Lucero Circe López Riofrio, Directora de Humanas sin Violencia, A.C.
Los asesinatos de las mujeres, siempre han estado presentes en toda la historia de la humanidad; tal vez algunos de ellos se han más conocidos, como por ejemplo: las mujeres que fueron quemadas en la edad media o que fueron asesinadas por haber luchado por la libertad y los derechos civiles de sus pueblos, o tal vez como hasta ahora sigue sucediendo que asesinan a mujeres por querer estudiar o por querer representar políticamente a sus municipios y comunidades.
Esta situación no es exclusiva de Michoacán ni de México, se presenta alrededor del mundo, aunque se ha agravado en nuestro estado, generando un peligroso proceso de naturalización, al dejar de sorprendernos porque ya es parte de nuestra cotidianidad, porque nos hemos ido acostumbrando al que aquí hay crimen organizado, policía corrupta, autodefensas, gobiernos ligados al narcotráfico, ingobernabilidad, impunidad, trata de personas, migración forzada, corrupción, pobreza.
Ante este contexto, solo nos hemos ocupados con lo propio, lo nuestro, mientras que a mí no me pase, lo cual se llama: negación por miedo, ausencia del sentido de pertenencia, rompimiento del tejido social, dejándonos llevar por una estéril discusión de cifras “son más hombres que mujeres” “a quien le importa, los matan por igual”, formando parte de la construcción de “razones justificables” en donde la discriminación se agudiza, así como el desprecio, la indiferencia, incluso el odio. Escuchamos discursos vacíos, huecos, confusos por parte de la autoridad y quienes imparten justicia, incluso aseveran que la culpa es de la víctima, asentimos frases como: seguro era una cualquiera, trabajaba en un bar, para que andaba tarde en la calle, para que vivía sola, para que presumía que tenía dinero, porque no obedeció a sus padres, si ya sabía lo que le iba a pasar se lo merece.
Mientras escuchábamos que los asesinatos de las mujeres eran una exageración, una demanda absurda de quienes querían ocasionar psicosis en la sociedad, del período 2006 al 2015 asesinaron a más de 850 mujeres (PGJE, 2015), quienes eran hijas, madres de familia, mujeres productivas, trabajadoras, esposas, novias, estudiantes, de diversas edades, niveles educativos y de distintos poderes adquisitivos, quienes merecían una vida y también la consolidación de sus sueños.
En el 2006 el Operativo Michoacán, agudizo la inestabilidad que ya se presentaba en la entidad, como falta de gobernabilidad, dejando una guerra civil, en la cual las personas se empobrecieron aún más, surgiendo entonces diversos grupos e intereses. Y ante este escenario de álgidas demandas sociales y civiles, de atención, de seguridad y justicia se quedaron en medio, las mujeres, en este conflicto, en esta guerra.
Las mujeres entonces se volvieron más vulnerables, denigrándolas a objetos sexuales al violarlas para no matarlas, a embarazarlas por “amor” para valer socialmente y no dejar que asesinen a sus familias, a explotarlas laboralmente al condicionarlas a aceptar cualquier trabajo porque no hay opciones; sometidas porque “estaban solas” sin pareja porque este se unió a algunos de los bandos de esta guerra o bien fue víctima mortal de la misma o desapareció; se le obligó a desplazarse de su lugar de origen y donde se asentaban y habían logrado construir lo poco o mucho para enfrentar la vida con sus hijos/as y lo que quedo de sus familias, tan sólo en el 2013 hubo más de 15 mil familias desplazadas por conflicto armando en los estados de Guerrero y Michoacán (Informe de Global Overview, 2014).
En todo el estado la situación de las mujeres se volvió más grave, de acuerdo a las denuncias que valientemente se hicieron ante Procuraduría, del 2008 al 2015 hay más de 200 mujeres y niñas desaparecidas (PGJEM, 2015). En ese mismo período abusaron sexualmente de 1,995; fueron violadas 2, 636; denunciaron estupro 526; denunciaron 212 hostigamiento sexual; más de 5 mil 400 casos de mujeres y niñas fueron víctimas de violencia familiar.
Es importante señalar que de las 850 mujeres asesinadas, subyace una discusión pendiente respecto de si todas las mujeres asesinadas se pueden clasificar como feminicidios o no, y es que resulta que entre el 2012 y el 2014 la Secretaría de la Mujer, mandó a elaborar los protocolos de atención integral a la violencia contra las mujeres, así como el relativo a los feminicidios y hasta el momento no los conocemos aunque se han solicitado físicamente de acuerdo a una solicitud de acceso a la información, para saber quién los hizo, cuánto costó y con ello conocer por qué no se utilizan.
