Revolución 3.0

En Michoacán la horca sobre las finanzas públicas ha persistido por tres lustros, en donde –como “remedio”- se ha echado mano del endeudamiento público. Los compromisos financieros del Estado de 2002 a la fecha, pasaron de 152.8 millones de pesos, a 22,039 millones de pesos.

La constante contratación de empréstitos, ha derivado también en reestructuraciones de la deuda pública continuas, las que generalmente conllevan a la par mayor endeudamiento.

La última reestructuración de la deuda pública se dio el 31 de diciembre de 2019 a solicitud del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, en un proceso lleno de irregularidades en el Congreso local.

Esta semana, Luis Navarro García secretario de Administración y Finanzas del Estado, refirió en entrevista que los adeudos del Gobierno oscilan en los 30 mil millones de pesos, entre la deuda de largo plazo, los pendientes con el IMSS e ISSSTE y Pensiones Civiles, sin contemplar a proveedores.

Ahí retomó la idea esbozada a finales de 2021, cuando habló de la intención de reestructurar nuevamente la deuda pública de largo plazo en Michoacán. Él sostiene que dicha medida no implicará más créditos: “simplemente es platicar con los bancos o con nuevos bancos para mejorar tus condiciones de crédito, es decir, tus condiciones de interés, que tú pagues menos intereses”.

De acuerdo con el funcionario, ya se tienen avances estructurados que se vienen trabajando desde el año pasado, y en breve se empezará a tener pláticas con el Congreso y las Comisiones de Presupuesto y Hacienda.

Deuda en Michoacán

En Michoacán el crecimiento exponencial de la deuda pública arrancó con el arribo de Lázaro Cárdenas Batel a la titularidad del Ejecutivo del Estado. A la salida de la administración de Víctor Tinoco Rubí en 2002, ésta ascendía a los 152.5 millones de pesos.

No bien había transcurrido un año de la administración lazarista, cuando la deuda del estado ya se había incrementado en un 945.5%, al arribar a los 1,597.7 millones de pesos.

A la salida de Cárdenas Batel, el Gobierno del Estado ya sumaba una deuda de 6,581.1 millones de pesos, es decir, un 4207% mayor a la que recibió.

La bola de nieve continuaría creciendo en la administración de Leonel Godoy Rangel, tiempo en que la deuda aumentó a más del doble de lo heredado por Cárdenas Batel. De 6.5 mil millones, en el godoyismo los adeudos se elevaron a 15.5 mil millones de pesos.

El panorama no mejoraría con el arribo del priista Fausto Vallejo Figueroa, administración en la que también ocuparon la titularidad del Ejecutivo del Estado, Jesús Reyna García y Salvador Jara Guerrero.

Pese a la convulsión política y social que privó en ese periodo de Gobierno en Michoacán, los niveles de endeudamiento no registraron los incrementos de las dos administraciones anteriores. Pese a ello, al término del gobierno tricolor, la deuda sumaba 17.4 mil millones de pesos.

La administración de Silvano Aureoles Conejo tomó como bandera el saneamiento de las finanzas estatales, argumentando para toda acción “el desastre” que le había sido heredado por los gobiernos que lo antecedieron.

Pese al discurso, el panorama no cambió, y al final de su gobierno los compromisos financieros arribaron a los 22 mil 39 millones de pesos, conforme a la estadística de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las reestructuras

Con Lázaro Cárdenas se daría el primer refinaciamiento de la deuda estatal, abarcando un monto de dos mil 525 millones de pesos, además de la contratación de un endeudamiento adicional por 100 millones de pesos.

En septiembre de 2010, argumentando el déficit del sector educativo que ubicaba en 24 mil millones de pesos, Humberto Suárez López, secretario de Finanzas del Gobierno de Leonel Godoy, arrancó el proceso de diálogo con diputados locales para concretar una nueva reestructuración.

Humberto Suárez fue heredado en el cargo del lazarismo al godoyismo, en donde operó los incrementos de la deuda más altos que se han dado en Michoacán porcentualmente hablando.

