Sarai Díaz / @Sarai3_0
Morelia, Michoacán.-El dolor, la impotencia, la angustia y el miedo, invade la vida de los uruapenses, pese a que es uno de los municipios con más incidencia delictiva en el estado, el último suceso violento ocurrido en contra de una joven de sólo 19 años de edad, ha sido la gota que derramó el vaso.
Con pancartas que rezan ¡Justica! ¡Queremos paz! ¡Renuncia EPN! y ¡Fuera Castillo! el día de ayer, salieron a las calles a externar su molestia, su ira y su decepción hacia las autoridades, entre sus demandas también pedían justicia por los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y por los demás desaparecidos en el país.
A inicios de este año, elementos de la Policía Federal arribaron al municipio de Uruapan, como parte de la estrategia de seguridad anunciada por la Federación, desarmaron a la Policía Municipal y tomaron el control en el municipio, al igual que en Apatzingán y Lázaro Cárdenas.
Sólo 80 de 500 municipales fueron enviados a un curso de capacitación a Tlaxcala para ser reinstalados en sus puestos, los demás fueron despedidos.
Desde entonces la ciudad se encuentra resguardada por elementos federales. Todos los días se pueden apreciar decenas de camionetas federales en los principales accesos al municipio, así como por toda la cabecera municipal, sobre todo en el Centro Histórico, donde se ubican los hoteles donde se hospedan los uniformados.
Pese a este blindaje, Erika Kassandra Bravo Caro, una joven de 19 años de edad y de profesión enfermera, fue privada de su libertad el pasado 3 de diciembre cuando se dirigía a su trabajo, que consistía en cuidar a unos niños. Desde entonces su familia emprendió una búsqueda a través de las redes sociales para dar con su paradero.
El pasado sábado 6 de diciembre, su cuerpo fue localizado a la orilla de la carretera Uruapan-Los Reyes, presentaba heridas de arma blanca a la altura del pecho, y la cara desfigurada. Hasta el momento se desconoce el móvil y los responsables del crimen.
Durante los últimos días otros dos sucesos han sido parte de la violencia que existe en el municipio, para el procurador de Justicia del estado, José Martín Godoy; el gobernador Salvador Jara; el titular de la SSP, Carlos Hugo Castellanos y el comisionado para la Seguridad, Alfredo Castillo son hechos aislados o no existen.
El 22 de noviembre, diversos medios locales dieron a conocer sobre un ataque en contra de rurales de Uruapan, en la localidad de Aguas Blancas, municipio de Salvador Escalante, pero la Secretaría de Seguridad Pública a través de sus redes sociales, negó que se hubiera registrado un enfrentamiento.
Sin embargo, la madruga del lunes 24 de noviembre, fueron localizadas dos cabezas en un paraje del municipio de Uruapan, junto a un mensaje firmado por un grupo denominado “Guardia Michoacana” que se atribuía los asesinatos. Eran hermanos y pertenecían a la Fuerza Rural, corporación creada en mayo de este año, también como parte de la estrategia de seguridad de la Federación.
El 27 de noviembre, un grupo de habitantes bloquearon los principales accesos a la ciudad para protestar por la desaparición de 10 elementos de la Fuerza Rural, “el gobierno miente y trata de ocultar información”, señalaron los familiares de los desaparecidos, quienes exigieron el apoyo de las autoridades estatales y federales para emprender la búsqueda de los uniformados.
Hasta el momento no han sido localizados y los familiares han denunciado la falta de interés y el ignoro de las autoridades estatales en el caso. Ver nota
Uruapan se encuentra entre los municipios con más incidencia delictiva en el estado, al igual que Morelia, seguido por Apatzingán y Lázaro Cárdenas, a pesar de que su territorio se encuentra resguardado por las Fuerzas Federales y elementos del Ejército Mexicano.
A 11 meses, la ciudadanía solo ha visto el incremento de más violencia, de más secuestros, asesinatos y más desapariciones que no han sido esclarecidos y que no se ha dado justicia.
