Morelia, Michoacán.- El Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y la Asociación Civil ‘Responde Diversidad’, presentaron los resultados del Informe “Dato Protegido, Derechos Seguros”, el cual reveló, que existe un temor de la población VIH positiva a que sus datos sean develados por las instituciones de salud.
Durante la presentación, Selene Laris López, encargada de seguimiento en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, mencionó que en 2017, un paciente con VIH interpuso una queja ante el organismo autónomo, misma que terminó en una recomendación hacia la directora del Centro Ambulatorio para la Atención de Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (Capasits), por discriminación y violación a la confidencialidad y privacidad de datos.
Este caso, sentó un precedente en la CEDH y la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado –ahora Fiscalía General del Estado- respecto a la necesidad de capacitar a las instancias que intervienen en la detección y atención de la población con VIH y SIDA, para que respeten los Derechos Humanos de las personas portadoras del virus y no divulguen sus datos personales.
Daniel Marín Mercado, presidente de Responde Diversidad A. C., señaló que un estudio realizado en 2017, con una muestra de 300 pacientes de VIH y Sida, arrojó que 45 de ellos afirmaron haber experimentado violación a la privacidad de sus datos confidenciales personales.
“Las personas que viven con VIH tienen miedo a que la gente se entere de sus datos personales y eso permite una posición sumisiva ante cualquier institución y debemos de reconocer que cualquier relación con un funcionario público es una relación de poder, y entonces eso implica que inmediatamente (el paciente) adquiera una actitud de miedo, de tal forma que siempre está pensando que sus datos personales pueden ser develados”, externó el activista Daniel Marín Mercado.
A partir de ahí, se planteó la urgencia de poner en marcha un proyecto de capacitación para servidores públicos del sector salud.
“Aun en los servidores públicos persisten los estigmas internalizados en torno de que las personas con VIH tienen la obligación de decirlo independientemente de la profesión que ejerzan y que tienen que socializar su estado de salud, a pesar de que a lo mejor hayan tenido una relación sexual con protección o a pesar de que ahora se sabe que una persona en tratamiento es intransmisible, es decir, puede tener relaciones sexuales sin transmitir el virus”, expuso Daniel Marín.
Otro de los retos al elaborar el diagnóstico, fue el instar a participar a la comunidad VIH positiva: “Muchas de las personas que viven con VIH tienen cierto recelo a participar en espacios que no sean institucionales por ese temor de que develen su estado de salud; es un reto muy importante”, destacó.
Dentro de este proyecto y diagnóstico, se llevaron a cabo talleres para informar a las personas portadoras del virus, sobre su derecho a exigir la protección de sus datos personales.
