10 funcionarios del gobierno de Michoacán han sido destituidos en los últimos dos años por incumplir con el pago de pensión alimenticia, de acuerdo con la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer).
La dependencia subrayó que no se tolerará la violencia económica y que se reforzarán las sanciones contra quienes evadan esta responsabilidad.
En entrevista, Alejandra Anguiano, titular de Seimujer especificó que se supervisan todas las áreas para identificar a posibles deudores. Para lo anterior, hay coordinación con el poder judicial e incluso las colectivas.
Aunque no se han revelado los nombres de los funcionarios cesados, se estima que en el estado hay más de 8,000 deudores alimentarios, quienes podrían enfrentar restricciones legales y administrativas.
Esta semana, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla firmó un paquete de reformas en materia de obligaciones alimentarias, el cual ya fue entregado al Congreso local. La propuesta contempla la modificación de 50 artículos en 13 leyes y dos códigos, con el objetivo de garantizar que los deudores cumplan con sus obligaciones.
Entre las principales medidas, se establece que quienes tengan adeudos por pensión alimenticia no podrán ocupar cargos públicos en los tres poderes, tanto a nivel estatal como municipal. Además, se les prohibirá tramitar o renovar concesiones, permisos de transporte y licencias de conducir.