Años después fue acusado de peculado y abuso de autoridad en su desempeño como secretario de Finanzas, particularmente en la contratación que se dio de los empréstitos autorizados por el Congreso, pero evitó caer en prisión pagando una fianza cercana a los 50 millones de pesos.

El 14 de enero de 2011 los integrantes de la LXXI Legislatura local, autorizaron a Godoy Rangel la solicitud de reestructuración, lo que implicó la contratación de empréstitos por 4.8 mil millones para pagar deuda de corto plazo, lo que está prohibido por Ley.

Los legisladores que se opusieron entonces a tal medida fueron Manuel Antúnez, Jaime Rodríguez, David Huirache, José Trinidad, Salvador Hernández y Alfredo Anaya Gudiño, éste último acusó que el Congreso estaba avalando una violación: la del secretario de Finanzas, por haber contratado un recurso a sabiendas de que violaba la ley, y que los diputados se sentían Dios, al hacer lo ilegal, legal, y lo inconstitucional, constitucional.

El gobierno de Fausto Vallejo Figueroa arribó al poder en 2012, y con ello los señalamientos sobre quebranto financiero en la administración que le antecedió.

Tales eran los señalamientos que incluso, el entonces diputado Juan Carlos Orihuela, acusó que los exfuncionarios del godoyismo habían hurtado las tazas de baño de Casa de Gobierno, lo que le valió que en Sesión de Pleno del Congreso, su compañera en la LXXII Legislatura, Selene Vázquez Alatorre, le regalara una para que la repusiera la presuntamente robada.

El ocho de agosto de 2012, arribó al Congreso la iniciativa de Fausto Vallejo para la reestructuración de la deuda. Ahí incluyó además la incorporación de cuatro mil millones de pesos adicionales para que le autorizaran de nueva deuda.

La renuencia de la oposición sobre la propuesta del Ejecutivo se fue diluyendo en el camino de la dictaminación, mientras los rumores sobre pagos a cambio del voto de los legisladores estaban a la orden del día.

Eduardo Orihuela Estefan, integrante de la comisión de Presupuesto del Congreso reconocería en declaraciones e interés de los diputados por “amarrar” obras para sus distritos a cambio de su voto.

Finalmente en septiembre de 2012, sin que nadie hiciera uso de la tribuna para posicionarse al respecto, los diputados –salvo Uriel López que votó en abstención- aprobarían la reestructura solicitada por Vallejo.

Pero el Gobierno Estatal, no logró concretar en el tiempo previsto la medida, por lo que tres meses después requirió que el Congreso le autorizara una prórroga, en donde –de paso- se incluyó más deuda para el Estado.

La situación financiera que privaba en la entidad, derivó en lo que fue la primera comparecencia de un funcionario estatal ante el Pleno del Congreso. En la máxima tribuna estatal, el secretario de Finanzas Carlos Río Valencia hizo frente a los cuestionamientos de los diputados en junio de 2013.

Salvador Jara Guerrero arribó al Ejecutivo Estatal y tres meses después, en septiembre de 2014 turnó al Congreso su propuesta de reestructuración de la deuda, y de paso pidió se le autorizara un nuevo empréstito.

Como en todos los casos, el argumento era mejorar las tasas en el pago de la deuda, ampliar los plazos para pagar montos anuales menores, y así poder dar margen al gasto público.

Ahí se destaparía el caso Multiva, en donde los diputados detectaron que un año antes la administración de Fausto Vallejo había desviado 400 millones de deuda para fines no especificados.

El 26 de noviembre de 2014, con 25 votos a favor y 15 en contra, entre acusaciones de “moches”, se aprobó el dictamen que autorizó al Ejecutivo refinanciar y reestructurar empréstitos estatales, en donde –una vez más- se incluyó la conversión de deuda de corto plazo usada en gasto corriente, a deuda de largo plazo.

Durante el proceso de reestructuración y el de la contratación de créditos emergentes como garantía de pago para aliviar los efectos de la deuda burzatilizada generó trabas para la entidad.

