Morelia, Michoacán.- Durante el periodo presidencial de Enrique Peña Nieto y en menos de un año, se han registrado tres masacres en Michoacán: Apatzingán, Tanhuato-Ecuandureo y Aquila; hechos que dejaron 59 muertos y por los cuales, no ha habido ningún detenido.
En el presente sexenio, para Michoacán destaca también la instauración de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, que estuvo vigente desde enero de 2014 a enero de 2015; al término de sus funciones se contabilizaron durante ese periodo, 992 asesinatos, la mayoría asociados al crimen organizado, la desintegración del cartel Los Caballeros Templarios y el combate entre grupos delictivos.
El 16 de enero de 2014, el gobierno federal ordenó la instauración de la Comisión para la Seguridad y Desarrollo integral de Michoacán, a cargo de Alfredo Castillo Cervantes. Entre sus encomiendas, se encontraba el acabar con el cartel hegemónico de Michoacán, “Los Caballeros Templarios” y al mismo tiempo, detener la proliferación de los grupos de autodefensa que se levantaron en armas en febrero de 2013.
Durante la intervención de Alfredo Castillo, el 6 de enero de 2015, se registró la primer masacre del gobierno federal en Michoacán, cuando un grupo de civiles que mantenían un plantón en la alcaldía de Apatzingán fueron desalojados por elementos de la Policía Federal; el saldo: 16 muertos. La autoridad justificó su actuar al asegurar que fueron los civiles quienes iniciaron el ataque.
En el desalojo, fueron detenidas otras 43 personas que después fueron liberadas, lo que a decir de los propios detenidos, comprobó que el operativo sí se trató de una masacre protagonizada por la Policía Federal.
Dos años y 7 meses después, por la masacre de Apatzingán no hay castigo para los responsables, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros organismos internacionales calificaron como excesivo el actuar de los policías federales, pues argumentan, los civiles se encontraban desarmados.
La segunda matanza a manos de la fuerzas federales ocurrió el 22 de mayo de 2015, entre los límites de los municipios de Ecuandureo y Tanhuato, en la colindancia con Jalisco, sitio en que Policía Federal montó un operativo por tierra y aire para irrumpir en un rancho donde presuntamente, se concentraba un grupo de delincuentes asociados al Cartel Jalisco Nueva Generación.
En el encuentro violento, murieron 42 civiles y un policía. De nueva cuenta, la CNDH consideró que hubo uso excesivo de la fuerza, que hubo al menos un calcinado en vida, un atropellado, y varios ejecutados que no tuvieron posibilidad de defenderse; sobre este hecho, tampoco hubo castigo.
La tercer agresión de las fuerzas federales, ocurrió el 15 de julio de 2015 en Aquila, cuando personal de la Secretaría de Marina y Ejército Mexicano ingresó a la comunidad Ostula, luego de que pobladores bloquearan la carretera de acceso ante la detención del líder de autodefensas de la costa, Cemeí Verdía. Un niño de 12 años, Edilberto Reyes, murió al ser rafagueada la casa donde se encontraba y otras cuatro personas fueron lesionadas, entre esas, una niña de seis años.
El saldo total de los masacrados por las corporaciones de seguridad Federal desplegadas en Michoacán durante el actual gobierno federal, asciende a 59, todos en acciones operativas ocurridas en el 2015 donde hubo además al menos 49 civiles detenidos y hasta hoy, ningún elemento o mando policial bajo proceso.
Únicamente fue relevado el General de la Policía Federal, Salvador Camacho Aguirre, quien fue investigado por cateos sin órdenes judiciales y operativos sin cumplir los protocolos. Entre los operativos que estuvieron bajo sus órdenes, están los de Apatzingán, Tanhuato – Ecuandureo y Nochixtlán, todos con trágicos resultados.
Sin embargo, en marzo de este año, el ex jefe policial fue nombrado por la Secretaría de Gobierno como coordinador general de los penales de mediana y alta seguridad.