Rodrigo Caballero / @RodCaballero
Morelia, Michoacán.- A mi hijo se lo llevaron los policías, dijo una señora que llamaremos Doña Amalia para omitir su verdadero nombre, su primogénito, junto a otros dos jóvenes, se encontraba en las orillas del rancho El 52, un famoso criadero de toros para jaripeo.
Los tres muchachos estaban divirtiéndose como se acostumbra en Huandacareo, una población a unos 80 kilómetros de Morelia famosa por sus balnearios de aguas termales, platicando al aire libre, algunos con cervezas en la mano o simplemente pasando el rato antes de volver a casa.
Algunos jóvenes del lugar aseguran que los policías, durante los rondines, acostumbraban llegar hasta donde estaban los grupos de adolescentes y comenzaban a revisarlos. Los oficiales los “basculeaban”, es decir, les quitaban dinero, celulares y otros objetos de valor antes de dejarlos ir.
Estos policías eran miembros de la Fuerza Ciudadana, una corporación creada por el comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, certificada mediante exámenes de confianza que buscaban reclutar a personas que actuaran con “apego al Marco Jurídico y respeto a los Derechos Humanos”.
Mal desde el arranque
“Nuestra fuerza eres tú”, rezaba la convocatoria 2014 para integrase a la llamada Fuerza Ciudadana, en ella se destacaba que quienes entraran iban a recibir capacitación adecuada, equipamiento, trabajo estable y un sueldo que iba de los ocho a los 21 mil pesos mensuales.
Las unidades de reclutamiento se colocaron desde el 20 junio en parques, plazas, centros deportivos, secretarías de gobierno y universidades públicas y privadas.
Los encargados del alistamiento repetían el mismo discurso, destacando el sueldo y las habilidades que los participantes iban a adquirir; mientras en unas pantallas mostraban a hombres y mujeres saltando obstáculos, disparando rifles de asalto, tumbando puertas a patadas y manejando autos blindados a toda velocidad.
A pesar de la campaña, la Fuerza Ciudadana arrancó el 18 de agosto, solamente con 500 elementos que patrullarían la ciudad de Morelia que tiene aproximadamente 1 millón 200 mil habitantes; es decir, cada policía quedó a cargo de la vigilancia de 2, 400 morelianos.
Para que fuera posible la nueva fuerza policiaca, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) despedió a casi 2 mil policías estatales y puso a disposición a 95 más por delitos como crimen organizado y narcotráfico.
En enero de 2014, 393 policías de Michoacán fueron enviados al Centro de Adiestramiento Regional de la Sexta Zona Militar en Tlaxcala, aunque hayan pasado los exámenes de confianza, uno de los requisitos para enlistarse en la Fuerza Ciudadana advertía explícitamente a ex-policías enlistarse en la nueva corporación aunque en la práctica no fue así.
Por si fuera poco la Fuerza Ciudadana inició en la ilegalidad puesto que no había un decreto del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán que justificara su presencia y nunca fue ratificada formalmente en ningún nivel de gobierno.
Los policías que robaban y extorsionaban
Doña Amalia cuenta que su hijo estaba con sus amigos cuando llegaron los policías y los detuvieron sin ningún motivo, conducta que aparentemente era normal entre los oficiales, algunos miembros de la Fuerza Ciudadana en Huandacareo se ganaron a pulso la fama de extorsionadores.
-Pedían hasta 6 mil pesos por multas, una vez se llevaron a la cárcel a un chamaco de como 13 o 14 añitos y pidieron mucho dinero pa´ dejarlo ir, eran unos verdaderos delincuentes, narran algunos habitantes de la comunidad.
El hijo de Doña Amalia fue llevado a barandillas y los oficiales pidieron mil pesos por cada muchacho para dejarlos salir en libertad, cuando sus familiares pagaron, los tres jóvenes salieron bajo la condición que “ya no anduvieran en malos pasos”.
El director de Seguridad Pública en Huandacareo, Guillermo Azuara Vélez y su escolta, Juventino Vázquez Martínez, fueron señalados por el pueblo como los principales culpables de la situación. Algunos habitantes contaron que el propio director se encargaba del “trabajo sucio” y al no ver una salida decidieron correrlo.
