Cherán, entre el dilema del autogobierno y la procuración de justicia

El 29 de diciembre del 2014, en el barrio tercero de Cherán, en una “fogata baile” dos grupos de jóvenes se hicieron de palabras y terminaron en los golpes. Por la disputa, corrieron en la calle y se refugiaron en una casa mientras algunas piedras y mazorcas “volaban”; desde un balcón, una persona se asoma y detona una pistola; todos los jóvenes corren y huyen, menos Ramiro Tsihueri.

Ramiro, de 17 años, cayó herido y sus amigos lo auxilian para llevarlo al Centro de Salud. Ahí, el diagnóstico fue un golpe en la cabeza, pero no lo atendieron. Para trasladarlo a la ciudad más cercana, Uruapan, fue necesario pedir prestada una ambulancia al municipio de Paracho, ya que la de Cherán se encontraba averiada. Tsihueri llegó al hospital del ISSSTE sin vida, a causa de dos impactos de bala en la cabeza.

En aquel año, la comunidad de Cherán rondaba el cuarto aniversario de su levantamiento que los llevó a lograr el autogobierno. El ambiente era de tranquilidad. El Concejo Mayor de Gobierno es la máxima autoridad y se divide en Comisiones que atienden los asuntos de la población en sus diferentes rubros. La comunidad tiene acceso directo a los recursos propios asignados por el presupuesto Federal, parte medular de su autonomía.

El martes 2 de septiembre del 2019, en un espacio público cercano a la Plaza Principal de esa localidad, fue detenida una persona por el homicidio de Ramiro Tsihueri, suscitado casi 5 años atrás. La Ronda Comunitaria realizó la detención y se puso a disposición de la Comisión de Honor y Justicia del Concejo Mayor. Después de horas, elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, de la zona de Zamora, acudieron al lugar para presentar al presunto homicida ante el Ministerio Público.

Este caso de homicidio pareciera ser un asunto rutinario para la Fiscalía de Michoacán; sin embargo, ante los nulos avances, la familia de Ramiro se vio forzada a investigar y peregrinar de un lado a otro en busca de justicia para el jóven, hasta que los esfuerzos desembocaron en la detención de una persona.

La vida pública en Cherán es regida por un gobierno electo mediante los Usos y Costumbres de esta población indígena; sin embargo, el homicidio de Ramiro los ha enfrentado a un problema inédito para su autogobierno: el juzgamiento de un delito, que viene acompañado por el desdén de la Fiscalía, o por una suerte de revanchismo contra la autonomía de este pueblo purépecha.

Yunuen Torres, hermana del joven asesinado, habla sobre la situación y refiere sobre lo acontecido y duda del proceso legal ahora que el detenido está en manos de la Fiscalía: “ A mí me da mucha duda, sabemos que los proceso son complicados y que es largo, pero los que imparten justicia sólo dicen y dicen… Además, te dejan sentimientos de coraje como familia”.

También refiere que en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ahora Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), existe poca credibilidad o pocas “ganas de creer” en Cherán, ya que por nuestra condición de gobierno, a veces nos dejan entredicho: “ pues es de ustedes la bronca”.
El 7 de agosto del 2015nse expide una orden de aprehensión contra el presunto homicida del joven; identificado por los testigos que tuvieron que ir en varias ocasiones al Ministerio Público de Zamora a declarar. El acusado se encontraba prófugo y tenía una residencia en el pueblo de Paracho, según investigaciones de la familia, principalmente del padre de Tsihueri, Ramiro Torres.

El padre de Ramiro, profesor, redacta un texto titulado Justicia Castrada, donde narra los hechos y lo que ellos como familia realizan para esclarecer el caso, ya que ni en la comunidad ni en la PGJE (en ese tiempo) les ofrecían alguna solución: “El agente del ministerio publico de la `agencia bilingüe´ tomó el caso por corresponder a la zona geográfica. Tuve una atención amable, pero en lo que respecta al trabajo que la agencia le correspondía hacer no fue lo mismo.

“Asumí la investigación, aportando todos los elementos que tenían que conformar el expediente del crimen para que tuviera el peso necesario y procediera; testimonios de los testigos de ambas partes de la riña, la inspección ocular, la gráfica del crimen, testigos que no quisieron declarar por temor, vecinos cercanos, y una serie de tareas encomendadas por la subprocuraduría que concretaron y definieron la identidad, sin lugar a dudas, de quien fue el hechor”.

En este mismo texto, redactado y no publicado, pero si usado como un recordatorio de los hechos y sentimientos, Ramiro Torres ensaya la conclusión de una experiencia que esperan termine con un acto de justicia para que la memoria de Ramiro pueda descansar: “Como padre he cumplido con mi hijo, fuimos capaces, un servidor y mi familia, principalmente mis hijas Betsy y Yunuen, de poder esclarecer la muerte de Tsihueri. Se nos hace injusta la situación que tenemos a causa de esto”.

Manifiesto mi inconformidad públicamente por experimentar en carne propia la injusticia; desde lo local por el desinterés manifestado con la administración pasada para aclarar dicho crimen y con la autoridad estatal por la falta de procedimiento, dado que hubo condiciones varias de aprehender”.

Al día de hoy, el presunto homicida se encuentra en manos de la Fiscalía en la región de Zamora. Para los familiares existe una necesidad de justicia ya que después de casi 5 años, y de hacer su propia investigación, la falta de coordinación entre Estado y municipio en materia de impartición de justicia volvió a salir a la luz.

Para Yunuen, este caso se encuentra entre dos formas de gobierno que son difíciles de cohabitar, y agregando a la esperanza de justicia, piensa que esto sea un precedente para que en Cherán el “proceso de construcción del sistema de gobierno mejore, tanto en materia de impartición de justicia como de los servicios de salud. “No estoy segura que hubiera pasado si hubiese dejado las cosas en manos de la autoridad” concluye.

4 septiembre, 2019

Tags: Cherán, FGE

Notas Relacionadas