Alejandro Baltazar/ @Doncaracol3_0
Morelia, Michoacán.-Las distintas asambleas universitarias en Defensa de la Educación Gratuita turnaron al presidente de la Comisión de Educación del Congreso del Estado de Michoacán, el diputado Salomón Rosales Reyes, una Solicitud de Unidad Programática Presupuestal como parte de las acciones que han emprendido para que este derecho no sea vulnerado en la máxima casa de estudios del estado.
Dicho documento responde a la reunión de trabajo realizada el 3 de abril del 2014 entre los integrantes del Movimiento Estudiantil por la Gratuidad y los diputados integrantes de la Comisión de Educación, los cuáles solicitaron un escrito con la exposición de motivos, inquietudes, solicitudes y propuesta de trabajo.
Con este documento se busca que los diputados generen una Unidad Programática Presupuestal, o en otras palabras, consideren una partida en el la Ley de Egresos del estado que contemple por lo menos 100 millones de pesos que se destinarán al pago de cuotas de inscripción de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
En el documento exponen como motivos y razones de su causa lo que se encuentra estipulado en el artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que todos los individuos tienen derechos a recibir educación y esta será impartida por el Estado-Federación, Estados y Municipios.
En dicho artículo queda claramente estipulado en la fracción IV que “Toda educación que el Estado imparta será gratuita”
De la misma forma, el documento apela al Decreto 213, conocido como el Decreto de gratuidad, signado durante la administración de Leonel Godoy y publicado en el año 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán.
Dicho Decreto estipula en el artículo segundo transitorio que “Las obligaciones derivadas de este Decreto serán cumplidas de manera gradual progresiva, inicialmente la gratuidad implicará el pago de inscripción en las instituciones públicas de media superior y superior hasta el grado de licenciatura…”
De la misma forma señala que otros servicios como exámenes, cursos, certificados, credenciales, cartas de pasante, titulación y constancias serán gratuitos según la disponibilidad presupuestal con la que cuente el Estado.
Sobre la aplicación del Decreto de gratuidad, acusa el documento enviado al diputado Salomón Rosales Reyes, se indica que a partir de la publicación de la Circular de Medidas de Gratuidad todas las instituciones públicas educativas dejaron de colectar el cobro de inscripciones a los alumnos desde educación inicial hasta nivel licenciatura.
Además, se argumenta que en el marco jurídico estatal, se encuentra contemplado en el artículo siete de la Ley de Educación para el Estado de Michoacán que éste está obligado a impartir la educación en todos los grados a sus habitantes, garantizando el máximo logro de aprendizaje de los educandos, y a su vez tiene la obligación de promover la educación inicial, especial, indígena entre otros servicios educativos.
Sobre los amparos y el reconocimiento constitucional
Cabe recordar que en el caso de la gratuidad y los amparos colectivos interpuestos por parte de las asambleas estudiantiles, Marco Antonio Tinoco Álvarez, secretario general del Instituto Mexicano del Amparo, en entrevista para Michoacán3.0 señaló que al estar contemplada la gratuidad den la Constitución Política de México, los 33 amparos colectivos son procedentes.
Esto a distinción de lo ocurrido el pasado 27 de febrero del 2014 cuando el Juzgado Cuarto del Distrito en la entidad, otorgó la Suspensión Definitiva al Juicio de Amparo presentado por los estudiantes, lo cual se determinó como violatorio a sus derechos.
De la misma forma, señaló que los amparos colectivos son una innovación contemplada en la nueva Ley de Amparo incorporada en 2008, por lo que, al estar vulnerados los derechos de los estudiantes, como lo es el de la gratuidad educativa, estos serán restituidos por las instancias jurídicas pertinentes.
