Concentrar datos concernientes al personal adscrito en el ejercicio fiscal 2018, solicitó la Secretaría de Educación del Estado (SEE) a directores de planteles y centros de trabajo, trámite que deberán cubrir en un periodo que inició el 25 de junio para concluir el 12 de julio próximo y que forma parte del proceso para la formalización de la nómina docente.
En un escrito girado con fecha 24 de junio por Héctor Ayala Morales, subsecretario de Educación Básica de la SEE, se instruye a los directivos a “validar y entregar la información del personal con clave estatal (en función de supervisión, dirección, docente o de apoyo), así como del personal eventual o mandos, que laboró en sus centros de trabajo durante el ejercicio fiscal 2018”.
El escrito señala que el proceso es parte de los acuerdos establecidos en la mesa tripartita que mantiene la federación con el gobierno estatal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), referente que se ha pronunciado en contra de la realización de un censo que anunció primeramente la SEE para establecer el número de docentes en activo, igual que lo hizo en su momento para rechazar este registro como parte de la Reforma Educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la dependencia, en el estado existen 70 mil trabajadores docentes y administrativos, con una población escolar de un millón 214 mil alumnos y alumnas de educación básica y media superior y superior, y 13 mil 11 planteles públicos y privados.
Cabe destacar que aún antes de que se concretara la derogación de la norma por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el presidente había anunciado la federalización de la nómina docente en Michoacán, a partir de las movilizaciones de la CNTE en febrero y que derivaron en la mesa conjunta; con la reforma derogada, el gobierno federal reiteró hacerse cargo de la nómina magisterial en todo el país.
Según el documento de la SEE, se pide considerar a los directivos que la concentración de esta información, “es de suma importancia y obligatoria para continuar con el proceso de diagnóstico para la conclusión de la federalización del gasto educativo”, al igual que hace una advertencia: “la posible omisión por parte de los responsables de centros de trabajo respecto a esta disposición puede provocar que su personal quede fuera del proceso”, lo que generaría “una posible responsabilidad administrativa a quienes no cumplieron con la actividad en el plazo establecido”.
