Desde el inicio de 2018, la primera voz de alerta la emitió el rector de la Universidad Michoacana respecto a la asignación de un presupuesto insuficiente para la máxima casa de estudios de la entidad e incluso poniéndole fecha al punto de la crisis, el mes de octubre tras agotarse los recursos ordinarios en septiembre.
En marzo, Víctor Zavala, dirigente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), anunció el inicio de movilizaciones para reclamar pendientes desde años atrás al referente magisterial, también con la advertencia de que el fin de año sería difícil en materia financiera si se acumulaban los débitos y más aún, cuando ya se empezaban a presentar retrasos en el pago de las quincenas para los docentes del nivel básico.
A la par de estas quejas, en el transcurso del año se sucedieron las protestas de egresados normalistas contratados desde el 2017 y a quienes se les acumulaban hasta pagos completos al haber sido contratados para suplir a maestros jubilados. Los mismos docentes contratados bajo la figura de “idóneos” impulsada por la Reforma Educativa, se unieron a la demanda de pagos, al reclamar que incluso cuando les fue asignado un lugar de trabajo, el mismo nunca pudo ser ocupado por las fricciones con la CNTE, contraria a todo a lo que oliera a la “mal llamada Reforma Educativa”, como la calificaron los centistas.
A mediados del año, en julio empezaron las movilizaciones de otros referentes sindicales del área educativa: los trabajadores de subsistemas educativos como el Colegio de Bachilleres, Conalep, el bachillerato tecnológico, el Telebachillerato e incluso las Telesecundarias, iniciaron movilizaciones para demandar puntualidad en los pagos y cubrir los rezagos en materia de bonos y prestaciones tanto en el nivel estatal como en el federal, demandas que también siguieron los trabajadores de los seis tecnológicos descentralizados ubicados en Michoacán.
Esta dinámica arrastró incluso a los jóvenes que habían sido beneficiados por las Becas Próspera y los cuales vieron como el gobierno estatal canceló el proyecto y no les entregó siquiera recurso alguno, con el pretexto de que se haría una “depuración”, cuando los solicitantes ya habían cubierto los requisitos para acceder a estos apoyos federales.
Desde septiembre pasado justamente estallaron con mayor intensidad los conflictos, con tomas constantes ante la Secretaría de Finanzas y la misma Secretaría de Educación, además de marchas y plantones ante el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno para exigir que las autoridades cubrieran los rezagos, actualizaran los pagos de quincenas y que los presupuestos anuales aprobados por los legisladores integraran las prestaciones contractuales, mismas que desde el 2017, en un escenario similar al de este año que termina, dejaron de cubrirse y aún cuando este fue uno de los primeros razonamientos esgrimidos por los sindicatos para emplazar a huelga, cabe señalar que las mismas no se estallaron al considerar los agremiados la falta de condiciones para ir a movimientos en los que no tenían asegurado conseguir sus objetivos en el contexto de quebranto financiero de las instituciones.
Esta dinámica de protesta permanece hasta nuestros días. Las marchas han sido constantes hasta hace una semana y se prevé este lunes 17 que más de 50 sindicatos agrupados en el Frente en Defensa del Salario y la Estabilidad Laboral, salgan a las calles de nueva cuenta ante un cierre del año en el que ven bajo riesgo la entrega a tiempo de prestaciones como el aguinaldo, contemplado como prestación obligatoria en la Ley Federal del Trabajo, y bonos sindicales integrados en sus contratos colectivos de trabajo.
De acuerdo a cifras de la CNTE, son alrededor de 150 mil los trabajadores tan sólo del sector educativo afectados por esta falta de pagos, con montos hasta por 8 mil millones de pesos, mientras que desde finales de noviembre, el discurso del gobernador Silvano Aureoles Conejo y del secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, quien cifró el déficit en 5 mil millones, aludían a dificultades financieras para cubrir pagos, incluso para los burócratas, al igual que el Ejecutivo amenazó con desconocer los convenios con la federación en materia de descentralización educativa y con el no pago a los docentes al inicio de diciembre.
El discurso oficial, de constantes acusaciones sobre presuntas excesivas exigencias tanto de maestros del nivel básico como de los universitarios con “jugosas prestaciones”, ciertamente cambió con el compromiso del nuevo gobierno que encabeza desde el primero de diciembre Andrés Manuel López Obrador, que anunció a través del delegado especial Roberto Pantoja Arzola, la “inyección” de 5 mil millones para apoyar el cierre del año, aunque no se sabe cuándo se concretará y si en el mismo paquete estaría contemplada la Universidad Michoacana, que interrumpió el flujo regular de pagos a casi 10 mil trabajadores desde octubre. Simplemente este viernes, se esperaba de acuerdo con el rector Medardo Serna González, que llegaría algún apoyo, mismo que no se concretó y se adeuda además la primera quincena ya de este mes. De acuerdo al rector, se requieren poco menos de mil millones de pesos para cubrir los compromisos laborales de fin de año.
El año ha sido en suma, de gran dificultad para los sindicalizados del área educativa. Y aún no termina y más allá de ofrecimientos, como lo señaló el líder de la CNTE durante las movilizaciones del martes 11 de diciembre, se requiere de voluntad y de soluciones reales, es decir, “hasta que no tengamos el cheque en las manos”.
