Una regresión en el campo mexicano, con efectos devastadores para sus habitantes, han generado las reformas aplicadas al artículo 27 constitucional, mismas que tuvieron un auge con Carlos Salinas de Gortari, en cuyo gobierno se aplicaron 11 cambios que impactaron sobre todo al régimen de propiedad.
De acuerdo con Ramiro Peña Díaz, integrante de la Academia de Derecho Agrario, aunque la tendencia desde el gobierno salinista ha sido modificar el régimen legal al campo nacional, en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto no se profundizó en esta ruta de cambios legales, periodo en el que sin embargo aumentaron los conflictos y la producción se vino a la baja, al grado de que los campesinos dejaron de sembrar maíz y empezaron a comprar las tortillas en una tortillería.
En el gobierno de Carlos Salinas, señaló, los cambios al artículo 278 implicaron insertar al campo en un esquema neoliberal, “reaccionario, al permitir la concentración de la tierra en pocas manos”, al señalar que el actual modelo legal posibilitaría que se posean hasta un 5 por ciento de terrenos ejidales. Señaló que bajo ese esquema, con el ejemplo del ejido de Nueva Italia en Michoacán, ese porcentaje representaría más de 500 hectáreas, por lo que con cinco personas se asumiría la propiedad privada del ejido en su conjunto.
Respecto al espíritu del Constituyente de 1917, refirió, que decretaba la muerte de los latifundios como legado social tras la Revolución Mexicana, la posibilidad de que participen en el esquema de propiedad, tanto asociaciones civiles como mercantiles, le abre la puerta a la inversión extranjera en el campo hasta con 90 por ciento de activos, donde señaló que por ello muchos inversionistas son propietarios de porciones de playa y hasta lujosos hoteles, en propiedades que antes eran ejidales.
En cuanto a la reforma que para el campo ha planteado la actual Presidencia de la República con Andrés Manuel López Obrador, señaló que debe propiciarse terminar con los conflictos sobre la tenencia de la tierra, al igual que el campo sea nuevamente productivo y redituable económicamente para los campesinos, muchos de los cuales han optado por abandonar las tierras y migrar a ciudades o a los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que revitalizar acciones oficiales eficientes para el sector ya que, dijo, en Michoacán hasta hace una década existían 36 programas dirigidos al campo, y hoy éstos “han disminuido de manera contundente”.
Peña Díaz anunció para los próximo días 9 y 10 de abril, la realización del “Congreso Nacional sobre Reformas Constitucionales y su impacto en el campo y comunidades indígenas”, donde a la par de la academia se espera la participación de productores, evento que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana en conjunto con la Academia de derecho Agrario.
