César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-La construcción carretera Ramal Camelinas sobre la Loma de Santa María es el acto más ilegal que se ha registrado en las últimas décadas en Michoacán, además de que exhibe una violación a todas las leyes, también existe la sospecha que la inversión es ilegal, porque no existen recursos públicos y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no ha investigado de dónde proviene el dinero, según las denuncias ciudadanas.
Se ha demostrado públicamente que este proyecto violenta derechos constitucionales y decretos de protección ambiental, la esperanza es que las quejas lleguen a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, pero para poder llegar a ese organismo han pasado casi diez años, lo que exhibe que es casi imposible para la ciudadanía hacer valer sus derechos, y que al contrario, a los gobiernos se les facilita todo para violentarlos.
De acuerdo a Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma (MCDL) actualmente la denuncia se encuentra bajo un juicio por nulidad de impacto ambiental, se está peleando en un Tribunal Fiscal Administrativo Federal, si esta instancia emite el fallo en contra de los ciudadanos, será entonces cuando finalmente el juicio llegue a una corte interamericana.
“La justicia mexicana puede tardar años en llegar, la carretera se está construyendo y puede concluirse antes de que se resuelvan los juicios que los ciudadanos perseguimos por la vía legal, eso es la garantía de protección a nuestros derechos ambientales”, lamentó Madrigal.
La batalla de los ciudadanos
Han sido nueve años han transcurrido desde que el Gobierno del Estado, el Ayuntamiento de Morelia y empresarios intentan cruzar la reserva de la Loma de Santa María con una carretera.
En el 2006 nació el proyecto de la Supercarretera Panorámica, que la vendieron con un nombre impactante a fin de que tuviera éxito. Tenía una inversión 100 por ciento estatal y estaba valuada en 200 millones de pesos.
Pero se trataba de un proyecto que violentaba el otrora Decreto de Protección de la Loma de Santa María y Depresiones Aledañas, que fue la primera reserva protegida que se declaró en Michoacán, decretada por el presidente Lázaro Cárdenas del Río.
El proyecto fue cancelado gracias a la participación de los ciudadanos que exhibieron que se violentaban las leyes ambientales.
Un año después nació el proyecto del Megatunel, el cual pretendía cruzar la reserva de la Loma a través de una vialidad subterránea de 3.5 kilómetros.
Este proyecto fue propuesto por la administración municipal panista entonces encabezada por Salvador López Orduña, y contemplaba una inversión pública de 400 millones de pesos.
Cuando se intentó construir el mega túnel fue la primera vez que en Morelia y en el estado se dio una alianza entre académicos, ecologistas, organizaciones sociales y ciudadanos, todos ellos organizaron la primera marcha masiva justificada en estatutos ambientales del gobierno del Estado.
Tanto el Mega Túnel como la Supercarretera no se pudieron construir porque existía un decreto de protección sobre la Loma de Santa María.
Pero el candado se rompió, en el último día del año 2009, el gobierno del estado entonces encabezado por Leonel Godoy Rangel, sin consulta pública y de manera impositiva, eliminó el decreto de protección, en su lugar emitió un nuevo dictamen de protección sobre la Loma de Santa María, pero dividió el área protegida en dos polígonos, justo sobre la división dejaron sin protección una línea de casi 60 hectáreas, justo las necesarias para una carretera.
Al año siguiente los empresarios y los representantes hicieron una alianza e hicieron una mescla de puentes y túneles para impulsar la entonces denominada ‘Vialidad Ocolucen’. Dicho proyecto se dio a conocer públicamente durante la inauguración del centro comercial Altozano.
Se trataba del tercer intento para construir una carretera sobre la reserva ecológica de la Loma de Santa María. Este nuevo proyecto superaba una inversión de 700 millones de pesos.
Pero en esta ocasión se opuso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), entonces encabezada por el panista Juan Elvira Quezada, negaron el cambio de uso de suelo, pero más que obedecer a cuestiones de ley, fue evidente que lo hicieron por la rivalidad entre el gobierno estatal y el federal, el primero perredista y el segundo panista.
En el 2011 nació lo que hasta ahora se le conoce como Libramiento Sur de Morelia, que fue disfrazado con varias obras carreteras alternas para la zona sur de Morelia, y con un costo hasta ahora estimado en mil 300 millones de pesos.
Pero nunca contemplaron que el proyecto tenía también había una reserva adicional denominada parque Francisco Zarco, lo cual les impide realizar la obra. Esta se ubica en la falda de la loma, colinda con la colonia Los Periodistas.
A pesar de que se ha comprobado que la carretera es insegura, que no cuenta con dictamen de cambio de uso de suelo, que no está liberado el terreno para la vialidad, que afecta la infiltración de agua, que no tiene permisos de construcción e incluso que está la sospecha de que se trata de un proyecto donde hay lavado de dinero porque no hay inversión pública, la carretera se está construyendo violentando estatutos constitucionales y de protección ambiental.
