Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Aquila, Michoacán.-La lucha contra la industria minera en Aquila se remonta a la década de los 90, con la llegada de Hojalata y Lámina S.A. (Hylsa), cuando José Ramírez Verduzco inició un levantamiento contra la explotación de la mina “Los Encinos”.
Sin embargo, Ramírez fue asesinado y los empresarios regiomontanos Sada Muguerza y Garza Sada continuaron explotando las dos minas de la zona hasta que vendieron sus activos al grupo ítalo-argentino Techint.
Con la compra de “Los Encinos” por parte de Compagnia Tecnica Internazionale nació Ternium Hylsa y renació el conflicto en la comunidad indígena de la Costa Michoacana.
Un conflicto llamado Ternium
El 6 de mayo de 2015, el ex-presidente del comisariado ejidal en la comunidad de San Miguel Aquila, Agustín Villanueva Ramírez, fue condenado a 47 años de prisión con una multa de 159 mil 588 pesos por los delitos de secuestro agravado y lesiones.
De acuerdo con la sentencia emitida por el Juzgado Quinto de lo Penal del Poder Judicial del Estado de Michoacán, los tres hermanos Villanueva Ramírez -Vicente, Agustín y Efraín- fueron encontrados culpables por delitos cometidos en contra de Celerino Ontiveros y José Antonio Ramírez.
Agustín Villanueva encabezó el levantamiento comunal en la Costa Michoacana y lideró la lucha contra la minera Ternium Hylsa para que la empresa pagara regalías por la explotación de “Los Encinos”, una mina a cielo abierto de la que se extrae mineral de hierro. Junto a los hermanos cayeron presos otros 40 comuneros que continúan recibiendo largas en sus procesos a fin de mantenerlos en la cárcel el mayor tiempo posible.
El último movimiento de los comuneros nahuas de la Costa Michoacana inició en diciembre de 2011, cuando una asamblea comunal decidió hacer un paro total de actividades que duró tres meses a fin de presionar a la minera a pagar sus impuestos.
Al final de los tres meses, el gobierno envió a la Policía Federal para desalojarlos pero no pudo y el 18 de marzo del 2012 llegaron a un acuerdo con Ternium, 3.8 dólares por cada tonelada de hierro extraído para la comunidad, cuota que la minera paga irregularmente.
Los principales líderes del movimiento fueron detenidos el 14 de julio de 2013 y desde entonces permanecen presos en el Centro de Readaptación Social “David Franco Rodríguez” de la ciudad de Morelia.
A casi dos años del arresto de los tres hermanos, el miércoles 6 de mayo finalmente recibieron su sentencia, situación que sus compañeros en la costa calificaron como desesperada, “nos preocupa pero nos ocupa porque tenemos que sacarlos de ahí” aseguró uno de los voceros del movimiento, Manuel Ramírez Magallón.
La sentencia se dio justo a unos días de la reactivación del conflicto cuando dos grupos diferentes de comunitarios amenazaron con enfrentarse debido al desinterés de Ternuim por cumplir con sus obligaciones.
La situación se complicó a inicios de mayo cuando un grupo de manifestantes realizó un bloqueo al acceso de la mina y además tomó las instalaciones de la Casa Comunal a manera de protesta. Según los manifestantes, Ternium está contaminando un río en Aquila y no ha respetado los límites que la comunidad le impuso para la tala de árboles en sus dos minas a cielo abierto.
Entre los comuneros que bloquean la entrada a “Los Encinos” se encuentra Juan Carlos Martínez, quien fue presidente del comisariado ejidal en la comunidad por cinco años hasta que lo quitaron tras el levantamiento de las autodefensas en Aquila.
En medio del conflicto entre pobladores se encuentra Ternium que se ha limitado a emitir comunicados sobre las actividades de la mina sin interferir en la problemática ni aclarar los reclamos de los comuneros.
Desde el 4 de mayo se intentó contactar a Ternium por medio de un correo electrónico al encargado de comunicación social de la minera, Roberto Riva Palacio, y éste respondió –dos meses después- con un comunicado que anunciaba la reapertura de la mina.
En su página oficial, la empresa promociona la mina al aire libre de Aquila como una de las mejores de México. Así mismo, apunta que “las operaciones mineras de Ternium asumen un rol activo y responsable con las comunidades donde operan”.
