Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán. Cuando Salvador Jara Guerrero llegó a la gubernatura de Michoacán, en sustitución de Fausto Vallejo Figueroa, una de las pocas promesas que hizo fue la reducción de la deuda pública del Estado; cosa que –a 90 días de terminar su administración- no ha cumplido.
En 2013, Michoacán ocupaba el noveno lugar en la revista Forbes de las diez entidades más endeudadas de la República, con 16 mil 33 millones de pesos. Para 2014, los estados de Chiapas y Sonora superaron a Michoacán y lo quitaron del listado pero la deuda no se redujo.
Poco a poco, la deuda pública -a corto y largo plazo- ha aumentado sin que los “esfuerzos” gubernamentales tengan efecto alguno.
Por otro lado, desde que Lázaro Cárdenas Batel dejó el cargo de gobernador, los pasivos que debe el Gobierno del Estado se han cuadriplicado; pasando de 8 mil millones de pesos a 33 mil 400 millones de pesos en menos de ocho años.
Las administraciones de Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara han sido incapaces de detener el avance del endeudamiento y más bien lograron elevarlo.
Los abonos chiquitos y la mega deuda
En total son 10 instituciones bancarias a las que el Gobierno del Estado les ha pedido préstamos. La Cuenta Pública Estatal –un documento de 243 páginas- que entregó el gobernador el pasado 31 de marzo apunta que la entidad debe 16 mil 784 millones 563 mil pesos en créditos.
Ese dinero equivale a dos veces el presupuesto que recibieron la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) juntas en 2015 y casi la mitad de los recursos que se destinaron a las dependencias del Gobierno del Estado este mismo año.
En marzo de 2007 se registraron los primeros préstamos; el primero de ellos –el 9 de marzo- fue de 600 mil pesos al Banco Mercantil del Norte S.A. y tenía una vigencia de 25 años.
Cinco días después, el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel pediría dos créditos más; uno a Dexia Crédito Local México S.A. por 971 mil 556 pesos y otro al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) por 998 mil 148 pesos.
Los tres créditos se pidieron para refinanciar y reestructurar deudas que se venían arrastrando desde la administración de Víctor Manuel Tinoco Rubí (1996-2002). Sin embargo, de ninguna de ellas se ha pagado ni la cuarta parte hasta diciembre de 2014.
Los préstamos millonarios comenzaron en abril 2011, en la recta final del gobierno de Leonel Godoy Rangel, cuando el Estado de Michoacán le pidió nuevamente a Banobras un millón 514 mil pesos -extras- a fin de reestructurar deudas pasadas.
Un mes después se pedirían dos créditos más a dos bancos distintos por un monto de 3 millones 283 mil pesos. De la cifra millonaria apenas se habían pagado 605 mil 515 pesos al 31 de diciembre de 2014, ni siquiera la cuarta parte de la deuda.
Sin embargo, fueron Fausto Vallejo y Jesús Reyna quienes llevaron el tope de la deuda al límite cuando entre marzo y junio de 2013 pidieron prestados casi 4 mil 200 millones de pesos. Monto del que no hay un claro registro de su uso.
Es una cantidad de dinero que nunca antes se había solicitado y cuyo destino no está 100 por ciento comprobado; en una de las operaciones de pedir prestado para pagar los préstamos más opacas de la Deuda Pública de la entidad.
Pero si de opacidad se trata, es Salvador Jara Guerrero, cuya administración pidió a Banobras otros 2 mil 767 millones de pesos, quien se lleva la delantera puesto que 544 millones de pesos -de dicho préstamo- no aparecen.
El crédito pedido por Salvador Jara se dio mediante el llamado Decreto 22 cuya aprobación estuvo plagada de inconsistencias y acusaciones de fraude. Fue el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elías Ibarra Torres, quien acusó al Gobierno del Estado de desviar esos 544 millones de pesos.
Además, partidos opositores acusaron a varios diputados de la LXXII Legislatura por aceptar “moches” a cambio de pasar el Decreto 22.
