Sarai Díaz / @Sarai3_0
Morelia, Michoacán.-La madrugada del 8 de febrero hombres armados ingresaron al domicilio de Anabel Flores Salazar, la sacaron a la fuerza y la obligaron a subir a una camioneta. En casa quedó su madre llorando junto a los dos pequeños hijos de la reportera, un bebé de escasos meses y otro de 4 años.
Un día después su cuerpo fue localizado a la orilla de la de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, en Puebla. Su cuerpo estaba semidesnudo y maniatado, además presentaba huellas de tortura.
El caso de Flores Salazar, periodista del estado de Veracruz, es uno de los 114 homicidios registrados en los últimos 16 años en el país, según los datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
A esto se suman los 23 periodistas que se encuentran desaparecidos desde hace 13 años, cuatro de ellos en Michoacán. Además de 49 ataques directo a los medios de comunicación en 10 años.
En América Latina, México se encuentra a la cabeza de entre los países con más asesinatos a los trabajadores de la prensa y activistas de derechos humanos, mientras que en el mundo ocupa el tercer lugar, sólo por debajo de Afganistán y Siria.
La Asociación Reporteros Sin Fronteras, en su informe ‘Balance 2016 de periodistas asesinados en el mundo’, vuelve a reiterar lo dicho en el 2015:
«México es el país más letal para la prensa en toda América Latina».
Las entidades con más agresiones en el país son: Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Puebla, con 31, 28, 27, 17 y 15 casos, respectivamente, reporta la organización Artículo 19, quien en su reciente informe señala que en 7 meses, ocho periodistas fueron asesinados en el país, uno más que en 2015.
¿Quién agrede y mata periodistas?
Diversas organizaciones entre ellas, Artículo 19, Reporteros Sin Fronteras y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, apuntan que el incremento de las agresiones y homicidios a periodistas, así como ataques a los medios de comunicación, son perpetrados por el crimen organizado, toda vez que los índices más altos de ataques son en estados donde existe la presencia de cárteles de la droga.
No obstante, otro gran porcentaje de las agresiones son cometidas por las propias autoridades del país, principalmente por los policías y funcionarios de alto nivel.
Artículo 19 refiere que en el 2016, los agresores más comunes fueron los servidores públicos, con 101 casos, contra 7 agresiones por parte de la delincuencia organizada.
“Por eso el Estado no funciona, quien debería de brindar protección se convierte en el principal perpetrador de los ataques”, recalca Artículo 19.
En tanto que Reporteros Sin Fronteras dice: “Las autoridades policiales y judiciales, en extremo corruptas, cierran los ojos mientras los cárteles atacan a los periodistas”, subraya el informe, en el que se añade que “los elementos de la policía son los principales agresores de periodistas en México”.
Los desaparecidos
Artículo 19 señala que en promedio 2 periodistas han desaparecido por año en México desde el 2003 al 2015. Los estados de Guerrero, Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Sinaloa y Tabasco tienen entre uno y dos casos.
En su informe ‘Periodistas desaparecidos en México’ señala que en 12 años, 23 trabajadores de la prensa desaparecieron, de los cuales el 96 por ciento de los casos se identifica como antecedente la cobertura informativa relacionada con temas de corrupción y de seguridad, en los que se relaciona a funcionarios y crimen organizado.
Aunado a esto, la organización internacional también señala que en el 22 por ciento de los casos, los comunicadores recibieron amenazas previas por su labor informativa.
En Michoacán hay cuatro casos de periodistas desaparecidos, el primero de ellos José Antonio García Apac, de Tepalcatepec; Mauricio Estrada Zamora, de Apatzingán; María Esther Aguilar, de Zamora, y Ramón Ángeles Zalpa, de Paracho.
La Comisión exhortó al Estado mexicano a poner atención a esta problemática y con ello evitar más ataques, asimismo exhortó a garantizar la investigación y sanción de los ya cometidos, ya que la mayoría de los casos quedan impunes.
«El ejercicio periodístico es requisito indispensable para ejercer una plena libertad y fortalecer el debate público», concluyó el organismo.