“Se han definido iniciativas de apoyo y promoción de la educación, salud, cultura y autoempleo que benefician a un gran número de personas originarias de las localidades donde Ternium realiza sus actividades” reza en su sección digital: Las minas y su gente.
Aunque ambos grupos de comunitarios han declarado que podrían llegar a las hostilidades, el Gobierno del Estado de Michoacán no se ha preocupado por escuchar sus demandas a pesar de la promesa del gobernador, Salvador Jara Guerrero, de pacificar y reconciliar la entidad.
Mientras las autoridades permanecen calladas, el juzgado penal emitió una sentencia que fue interpretada por los comuneros como “parte de una estrategia de terror contra ellos encabezada por Ternium y la narcopolítica estatal”.
La paz armada
Era 5 de mayo –aniversario de la Batalla de Puebla- y los comuneros de Aquila lanzaban el primero de varios avisos a los manifestantes de la localidad. “Los vamos a quitar” señalaban los voceros del movimiento.
El 15 de abril unas 120 personas bloquearon el único acceso a la mina de hierro, se habían instalado en la primera curva que hay a la salida de la cabecera municipal de Aquila que lleva a la costa michoacana.
Se trata de un entronque rodeado de vegetación y con un relieve que les permitía instalar vigilantes en la parte alta para observar perfectamente la carretera.
Los manifestantes eran cautelosos al hablar con la prensa, dicen que mienten y que una vez dijeron que sólo eran cinco personas en el bloqueo. “Somos un chingo pero ahorita no están” dijeron los manifestantes quienes no hablaban de manera oficial ni permitían que se les tomara fotos “mejor espérense a que haya más gente” decían.
Un mes más tarde, otras 30 personas tomaron el auditorio comunal y el poblado se llenó de camionetas negras con gente armada que ni comuneros ni manifestantes decían conocer.
Los vehículos tipo suburban y silverado paseaban impunemente sin que los Policías Federales –quienes tienen un puesto de control en Aquila- hicieran algo por detenerlos. No obstante, la situación se complicaría aún más… era temporada electorera.
Aquila sitiada
En medio de los comicios, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) notificó que en las comunidades de La Huahua, El Atracón y Barranca de López del municipio de Aquila, fueron incendiadas seis casillas con todo el material electorero disponible.
Tras el incendio de las urnas, el ambiente se tensó y casi 300 personas sitiaron la cabecera municipal para evitar que se cometiera un fraude.
Manuel Ramírez Magallón, antiguo vocero del movimiento de las autodefensas en Aquila, confirmó que entre ellos se encontraban policías comunitarios de lugares como Ostula, Maruata y Pomaro; todos a la expectativa de cualquier indicio de fraude.
Se trataba de dos facciones, la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y la del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que se habían instalado a las afueras del comité electoral aquilense desde la supuesta destrucción de las casillas.
Los manifestantes apoyaban a Mohamed Ramírez, candidato del PVEM, y los comuneros a José Luis Arteaga mejor conocido como ‘Joss’ del PRD. Mohamed es señalado por los miembros de las autodefensas como sobrino de Juan Hernández Ramírez, el alcalde de Aquila detenido el 31 de mayo de 2015 por vínculos con el cártel de los Caballeros Templarios.
En el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) la alianza perredista resultó ganadora con una ventaja de casi 10 puntos sobre el candidato del Partido Verde pero el cómputo oficial no se pudo realizar ahí.
Ante el estado de sitio, Ramón Hernández Reyes, presidente del IEM, consideró “imposible” sacar cualquier material de la zona, no solamente de Aquila sino también de Coahuayana ya que los vehículos tenían que pasar por esa cabecera municipal.
Por lo tanto, el cómputo se realizó únicamente con las actas que tenía el IEM en su poder y los partidos tuvieron que rascarse con sus propias uñas a fin de conseguir copias certificadas de las que fueron incendiadas.
Al final, el conteo se hizo el 10 de junio de las 10 de la noche a la 1 de la mañana en las instalaciones del instituto con dos actas faltantes y varias irregularidades.
Por un lado, era imposible saber si las copias certificadas correspondían a la realidad puesto que no existen boletas que las sustenten, esto a pesar de ir firmadas por un notario público. Por el otro, en una de las actas no se alcanzaba a leer el número de votos de los candidatos no registrados y el consejo “cuadró” los números simplemente restando lo que sobraba.
El resultado del cómputo confirmó la victoria de ‘Joss’ y los comuneros celebraron el triunfo como el resultado de la “voluntad del pueblo” pero las cosas no se quedarían así.
