La reforma constitucional para la extinción de dominio sobre los bienes con origen de corrupción y huachicoleo se publicó este jueves en el diario oficial de la Federación.
El pasado 7 de marzo se declaró la constitucionalidad de dicha modificación, luego de haber sido aprobada en 20 congresos locales que avalaron las modificaciones al artículo 22 y la fracción 30, del artículo 73 de la Constitución.
“Será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos” se lee en el texto publicado.
El Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónomo del penal, será quien ejerza la acción de extinción de dominio, ya que “las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio en el cumplimiento de esta función”.