Si bien el Código Penal de Michoacán (2014) tipificó en su Artículo 120 como: El homicidio doloso de una mujer, se considerará feminicidio cuando se actualice alguna de las siguientes circunstancias:
- Cuando existan con antelación actos que constituya violencia familiar o institucional del sujeto activo hacia la mujer; II. Cuando el sujeto activo realice actos de violencia sexual, actos crueles, degradantes, mutile el cuerpo de la mujer, previo o posterior a la privación de la vida; III. Cuando la víctima presenta indicios de violencia física reiterada por parte del sujeto activo; IV. Cuando existan antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual del sujeto activo contra la mujer; y, V. Cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto de manera degradante en un lugar público. El feminicidio se considerará homicidio calificado.
Cabe destacar que de las mujeres asesinadas 36 de ellas había interpuesto una denuncia por el delito de lesiones y 5 por violencia familiar. Una tercera parte, 240 de las denuncias fue puesta en suspensión, se ignoran los motivos y la responsabilidad de quien dio esa orden, la cual debe ser sancionada. Por lo que debe ampliarse el análisis del contexto de la violencia contra las mujeres michoacanas.
Este dato es muy importante porque quiere decir que las mujeres pudieron no haber muerto si hubiesen sido atendidas de manera integral y con ello garantizarles el acceso integral a su derecho a una vida libre de violencia. Por tal motivo, considero que debe revisarse, analizarse y perfeccionarse el art. 120 del Código Penal, ya que las mujeres no solo viven violencia familiar, hemos señalado que las mujeres son objeto de agresiones sexuales y otros tipos de violencia en diversos ámbitos que van desde la casa, la escuela, el trabajo, la calle, la política, la comunidad. Y para ello debe haber un registro que permita dar seguimiento y acompañamiento a cada caso, a cada mujer, adolescente y niña, con la finalidad de poder brindar y atender las necesidades particulares de cada una de ellas considerando si son indígenas, rurales y urbanas.
Y lo más importante bajo qué criterios juzgan y bajo qué parámetros realizan los análisis, quién clasifica y decide si es feminicidio o no, si la PGJE no cuenta con un área específica para este tipo de delito, quién se encarga de activar la Alerta Amber y Alba si este mecanismo no existe cuando las familias van a denunciar la desaparición no les atienden hasta después de 72 horas, lo cual es demasiado tarde, quién investiga si ese supuesto suicidio es un feminicidio, quién atiende a las familias y quién establece la reparación del daño, cuál es el mecanismo de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría ahora con el mando único, quién decide en que momento actuar y qué hacer. Por qué no revisamos cada expediente de los homicidios contra las mujeres, los más de 850 y vemos cuántos son feminicidios, la justicia no es un feudo.
La Alerta de Violencia de Género (AVG), es para todo el gobierno en su conjunto para todas las instituciones que le componen, estatal y municipal, así como a los tres poderes, no le corresponde solo a la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres atender esta situación. La AVG es un instrumento jurídico creado para que las mujeres demanden a los gobiernos su derecho a la atención y seguridad para sus vidas, nuestras vidas, por lo tanto debemos hacer que funcionen. Debemos interesarnos en los procesos y avances de estos instrumentos que se han creado para defender nuestros derechos humanos, por lo que sostengo que es necesario hacer que estos mecanismos funcionen, porque deben servir para equilibrar el ejercicio de poder que piensan que tienen las autoridades y que de ninguna manera debe ser para desmontar sus obligaciones y responsabilidades, a las organizaciones civiles no nos toca asumir esa responsabilidad.
La AVG es un mecanismo que beneficia a la sociedad en su conjunto, tanto a mujeres como a hombres, por lo que demandamos –las solicitantes de la AVG- al gobierno –estatal y federal- un diálogo permanente, crítico, profesional y respetuoso para que establezcamos un acuerdo de trabajo y seguimiento con el propósito de trabajar y ayudarles a clarificar el tema y lo que les toca, para que esperar si desde ahora pueden ponerse las bases, no se trata solo de ponerle dinero para administrar las soluciones sino de hacer que el sistema de acceso a la justicia para las mujeres funcione. Desde aquí les digo las mujeres también somos gobierno y también tenemos poder, ese es el punto.