El viernes 21 de noviembre de 2014, a las cinco de la tarde, unas 500 personas tomaron el asunto en sus manos.
El gobernador, el virrey y los malos ciudadanos
Cuatro días después del inicio de la llamada Fuerza Ciudadana, el gobernador interino Salvador Jara Guerrero llamó a los ciudadanos a “confiar en el Estado de Derecho”. Según dijo Jara Guerrero, la confianza de los ciudadanos es clave para el desarrollo de la entidad.
Lo mismo pidió el comisionado Alfredo Castillo Cervantes, apodado el virrey, quien recientemente convocó a la ciudadanía para dar el “voto de confianza” a la Fuerza Rural. Lo anterior debido a los señalamientos de ciudadanos en diversas zonas del Estado, donde dichas fuerzas habrían sido infiltradas por delincuentes, principalmente en la Tierra Caliente.
De acuerdo con la cuenta de Facebook Valor Por Michoacán, “en todas la Fuerzas Rurales hay buenos y malos elementos”, sin embargo, la página creada por miembros de los aún activos movimientos de autodefensas, denuncia que en municipios como Pátzcuaro, Los Reyes, Múgica, Gabriel Zamora, Tumbiscatío y Arteaga, las policías rurales del comisionado Castillo están llenas de “Templarios arrepentidos” y miembros de la banda criminal conocida como Los Viagras.
La cuenta también señala que en la Fuerza Ciudadana que opera en municipios como Zamora, Uruapan y la capital Morelia, hay elementos de la Policía Federal y la Policía Judicial del Estado de México quienes “sólo se han dedicado a extorsionar a la ciudadanía” a base de sobornos.
Al ser cuestionado por periodistas acerca de la infiltración de criminales en las policías de la entidad, el gobernador de Michoacán, aseguró que “el problema de la delincuencia no es que haya mala policía, el problema de la delincuencia es que hay malos ciudadanos y malas ciudadanas”.
El 26 de noviembre, un día después de su declaración, Salvador Jara se contradijo diciendo “no quiere decir que yo diga que los ciudadanos somos malos, los policías son malos ciudadanos (…) entonces lo que queremos cambiar es que los policías sean primero buenos ciudadanos (sic)”.
La rebelión de los municipios
Armadas con un megáfono, unas 500 personas rodearon el Palacio Municipal de Huandacareo y exigieron que el director de Seguridad Pública saliera del pueblo. La turba llegó al lugar cerca de las cinco de la tarde y estuvieron esperando respuesta por casi dos horas, mientras los oficiales de policía pidieron refuerzos de la capital del Estado.
Los manifestantes, no quisieron hablar con ningún policía del lugar y demandaron la presencia del Secretario de Seguridad Pública en Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, éste arribó al lugar casi a las 7:30 de la tarde y comenzaron las negociaciones.
Adentro del palacio, el comandante de la policía y miembro del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) Ignacio Sotelo López, se encerró junto a sus compañeros en la zona de las barandillas por órdenes de los pobladores.
-No hasta eso que no fueron groseros, aseguró el comandante, ni se metieron (…) si nos aventaron cosas pero no directamente sino que las aventaban para adentro.
-Pero nunca agredieron o algo así.
-No, imagínese el montón de gente si hubiera querido qué les dura esta rejita, la tumban, aseguró el comandante mientras señala una pequeña reja de metal color blanco que separa las barandillas del patio principal del palacio.
Hasta el municipio se trasladaron miembros de la Fuerza Ciudadana de Morelia vestidos con trajes antimotines y su llegada generó tensión entre los pobladores, los oficiales se llevaron al director Guillermo Azuara y a su escolta, Juventino Vázquez entre gritos y reclamos de los huandacarenses.
Después de las negociaciones, los habitantes mandaron llamar al comandante Ignacio Sotelo para dejarlo a cargo de la policía mientras se elegía a un nuevo director, Ignacio aceptó bajo la advertencia que si no hacía bien su trabajo también iba a ser expulsado de la misma forma.
