Alejandro Baltazar / @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.- Desde 2006, la violencia y la criminalidad en México alcanzaron nuevas alturas. Batallas entre grupos criminales han llevado a un repunte sin precedentes en homicidios y otros delitos.
A lo largo de este tiempo se ha denunciado la extorsión generalizada y sistemática de la población civil y que el Estado no ha proporcionado una respuesta satisfactoria a este problema. Así lo describe el informe Mexico’s Security Dilemma: Michoacán’s Militias, elaborado por el Institute Mexico que pertenece al Wilson Center.
Como su nombre lo señala, el informe da cuenta de los nuevos grupos de milicia, como se refiere a los grupos de autodefensa originados en la región de Tierra Caliente en Michoacán.
De estos, señala el estudio se han detectado diferentes orígenes, motivos e intereses a largo plazo. Mientras que unos son pequeños agricultores y empresarios que buscan alivio al dominio de los Caballeros Templarios, otros parecen pertenecer a organizaciones de narcotraficantes que buscan tomar ventaja de la situación.
Se armaron con lo que pudieron, muchos de ellos con armas de alto poder, armas la cuales es ilegal su portación. Esta y otras transgresiones a la ley se pasaron por alto ante la desesperación que ha significado para la población el problema del narcotráfico.
En poco tiempo tomaron el control de numerosas ciudades, expulsaron a los Templarios de las zonas urbanas de la región, así como a funcionarios estatales, obligando la intervención federal.
El informe señala que el crecimiento de los grupos de autodefensa tomó por sorpresa a muchos, entre ellos el gobierno federal, se lee “Enrique Peña Nieto no sabía qué hacer al principio y su respuesta fue diferida, enviando primero al Ejército y Policía Federal pero la fuerza de los grupos de autodefensa era mayor obligando al gobierno a ofrecer algo más.”
Producto de ello, ocurrió la llegada de Alfredo Castillo, como comisionado especial para el estado, con el objetivo de tomar el control del mismo, crear un marco legal propicio e intentar la incorporación de los grupos de autodefensa al redil de seguridad.
Se anunciaron dispendios de grandes sumas de dinero para programas económicos y sociales pero las fuerzas de seguridad continuaron sin querer ver las armas ilegales y los registros turbios de varios miembros de las autodefensas, incluidos algunos líderes.
Mientras tanto, el gobierno federal daba inicio con operaciones conjuntas entre las tropas federales, la policía y los grupos de autodefensa para ingresar a los pablados juntos, partiendo de los hallazgos de inteligencia de los grupos comunitarios.
De estas acciones derivó el arresto de varios Caballeros Templarios, incluido algún líder y los abatimientos de otros más como fue el caso de Nazario Moreno, líder del grupo criminal. El informe señala que a partir de ese momento, 9 de marzo, inició la culminación de la alianza entre los órganos federales y las guardias comunitarias.
Esta alianza, señala el informe del Centro Wilson, se fue desmoronando al punto que el gobierno federal ha retirado su apoyo, detuvieron a un líder de los grupos comunitarios por su supuesta participación en el asesinato de otro elemento comunitario y el enviado de Peña Nieto, Alfredo Castillo ordenó en el abril pasado el desarme de los grupos bajo la consigna de ser arrestados en caso contrario.
El gobierno ha mostrado preferencia por cierta fracción de los grupos de autodefensa, en específico por lo que no han mostrado ninguna resistencia a la formalización de los grupos en fuerzas de seguridad rural.
La fractura entre los grupos de autodefensa, señala el informe, fue propiciada por estás acciones preferenciales, puesto que algunos líderes comunitarios afirmaron que el gobierno les traicionó y ahora lucha contra ellos. Por lo que buscarán tener presencia permanente en sus comunidades con o sin el apoyo del gobierno.
Varias son las preguntar que quedan sin responderse, el informe subraya la preocupación de determinar cómo los grupos de autodefensa encajan en la lucha contra las grandes organizaciones criminales y más cuando existen casos de Estados rebasados.
El Estado de México, por ejemplo, en el nivel municipal y estatal ha demostrado ser incapaz de proteger a sus ciudadanos, por lo que se avisa la posible conformación de grupos de autodefensa que surjan en ausencia del estado.
La experiencia en Michoacán no se ha movido, el Estado mexicano aparenta entender que el objetivo de los grupos de autodefensa es ayudar a garantizar la seguridad, aunque estos, parecen estar operando en un espacio gris en que la diferencia entre legal e ilegal no es clara.
Insight Crime señala sobre el futuro de los grupos de autodefensa, que actualmente la dirección a la que se dirige el gobierno consiste en deslegitimar y desarmar a las milicias, lo que podría provocar una reacción violenta, incluidos enfrentamientos entre los líderes.
Para finalizar, el informe señala que el experimento de las autodefensas en Michoacán ha ilustrado que las organizaciones criminales pueden ser desmontadas rápidamente con una alianza fuerte y funcional entre la comunidad y el gobierno, aunque, por otro lado, sin el marco jurídico definido en tanto los roles, existen pocas garantías de que el trabajo no quede a la mitad.
Por ello, alertan de que otro grupo criminal pudiera ocupar el espacio o una nueva versión de los Caballeros Templarios podría surgir a partir de la desmovilización de las autodefensas, incluso tal vez, reforzado con elementos de las milicias rurales.