Por su parte, el coordinador de Morena en Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla acusó directamente al ex-presidente de la Mesa Directiva del Congreso, el ex-panista Alfonso Martínez Alcázar, de participar en los “moches”.
Pero no solamente partidos opositores lo acusaron, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala y sus propios compañeros blanquiazules implicaron a Alfonso Martínez en los “moches” para la aprobación del Decreto 22.
Tras algunos días de implicaciones, el 17 de noviembre de 2014, Alfonso renunció públicamente al PAN y en 2015 compitió por la alcaldía de Morelia como candidato independiente y ganó.
Michoacán en venta
Tras la reestructuración de la deuda promovida por el Decreto 22 que terminó por inflarla, la deuda pública –bancaria y no bancaria- alcanzó los 27 mil millones de pesos según la Secretaría de Finanzas de la entidad.
Sin embargo, también debe 3 mil 897 millones de pesos que le otorgó el Gobierno Federal tras la intervención -en 2014- de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán presidida por el ex-comisionado Alfredo Castillo Cervantes.
Esos recursos fueron entregados al Gobierno del Estado pero oficialmente no se gastaron en nada por lo que los tienen que devolver. Tras la salida de Alfredo Castillo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigó el caso y declaró el dinero como “no comprobado”; lo que significa que no se usó o se desvió pero no aparece.
Ahora, el gobernador sustituto lanzó una iniciativa para poner a la venta los “bienes improductivos” a fin de reducir los pasivos, las deudas y los intereses de los préstamos. Sin embargo, primero se tiene que hacer una evaluación y un inventario de muebles e inmuebles aptos para venta.
Según Jesús Lemus, en su reportaje “Michoacán ¿en venta?”, la Secretaría de Finanzas reporta que el 68 por ciento de los muebles públicos no funcionan puesto que tienen entre 10 y 30 años de antigüedad.
Así mismo, se reporta que 7 de cada 10 computadoras funcionan “de milagro” y de las que funcionan un 90 por ciento corre sistemas operativos “obsoletos”. Esta situación provocaría que muchos de los “bienes improductivos” tengan que ser vendidos por kilo o como chatarra para sacar dinero.
No por nada, algunos personajes como el dirigente del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, calificó la medida como una “ocurrencia” de Salvador Jara y una oportunidad para más corruptelas en lo que llamó “un rio revuelto”.
Líderes opositores creen que la venta de bienes públicos se verá plagada de opacidad, algo que ha caracterizado la administración de Salvador Jara quien apenas lleva un año en el cargo.
Los pasivos vs activos
En los últimos tres meses del gobierno de Salvador Jara, los informes financieros han dejado inconformidad entre las bancadas opositoras del PRD y el PAN debido a que se entregan a destiempo, incompletos o con irregularidades.
El pasado martes 23 de junio, los legisladores recibieron el informe trimestral –un mes tarde- y se quejaron de que ni los refinanciamientos ni las reestructuraciones han logrado reducir los niveles de endeudamiento.
Los pasivos por ejemplo –deudas como salarios, impuestos y pago a proveedores- se han cuadruplicado desde 2007, generando inconformidad sobre todo en la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad donde los pagos nada más no llegan.
Cada semana hay al menos una manifestación afuera de la Secretaría de Finanzas que exige pagos atrasados hasta por dos años. Ante esta incertidumbre, los candidatos electos han aprovechado para promover sus próximos gobiernos.
Silvano Aureoles Conejo, gobernador electo de Michoacán, está realizando una campaña activa que promete pagos y retribuciones a las decenas de inconformes; lo mismo que Alfonso Martínez Alcázar.
Sin embargo, a pesar de su campaña activa, no han dicho cómo y en su vocabulario han excluido las palabras restructuración, refinanciamiento y negociación de la deuda debido a las alarmas que dichos conceptos encenderían.
Así pues, los empleados continúan sin cobrar, la deuda y los intereses aumentan y el Gobierno del Estado da cátedra de opacidad a meses de terminar su administración sólo para dejar tras de sí a Michoacán en estado de quiebra.
