En la última semana de noviembre del 2018, el gobernador Silvano Aureoles Conejo declaró desde la Ciudad de México que su administración “regresaba” al gobierno federal los servicios educativos del nivel básico y la de Educación Normal, cancelando el convenio sobre descentralización firmado en 1992, con lo que daba por sentado que se federalizaría la nómina magisterial de los docentes estatales.
En el planteamiento que el mismo Ejecutivo estatal calificó como “una decisión del gobierno estatal, no una solicitud”, no se sabe con certeza si hay una postura formal o no de las autoridades educativas a la decisión de Silvano Aureoles, quien advirtió en el momento que la federación se haría cargo de pagar a los maestros estatales, argumento que ha reiterado en más de una ocasión ante los adeudos salariales y en prestaciones que se mantienen desde diciembre pasado.
“No hemos dejado de pagarles las quincenas a las maestros y maestras, con retrasos y con dificultades pero no hemos dejado de pagarles la nómina, pero para diciembre, ya no tenemos (recursos). Para diciembre será responsabilidad del gobierno federal hacerse cargo de la nómina, es muy importante que esto quede claro a los dirigentes sindicales. A partir de este momento los servicios educativos están en manos de la Federación”, manifestó Aureoles Conejo el 27 de noviembre.
Según Víctor Zavala, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sí hay una respuesta del gobierno federal a la “decisión” silvanista y va en sentido contrario presuntamente por considerarla “inviable”, de acuerdo a declaraciones vertidas en varias ocasiones sobre el tema. Lo cierto es que ni la autoridad ni el referente gremial han comprobado la tal respuesta federal, instancia a la que incluso Aureoles Conejo amagó con manifestarse en la capital del país.
El dirigente magisterial, plantea estar a favor de la federalización de la nómina, aunque ha señalado que no sería fácil en términos de adecuar 32 mil claves estatales con federales, al igual que sería incierta la suerte de planteles educativos atendidos íntegramente por el estado, entre ellos albergues. Y más allá, ha dicho Zavala, quien tiene que cumplir con el pago de salarios y adeudos es el gobierno estatal, “es el patrón, el que contrata. Puede ser la federación o puede ser el estado, pero nosotros los que requerimos es el pago completo de todo lo que han devengado los maestros”.
En la visión de la CNTE, entregar los servicios educativos y federalizar la nómina pueden ser cuestiones incluso separadas, o bien que sólo se contemplen las claves generadas desde el 2017, año en el que la federación ya no envío recursos compensatorios para el pago de sus sueldos, escenarios que sin embargo de acuerdo con Zavala, se deben discutir en una mesa especial y donde la estabilidad laboral será defendida, “cuando existen más de cinco mil grupos sin maestro”.
En las mesas de trabajo desarrolladas a inicios del 2019 en la Ciudad de México y en las que participa el secretario de Educación de la entidad, Alberto Frutis Solís, con autoridades de la SEP y Hacienda, el tema de la federalización ha quedado hecho a un lado ante la prioridad que representa el déficit financiero de la dependencia, que a finales del año anterior, según el mismo funcionario, se estimaba en 5 mil millones de pesos, y en estos momentos tatar de conseguir recursos que, ya advirtió el gobierno federal, serán préstamos y no fondos extraordinarios, para desactivar el conflicto magisterial que, en demanda de pago de adeudos del gobierno estatal por 7 mil millones de pesos, entró en su segunda semana de movilizaciones por parte de la CNTE.
Zavala reitera que antes de aceptar la federalización de la nómina, se debe auditar el gasto público en Michoacán destinado a la educación, al acusar que el presunto manejo irregular del mismo es la causa del quebranto financiero hacia el sector y el que desde el 2015 se hayan acumulado los adeudos derivados de las llamadas “minutas” que signó el gobierno estatal con la CNTE. Este miércoles 23 de enero, la organización sindical presentó una demanda y solicitud de auditoria al gobierno estatal ante la Secretaría de la Contraloría, en el contexto de la falta de pagos hasta el momento de la primera quincena del año y los citados adeudos.
