El Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación (Segob) para periodistas y defensores de derechos humanos, no resulta benéfico para éstos últimos, pues aún estando dentro de éste, han sufrido nuevas agresiones que van desde amenazas hasta disparos en su contra.
En el Salón Revolución de la Segob“[…] los integrantes de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, con Lía Limón a la cabeza, levantan mecánicamente la mano una y otra vez aprobando las medidas. Platican entre ellos mientras los evaluadores de riesgo exponen los casos… La mayoría son considerados, calificados, encerrados en un número porcentual, como de ‘riesgo bajo u ordinario’”, señala el periodista Mauricio Romero en su investigación para la revista Contralínea.
El periodista conversó con varios de los integrantes del Mecanismo días después sin que éstos hubieran tenido notificación alguna.
Ninguno, señala, sabía si las medidas de las que se habían hablado, fueron aprobadas o no, incluso, algunos con nuevas amenazas y agresiones a cuestas lo desconocían a pesar de que su situación había sido “regularizada por la Segob.
“Pese a la urgencia de las medidas, desde su creación el 24 de abril de 2012 y hasta el 2 de agosto de 2013, el Mecanismo no había realizado compras ni contrataciones. El único gasto corresponde a la partida 11301 del concepto ‘Pago de sueldos al personal’ por un monto de 3 millones 350 mil 149 pesos”, señala la investigación conforme a la solicitud de información 0000400139613 hecha vía ciudadana a la Segob.
Conforme a una solicitud posterior, se emitió el oficio UDDH/911/432/2014 por parte de la Secretaría, en donde se detalló que el Mecanismo habría recibido 131 solicitudes de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.
“Agrega que el Mecanismo beneficia a 213 casos: 97 de mujeres, 113 de hombres y 3 de organizaciones, de 24 de las 32 entidades federativas que integran la República Mexicana. Del total, 73 casos corresponden a defensores de derechos humanos y 58 a periodistas”, la mayoría provenientes del Distrito Federal (31), el Estado de México (11), Veracruz (10), Chihuahua (9), Oaxaca (9) y Chiapas (8).
La investigación de Romero, detalla no sólo las agresiones, sino las secuelas físicas y psicológicas que sufren los periodistas y defensores de derechos humanos tras las mismas, a pesar del compromiso realizado por el priísta Enrique Peña Nieto de protegerlos, no obstante las organizaciones gubernamentales han registrado que nueve de cada diez agresiones provienen de las propias autoridades.
“’La investigación y el castigo de homicidios de periodistas será una prioridad’, prometió el entonces candidato. ‘En una Presidencia democrática no cabe ni la violencia contra periodistas ni la censura’ agregó. Palabras similares pronunció respecto a los defensores de derechos humanos”, agregando que fortalecería el Mecanismo de Protección antes mencionado.
Las cifras contradicen al mandatario en su compromiso: 11 periodistas han sido asesinados en lo que va del sexenio mientras el número de defensores de derechos humanos caídos sigue sin determinarse.
A decir de la organización internacional Human Right Watch, el mecanismo “depende de una dotación de personal muy reducida y sin suficiente capacitación, y padece demoras en el acceso a fondos, dotación de personal muy reducida y sin suficiente capacitación, y padece demoras en el acceso a fondos, falta de coordinación con las instituciones de los estados, poca difusión entre quienes se encuentran en riesgo y falta de compromiso político de altos funcionarios gubernamentales”.
Sin embargo, el fracaso ha sido reconocido también por el mismo gabinete priísta, entre ellos, Miguel Ángel Osorio Chong, titular de la Segob, quien reconoció en abril pasado que los plazos de intervención previstos por la ley nunca han sido respetados, los fondos concernientes no estaban disponibles y los potenciales beneficiarios terminaron sintiendo una profunda decepción.
