El Senado aprobó la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que contempla multas de al menos 10 millones de pesos y hasta cárcel, para quienes aprovechen los diseños de artesanos, en ánimo de proteger las manifestaciones culturales tradicionales ante el uso no consentido, la apropiación cultural o plagio de motivos y diseños de los pueblos originarios.
“Solo copian y dan luego las gracias, mientras se hacen ricos con nuestro esfuerzo”, lamentó el vendedor de artesanías, Julián Sánchez, en referencia a firmas como Adidas, Carolina Herrera, Nestlé, Mango y Louis Vuitton que, bajo los argumentos de inspiración y homenaje, han utilizado diseños producidos por mixtecos, mazatecos y huicholes con los que han ganado dinero sin que los pueblos originarios se vean beneficiados.
Con la Ley, que aguarda su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se espera evitar casos como el ocurrido el año pasado, a la comunidad Purépecha, cuando la diseñadora francesa Isabel Marant comenzó a vender en 14 mil pesos gabanes de lana con diseños originarios del municipio de Charapan, Michoacán, para después ofrecer una disculpa pública como resarcimiento del daño.
Lo mismo pasó recientemente con Adidas y su serie Forum inspirada en la talavera, un tipo de decoración en cerámica que data del siglo XVI y proviene de Puebla y Tlaxcala.
“Entramos en un punto muy importante con la nueva Ley, se va a perseguir como delito cualquier uso sin autorización que tenga fines de lucro. Si esta empresa está donando el 99.9 por ciento de sus ganancias, pero se quedan con un 0.1 por ciento, hay un fin de lucro, y este es indebido, porque no tienen autorización para el uso, incluso si quieres hacer un homenaje, no te corresponde, no lo puedes usar, y muchas veces las empresas hacen estas estrategias como de donación del 20 por ciento de las ganancias, y eso no es equitativo con las comunidades indígenas”, expuso Tamara Nava, directora de desarrollo de nuevos negocios de ClarkeModet.
Desde 2016 los artesanos Adalberto Flores y Angélica Martínez interpusieron una demanda contra Nestlé amparados en la Ley Federal de Derechos de Autor, por el presunto plagio de sus diseños de tenangos en una colección de tazas, a la fecha el expediente sigue en proceso de revisión.
“El arte popular mexicano es sujeto de plagios sistemáticos, lo que vulnera los derechos colectivos e individuales de los artesanos, y se atenta contra el patrimonio cultural”, declaró Magdiel Montalvo, directora de la Red de Artesanos y Productores Manos Creativas.
Celebró la nueva Ley como una buena iniciativa, pero solo como eso, pues hay muchos huecos que faltan, como los reglamentos secundarios.
“La introducción al cuerpo normativo de una ley que toca tantos puntos toma tiempo, esperaría unos 6 a 7 meses para que se instauren todas estas modificaciones”, explicó Nava.
La Ley se encuentra ya con el Poder Ejecutivo esperando su publicación en el DOF, que se proyecta para enero del 2022, ese será solo el primer paso, ya que estarán pendientes su Reglamento, la creación de la Comisión, los estatutos del sistema de protección, el reglamento de los estatutos, la habilitación del Registro Nacional de Patrimonio Cultural, partidas presupuestarias, y cambios al interior de la ley orgánica del Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), que será quien reciba las quejas, realice las investigaciones y le den facultad para el cobro de las multas.
“Indautor no tiene facultades para ejecutar estas multas, la ejecución la hace, pero las cobra Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pasa a las arcas federales, aquí el tema es establecer que cuando se cree este sistema en los estatutos se cree un fondo derivado de estas multas para la protección”, abundó la especialista del despacho ClarkeModet.
La Ley contempla dos sanciones para quienes con fines generen ganancia al reproducir, copiar o imitar por cualquier medio diseños de propiedad cultural.
En conjunto la sanción administrativa y penal suman una multa de hasta 10 millones de pesos, una reparación del daño que determinará un juez y cárcel para el directivo e involucrados en el lucro, hasta por 10 años.
