Durante el mandato de Enrique Peña Nieto, las violaciones a los derechos humanos han sido una constante, las cifras así lo demuestran, tanto que entre 2013 y 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incrementó en un 253.6 por ciento el número de casos abiertos en México.
Casos como el de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán, y Tanhuato que han sido de los más emblemáticos en este sexenio, se suman a cientos de asuntos de violaciones a los derechos humanos que no siempre encuentran eco en los organismos de derechos humanos, ni encuentran resultados en las instancias de procuración e impartición de justicia del país.
El próximo primero de septiembre Enrique Peña Nieto rendirá su quinto informe de labores; él arribó a la presidencia de la República el primero de diciembre de 2012 por lo que son los datos de 2013 los primeros atribuibles a su administración federal.
Las cifras de la CIDH tienen corte a 2016, año en que el número de asuntos aperturados arribó a 488, esto es un alza de 350 casos con respecto al primer año de funciones peñistas en 2013, cuando la cifra sumó 138.
Para el 2014 los asuntos aperturados en la Comisión arribaron a 164, mientras que en 2015 pasaron a 311, y para 2016 –como ya se señaló- fueron 488.
En el caso de Michoacán las denuncias presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra fuerzas federales de seguridad, encontraron su punto más álgido en la ruta inicial del peñismo, cuando hicieron su aparición los grupos de autodefensa y entró a operar la federación en la entidad a través de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, con Alfredo Castillo Cervantes a la cabeza.
Las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Secretaría de la Marina (SEMAR), y la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF), sumaron un total de 294 quejas presentadas ante la CEDH en 2013; y para 2014 fueron 309. En 2015 la cifra bajó a 76, y en 2016 llegaron a 30.
El caso Iguala
Uno de los asuntos de violaciones a los derechos humanos que mayor impacto ha causado en la opinión pública durante el sexenio peñista es el caso Iguala, ocurrido durante la noche del 26 y la mañana del 27 de septiembre de 2014, cuando fuerzas de seguridad y elementos castrenses persiguieron y atacaron a jóvenes estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Tal situación derivó en la desaparición de 43 normalistas, nueve personas asesinadas y 27 heridos. Entre las imágenes dadas a conocer que más estremecieron a la opinión pública estaba la de Julio César Mondragón, uno de los normalistas muertos al que su rostro había sido desollado.
El caso Tlatlaya
Este tema derivó en la recomendación 51/2014 emitida por la CNDH y se refiere a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en la madrugada en San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya, Estado de México, en los cuales elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional asesinaron a 22 personas, entre ellas una adolescente de 15 años.
De inicio la versión que se manejó es que lo ocurrido había sido tras un enfrentamiento registrado entre un grupo de civiles y los elementos militares. Con el paso del tiempo se confirmaría la versión de una ejecución extrajudicial por parte de los elementos de seguridad federal.
El caso Apatzingán
Uno de los temas particularmente sentidos en Michoacán fue el ocurrido en Apatzingán el seis de enero de 2015 y que fue motivo de la recomendación 3VG emitida ese mismo año por la CNDH sobre la investigación de “violaciones graves a los derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza” que derivó en la privación de personas, así como en “la ejecución extrajudicial” de otra.
En su recomendación el organismo hace una narración sintetizada de los hechos ocurridos a las 2:34 y las 7:43 horas de ese día en donde 44 personas fueron detenidas y acusadas de violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como de asociación delictuosa.
El caso Tanhuato
Otro asunto sentido para Michoacán fue el del Rancho de El Sol en el municipio de Tanhuato ocurrido el 22 de mayo de 2015, en donde 42 personas y un policía perdieron la vida.
La CNDH en su recomendación 4VG /2016, determinó que la Policía Federal ejecutó de manera arbitrara a 22 personas, 13 de ellos tenían tiros en la espalda porque presumiblemente se les aplicó llamada Ley Fuga, además el organismo acreditó hechos que implican “graves violaciones a los derechos humanos” como tortura y uso excesivo de la fuerza.
De los ejecutados cinco lo fueron por disparos desde un helicóptero, otro más uno fue herido de bala y expuesto a fuego directo estando aún con vida, tres fueron victimados a pesar de que ya estaban sometidos, y otro presentó lesiones similares a un atropellamiento.
