procedimiento, lo que da derecho a la defensa legítima, como es el que se presenten actos de molestia de una autoridad hacia un ciudadano y no se brinde el derecho a defenderse.

“En el caso de la fotomulta, no se da la oportunidad de la legítima defensa, ya que el automovilista no cuenta o no tendría un peritaje que señale que el radar está correctamente calibrado para medir la velocidad, lo cual es violatorio de un derecho humano”

Ávila González subraya que la fotomulta, por si misma no sigue las reglas para un proceso administrativo que responda en un corto tiempo la sanción, ni existe igualdad de oportunidades para que los ciudadanos sean oídos frente a una cámara que resulta ser un juez dependiente y parcial, lo cual que violatorio de los artículos 14, 16, 17 y 22 constitucionales, violando con ello los derechos humanos de la dignidad de la persona, presunción de inocencia, derecho a la protección de datos personales, de acceso a la justicia, del proceso, de proporcionalidad de la pena, de igualdad y de legalidad.

Daniel Moncada Sánchez coincide en que el tema de las fotomultas se debe llevar a consulta pública a través de la realización de un plebiscito en Morelia, ya que es el procedimiento mediante el cual los ciudadanos expresan su aprobación o rechazo a un acto o decisión del ayuntamiento que se considere trascendental para la vida pública y el interés social, conforme al artículo 29 de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana.

El legislador alude a diferentes casos en el país, “en donde este sistema ha fracasado”, uno de ellos en la Ciudad de México, en donde las fotomultas arrancaron el primero de septiembre de 2015 y su contrato concluirá el 31 de diciembre de 2017.

“Durante este periodo Autotraffic tendrá una cuota mínima de multas de 150 mil mensuales, es decir, un millón 800 mil al año y cuatro millones 200 mil multas en todo el lapso del contrato, dicha empresa está obligada a cumplir con una cuota diaria de al menos cinco mil infracciones de las que obtendrá el 46 por ciento de las ganancias que están calculadas en alrededor de 200 millones de pesos mensuales.

“Lo generado por fotomultas al mes será de poco más de 209 millones de pesos, monto del que Autotraffic obtendría 46 por ciento, es decir más de 96 millones de pesos mensuales. Por el contrario, tomando en cuenta la multa mínima de 699 pesos, lo recaudado en un mes por las cinco mil infracciones será de 104 millones de pesos de los que la empresa obtendría más de 48 millones de pesos”.

Otro ejemplo es el del Estado de México, en donde Moncada Sánchez recuerda que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está echando abajo, mediante juicios de inconformidad, todas las fotomultas que ha expedido el gobierno mexiquense a través de su programa “Limite Seguro” en contra los automovilistas que supuestamente son captados a exceso de velocidad.

Conforme al propio Tribunal, “el cien por ciento de las sentencias salieron a favor de los ciudadanos, ya que la autoridad incurrió en diversas irregularidades a la hora de expedir las fotomultas; por cierto, la empresa ahí beneficiada con el contrato de nombre Proyectos en Ingeniería, Seguridad y Abastecimiento, S.A de C.V es propiedad del ex gobernador, Arturo Montiel Rojas”. Finalmente alude al caso de Veracruz en donde la empresa Autotraffic obtiene entre un 70 y un 85 por ciento por cada fotomulta, dejando al gobierno con una recaudación mínima sobre dichos conceptos.

“AutoTraffic tiene más de 350 sistemas de reconocimiento automático de matrículas instalados en el país y la consolidación de sus servicios se hace presente en más de 38 agencias de policía. Hoy AutoTraffic ha instrumentado proyectos de control de velocidad en el Gobierno del Distrito Federal, en el municipio de Pachuca, Hidalgo; en el gobierno del Estado de Jalisco y de Puebla; y en los municipios de Aguascalientes y Ocotlán”.