En la mira de la Auditoría Superior de la Federación se encuentran más de 160 millones de pesos que la administración de Silvano Aureoles Conejo no ha logrado aclarar, lo que representa un probable quebranto a la hacienda pública federal, de los recursos provenientes del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).
El informe sobre la Cuenta Pública Federal, entregado el domingo por la Auditoría al Congreso de la Unión, da cuenta de las irregularidades registradas en el gobierno silvanista –con Diana Carpio Ríos frente al sector salud estatal-, en el ejercicio de los recursos del INSABI durante 2020, año de arranque de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.
Inicialmente la Auditoría detectó irregularidades por 166.2 millones de pesos, de los que la pasada administración estatal sólo logró aclarar el destino de 5.5 millones de pesos, por lo que está pendiente de clarificar el destino de 160 millones 726 mil 897.05 pesos.
En la revisión de los recursos del INSABI, el órgano fiscalizador emitió 14 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 6 Pliegos de Observaciones.
Los recursos del INSABI debían ser destinados a garantizar la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social durante el 2020.
En el ejercicio de los recursos el Gobierno del Estado incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de transferencia de recursos; registros e información contable y presupuestal; destino de los recursos; servicios personales, y adquisiciones, arrendamientos y servicios, reporta la Auditoría.
El probable quebranto a la hacienda pública federal, en que habría incurrido la administración estatal, abarca el 8.8 por ciento de los recursos fiscalizados.
Además el Gobierno Estatal no reportó lo relativo a indicadores y resultados de la evaluación; no publicó la información relativa de los universos, coberturas y servicios ofrecidos, y no difundió la información en su página de Internet o en su medio local de difusión relacionada con el personal comisionado, los pagos retroactivos y los pagos realizados diferentes al costo asociado a la plaza del personal con cargo al programa.
También se detectaron pagos en exceso a 566 trabajadores que no se ajustaron al monto convenido en los contratos de prestación de servicios, en incumplimiento de la Ley General de Salud, además de no formalizar debidamente la relación laboral con 318 trabajadores.