No es la primera vez que Huandacareo se rebela contra sus policías, el siete de marzo de éste mismo año unos 300 pobladores corrieron a los 20 elementos del lugar y tomaron el control de la Seguridad Pública, durante varios días jóvenes desarmados patrullaron el municipio para brindar protección a la ciudadanía.
En aquel momento exigían la salida de los miembros de la Policía Municipal que se habían coludido con el cártel de los Caballeros Templarios y les permitían los cobros de cuotas, extorsiones y secuestros en todo el municipio.
En aquel entonces, la respuesta del Gobierno del Estado fue el cambio de los oficiales, en septiembre de 2014 recibieron a la Fuerza Ciudadana y en aproximadamente dos meses los huandacarenses se hartaron de los abusos.
Una semana después de lo ocurrido en Huandacareo, el 28 de noviembre, los habitantes de Tlalpujahua un antiguo pueblo minero al noreste del Estado, también se rebelaron contra sus policías.
En este caso, los pobladores exigían la renuncia del director de seguridad Jorge Alberto Pradel Salgado a quien acusaron de abuso de autoridad, extorsión e intimidación hacia los habitantes.
El abuso que los obligó a actuar, según narran, fue hace unos días cuando elementos de la Fuerza Ciudadana entraron violentamente a una escuela primaria argumentando el supuesto secuestro de una niña, lo que provocó la indignación de la ciudadanía.
En 2014 Huandacareo y Tlalpujahua fueron integrados al Plan Michoacán, implementado en la entidad por orden del presidente Enrique Peña Nieto a través del comisionado Alfredo Castillo. En dicho plan los mandos policiacos fueron sustituidos por comandantes del Estado de México casi en un 80 por ciento.
Adiós a las Fuerzas del Estado
La iniciativa de Peña Nieto aunada a la implementación del Mando Unificado elimina a todas las corporaciones policiacas de los municipios.
Por un lado, tras la crisis generada por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la Iniciativa Anticrimen el pasado martes dos de diciembre, dicha propuesta es un golpe de timón respecto a su propuesta de abril de 2013.
El año pasado, Enrique Peña Nieto propuso un monto de 54 millones de pesos en materia de Seguridad Nacional, dicho presupuesto modernizaría los centros de seguridad del país y nos daría “servicios de inteligencia de primer mundo”, según dijo el mandatario. En ese entonces, 4 mil 719 millones de pesos fueron destinados a “reforzar la seguridad pública en estados y municipios”
Para el 2015, el presupuesto de la rama “México en Paz” que corresponde a Seguridad Pública alcanzó una cifra récord de 118 mil millones de pesos. Sin embargo, debido a la Iniciativa Anticrimen, los municipios ya no tendrán asignado presupuesto en materia de seguridad ya que ahora los gobiernos estatales manejarán dicho rubro.
La iniciativa del presidente busca reducir las mil 800 policías municipales a 32 corporaciones, dejando de lado a varios municipios del Estado de Michoacán que habían pedido un “refuerzo económico en materia de seguridad” a la federación.
El Mando Unificado, por su parte, tampoco contempla ni a la Fuerza Ciudadana ni a la Rural por lo que tendrán que ser eliminadas para poder adaptarse a los planes del mando único y el nuevo Sistema de Justicia Penal.
Bertín Cornejo, presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso de Michoacán, aseguró que dichas agrupaciones policiacas “sólo cambiarán de nombre” pero mantendrán la infraestructura y seguirán funcionando.
Así pues, las fuerzas creadas por el comisionado Alfredo Castillo no cumplirán ni siquiera seis meses antes de ser sustituidas nuevamente, ésto a pesar que se requirió de casi el 60 por ciento del presupuesto de seguridad para crearlas; es decir unos mil 700 millones de pesos.
Esto sin contar los 100 millones de pesos provenientes del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun) que fueron utilizados para “equipamiento e infraestructura” tan sólo en Morelia.
Y a pesar de la inversión económica, en los primeros 10 meses del año se han registrado 823 homicidios dolosos en el Estado, superando así las cifras del 2013.
