Los diputados locales aplicaron una vez más la lógica de puertas cerradas en Palacio Legislativo, ahora a quienes participaron como aspirantes a Fiscal General del Estado y que acudieron al inmueble para entregar una serie de solicitudes de información.
Este jueves Ignacio Mendoza Jiménez, Dalila Campos Pineda, José Luis Jacinto Pulido, Gonzalo López Chávez y Dagoberto Padilla Sarmiento, aspirantes al cargo de Fiscal General, acudieron en compañía de otros abogados a entregar solicitudes de información para tener acceso a los documentos generados en cada parte del proceso de designación que realizó el Poder Legislativo.
En lo que ya se ha vuelto cosa frecuente en Palacio Legislativo, se les negó el acceso al recinto por parte de los elementos de seguridad del lugar, bajo el argumento de que su intención era boicotear la realización de un Foro que en materia electoral se iba a realizar en el lugar.
Tal argumento provocó la molestia de quienes compitieron por la Fiscalía quienes, lamentaron que de ser aspirantes a Fiscal ahora se les catalogue como hooligans pese a que no tenían siquiera conocimiento que en el Congreso había un evento y que si intención sólo era la entrega de sus solicitudes.
En entrevista Ignacio Mendoza apuntó que en la designación del Fiscal General hay dos aspectos, uno el legal en donde se detectan muchas inconsistencias e ilegalidades, y el otro el moral, “todos nos dimos cuenta cómo una decisión que nos afectará a todos durante nueve años se tomó en dos días, en fin de semana, y lo único que reflejó es que se concretó lo que todos temíamos de un fiscal carnal”.
Apuntó que los diputados no son dioses y tienen leyes y facultades que cumplir, “legalmente permitieron que uno de los suyos concursara sin tener la licencia aprobada, eso no lo permite la Ley; el artículo primero constitucional es muy clarito, todas las autoridades de este país no sólo deben velar, respetar, garantizar sino también proteger los derechos de todos, y el derecho a tener un Fiscal autónomo, independiente y honorable es derecho de todos, no sólo de 29 que votaron por él o 40 diputados, a lo mejor se piensa que todavía Echevarría gobierna pero no es así”.
Por su parte Dalila Campos apuntó que los oficios son para solicitar copia de los diferentes documentos que se generaron durante las diferentes etapas del proceso de selección para poder proceder con las acciones legales que consideran pertinentes.
“Las acciones y omisiones tienen consecuencias jurídicas, somos varios abogados, alrededor de 15 que vamos a emprender las acciones legales correspondientes para que se deslinden las responsabilidades de los diputados del Congreso”.
Mientras los aspirantes respondían las preguntas de la prensa en el acceso a Palacio Legislativo esperando que se les dejara pasar a entregar sus solicitudes, no faltaron los jaloneos ni el intercambio de palabras con los elementos de seguridad.
Finalmente se les permitiría el acceso al inmueble, y una vez dentro acudieron a la Oficialía de Partes en donde hicieron entregas de sus documentos.
Los documentos que solicitaron son el dictamen del decreto de la reforma al artículo 102 de la Constitución Política del Estado; la convocatoria para la elección del Fiscal General; el dictamen que establece las bases para las comparecencias de los aspirantes al cargo de Fiscal; el dictamen en el que se prevén los parámetros para evaluar y asignar calificación a los aspirantes al cargo de Fiscal; y el dictamen en el que se conforma la decena de aspirantes que sería remitida al Ejecutivo del Estado propusiera la terna para Fiscal General.
Asimismo se solicitan las actas circunstanciadas en las que se argumenta y justifica la exclusión de aspirantes al cargo; la de la votación de los diputados para la elección de Fiscal; y la de la sesión en la que se designó al Fiscal incluidos sus anexos, los cuales especifican como las cédulas de votación de los diputados.