El desalojo
Muy pocos se enteraron del ultimátum del 11 de junio, se trató de una carta dirigida a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que exigía acción penal contra los manifestantes como último recurso para detener el desalojo.
Al igual que las decenas de cartas anteriores, el Gobierno del Estado de Michoacán ignoró el ultimátum y los comunitarios iniciaron el desalojo la mañana del 15 de junio, el operativo –supervisado desde lejos por militares y federales- desató una serie de encontronazos entre manifestantes y comuneros que terminó con decenas de heridos y un par de camionetas destruidas.
Los manifestantes lo llamaron un ataque patrocinado por Ternium –la empresa minera de la localidad- y los comuneros una señal de hartazgo. La Comunidad Indígena de Aquila tenía tres meses sin recibir dinero por parte de la trasnacional.
Promesas de desarme
Actualmente, los comunitarios mantienen tomados dos puntos de la carretera costera de Michoacán en espera de que las autoridades hagan algo por resolver su situación. El primero en la comunidad de Xayakalan y el segundo en la localidad de Maruata.
Debido a esto y derivado del ataque del Ejército Mexicano en el puente de Ixtapilla de la misma carretera, el Gobierno del Estado prometió realizar un desarme general en la Sierra-Costa michoacana.
El secretario de gobierno del Estado de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, esperaba que los dos bloqueos en las comunidades indígenas de la Costa Michoacana fueran desactivados el jueves 20 de agosto de 2015.
En rueda de prensa, Jaime Esparza aseguró que las negociaciones iban “muy avanzadas” para que ese mismo día se desbloqueara el municipio de Aquila, cosa que no sucedió. No obstante, la promesa de desarme quedará en el aire al menos hasta la llegada del próximo gobernador.
Tras una entrevista radiofónica, el gobernador de Michoacán dejó claro que no concluirá los trabajos para no forzar al nuevo mandatario. “Yo no quisiera dejarle nada amarrado, mejor que Silvano Aureoles lo analice y tome una decisión” aclaró Jara Guerrero.
“Los tiempos nos rebasaron pero estoy seguro que la siguiente administración concluirá la labor” admitió el gobernador sustituto, Salvador Jara, en una entrevista radiofónica.
Los “otros” comuneros
Tras el desalojo, los manifestantes se movilizaron a la capital del Estado, ahí bloquearon la sede del Registro Agrario Nacional (RAN) para exigir que 340 personas sean integradas como comuneros en San Miguel Aquila.
Sin embargo, tan pronto llegaron a la capital, siete de sus integrantes fueron detenidos por elementos de la PGJE por ser los autores intelectuales del bloqueo en Aquila. Entre los arrestados está el ex-alcalde del municipio, José Cortés Ramos, quien fuera capturado durante el Michoacanazo por vínculos con el crimen organizado.
Mientras tanto, los comuneros de éste municipio aseguran que quienes se manifiestan en Morelia fueron engañados por uno de sus dirigentes, Juan Carlos Martínez Ramos, puesto que les dijo que podrían integrarse al registro agrario y así disfrutar del pago de regalías que aporta Ternium a la comunidad.
Ahora son los comuneros y los miembros de las autodefensas de Aquila los que resguardan el municipio; sin embargo, la situación puede cambiar ya que todavía hay entre 100 y 200 personas inconformes después que los retiraron del bloqueo.
Aunque los manifestantes claman no estar armados, no queda claro aún quiénes eran los hombres armados que patrullaban las colonias de la cabecera municipal de Aquila; ya que tanto comunitarios como autodefensas usan uniformes que los identifican como tales.
Desde el 15 de abril, la confrontación entre los manifestantes -a quienes los comunitarios catalogan como “puro ratero”- y los comunitarios -que vieron mermada su economía tras el bloqueo de la actividad minera y son descritos como “enviados de Ternium”- ha pasado de las palabras a las amenazas y de las amenazas a los golpes.
Todo esto ante la mirada indiferente del Gobierno del Estado de Michoacán que no ha hecho más que “firmar de recibido” cada una de las cartas que los comuneros le han enviado.
Si el conflicto alcanzara un nivel de confrontación mayor; ningún grupo dudará en usar las armas. Frente a este escenario, lo más probable es que el Gobierno del Estado sea –como lo ha sido hasta ahora- un mero testigo de la situación.