En el arranque de la administración de Silvano Aureoles Conejo las finanzas del estado permanecían ahorcadas. En octubre de 2015 calificadoras como Standard & Poor’s y Fitch Ratings mantenían una calificación negativa para Michoacán y señalan un desempeño presupuestal “débil”.

No bien arribó al poder, cuando Aureoles planteó que propondría una nueva reestructuración a la deuda por el monto total contratado a largo plazo. Sin embargo fue hasta diciembre de 2016 cuando el mandatario turnó al Congreso su propuesta, abarcando un monto de diez mil 906 millones 30 mil pesos.
La propuesta abarcaba dos vertientes, por un lado la deuda bursatilizada contratada en Unidades de Inversión (UDIS) por el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel en 2007, y la otra, la deuda contratada en 2013 por Fausto Vallejo.
Para el 2 de marzo de 2017, luego de tres horas de discusión por mayoría se aprobaría la propuesta silvanista por un monto total de 11.5 mil millones de pesos.

Una vez más las versiones sobre la compra de votos de diputados permearon en el ambiente. El monto que para entonces trascendió por legislador fue de 1.5 millones de pesos.

Luego vino el 2019, en donde Aureoles Conejo insertaría en la iniciativa de Ley de Ingresos de 2020, la propuesta para una nueva reestructura de la deuda por 17.2 mil millones y la contratación de nuevos empréstitos por 4.09 mil millones de pesos.

Pese a que la norma establece que la autorización para la contratación de deuda precisa mayoría calificada en la votación del Congreso, el Ejecutivo la incluyó en la Ley de Ingresos del Estado para lograr su validación con mayoría simple.

La situación tensó la discusión del paquete económico estatal. En la noche del 28 de diciembre a los legisladores de Morena de plano les impidieron el acceso a una reunión entre diputados y funcionarios de la Secretaria de Finanzas, en reuniones con las comisiones de Presupuesto y Hacienda.

Las discusiones en el proceso de dictaminación del tema en las comisiones de Presupuesto y Hacienda, serían tensas y sin lograr una modificación sustancial a la propuesta del Ejecutivo.

En la madrugada del 31 de diciembre, tras un intenso debate, por mayoría del Pleno Legislativo se aprobó dentro de la Ley de Ingresos del Estado, la reestructuración de la deuda pública de largo plazo hasta por 17.2 mil millones de pesos, así como la contratación de nuevos empréstitos por un monto máximo de 4.09 mil millones de pesos.
Salvo los diputados de Morena, Teresa López, Zenayda Salvador, Alfredo Ramírez, Fermín Bernabé, Cristina Portillo, Sergio Báez y Antonio Madriz, el resto de los legisladores votaron a favor en lo general de la Ley de Ingresos 2020.
Como por casualidad, los diputados Francisco Cedillo de Jesús, Sandra Luz Valencia, Laura Granados Beltrán, Osiel Equihua Equihua y Mayela Salas Sáenz de Morena, no asistieron a la sesión, unos pretextando enfermedad y otros no tener con quien dejar a sus hijos.
En las afueras de Palacio Legislativo, manifestantes repudiaban la contratación de más deuda para Michoacán.

En vísperas de vencer el plazo legal para hacerlo, la bancada de Morena junto con dos legisladoras petistas, promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Ingresos del Estado aprobada, particularmente en la porción normativa que autorizó al Ejecutivo la contratación de deuda pública hasta por cuatro mil noventa millones de pesos.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se sumaría a la acción promoviendo su propia acción de inconstitucionalidad al respecto.

No pasaron ni 12 días, cuando las petistas Brenda Fraga Gutiérrez y Teresa Mora Covarrubias se desmarcaron de la acción de inconstitucionalidad y dejaron solos a los diputados de Morena.

Finalmente la querella no prosperó.

Especiales 3.0

Michoacán, más de tres lustros de finanzas ahorcadas

Por: Patricia Monreal