Rodrigo Caballero/ @RodCaballero
Morelia, Michoacán.-Se esfumó, ese verbo describe perfectamente lo que sucedió aquel día; la sala de espera para un chequeo médico se convirtió en el último lugar en el que Quirina Guzmán vio a su hijo.
-Me dijo ‘mamá voy a pedir información’ y no regresó, no lo volví a ver, regresé a mi casa llorando sin saber que hacer- relata sorprendida, como si no hubieran pasado dos años.
Eso fue el 20 de abril del 2013, doña Quirina asegura que fueron miembros de la policía lo que levantaron y desaparecieron a su hijo. Sin embargo, interponer denuncias contra servidores públicos representa ponerse en riesgo.
Las autoridades michoacanas, tales como la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), han mostrado un nulo interés por resolver los casos de desapariciones que llegan a sus manos en forma de denuncia.
Inclusive, las quejas en contra de cuerpos policiacos o militares han generado amenazas contra las madres de los desaparecidos instantáneamente, así lo relató Janahuy Paredes, una de las dirigentes del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas y Detenidas en México (Cofaddem).
“Lamentablemente, los mismos órganos internacionales nos han dicho que no hay voluntad política por parte de las autoridades” aseguró la activista.
La falta de esa “voluntad política” provocó que las autoridades estatales negaran las cifras de desaparecidos en Michoacán durante el gobierno de Fausto Vallejo Figueroa. “Amnistía Internacional estuvo monitoreando y dio recomendaciones al Gobierno del Estado pero éste nunca las respondió” declaró Janahuy.
Si de algo sirvió el involucramiento de organismos como Human Rights Watch y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fue para que el hostigamiento contra las madres de familia parara.
“El acoso contra los familiares inicia en el primer momento de la denuncia, ya hay una amenaza, hay una advertencia de que si sigues poniendo denuncias contra las autoridades le puede pasar algo a tu familia” detalló Janahuy Paredes.
El acoso es algo que doña Quirina ha experimentado en carne propia, el sólo hecho de señalar a elementos policiacos como los posibles responsables de la desaparición de su hijo representó amenazas y desconsideraciones por varias autoridades, desde agentes del Ministerio Público hasta defensores de Derechos Humanos.
-Yo no quiero acusar a nadie, yo quiero que mi hijo regrese- señaló doña Quirina.
Desafortunadamente las desapariciones forzadas no forman parte del discurso de ninguna autoridad en la actualidad ni en las venideras, los candidatos a la gubernatura de Michoacán no le han dedicado propuestas a la solución de dicho problema.
Mientras se espera la llamada “voluntad política”, las madres de familia unidas al comité autodenominado “Alzando Voces” se reúnen cada 10 de mayo para conmemorar un año más sin saber de sus propios hijos.
-No es una fecha de celebración, es un día de lucha y reclamo a las autoridades- aseguró Mercedes Ruiz durante la manifestación de este domingo.
Mercedes encabezaba las protestas con una lona que mostraba la foto de su hijo y la socia de su hijo quienes desaparecieron tras acudir a Tierra Caliente como abogados en representación de una comunidad. Lo extraño del caso es que la última vez que hubo registro de ellos fue cerca de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán.
-Lo que queremos es que se reconozca el problema y que el Gobierno Estatal ponga cartas en el asunto que no se olvide porque nosotras no olvidamos, que estén desaparecidos no implica que los hemos olvidado- reclamó durante la marcha.
