César Vázquez / @LetraMia
Morelia, Michoacán.-El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero no tiene mandato de gobernador, sus subalternos no le obedecen y se rigen por cuestiones ajenas a políticas estatales, en diversas ocasiones ha girado órdenes a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) para que comparezcan en mesas de trabajo y estos lo ignoran.
Así lo aseguró Graciela Delgado, vocera de los ex trabajadores despedidos de esas instituciones, quien detalló que pese a que el gobernador tiene buenas intenciones, los secretarios simplemente no le obedecen.
“Ni siquiera les está diciendo que nos reinstalen o que nos den una solución, sólo les ordena que establezcan mesas de atención para analizar la situación, pero ni el secretario de Seguridad ni el procurador de Justicia le hacen caso (al Gobernador Salvador Jara)”, aseguró la representante de los despedidos.
Esta situación derivó en el plantón que realizaron sobre la Avenida Madero, frente al Palacio de Gobierno el pasado martes, acción que dijo Graciela Andrade, ni siquiera esperarían que les atendieran, porque es lo mismo con todas las secretarías involucradas en el tema, “ninguna obedece a Salvador Jara”.
“A lo mucho nos ha atendido el director de la Secretaría de Gobierno, pero lo hace sólo para que no nos manifestemos, nos pide que de favor dejemos que fluya la circulación, pero este funcionario ni siquiera tiene capacidad resolutiva para los asuntos torales”, explicó.
Seis meses sin trabajo
Detalló que en igual situación se encuentra la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), luego que no había respuesta durante meses que llevan de demandas, sin embargo, ya se avizora un norte, luego que la dependencia les ha asegurado que habrá una contestación oficial el próximo 9 de noviembre.
“Eso nos acaban de indicar en la CEDH, que por fin habrá una respuesta de la Procuraduría, aunque todavía no sabemos en qué sentido será; nosotros ya perdimos toda esperanza, sinceramente no creemos que con eso se resuelva”, explicó Graciela Andrade.
Suman ya seis meses sin trabajo, situación por la que muchos de los inconformes ya se han desalentado de seguir pidiendo justicia a oídos sordos, “y cada día que pasa es más desesperante, porque somos familias sin ingresos, y como van las cosas, se ve que no hay voluntad para atender nuestras demandas”, lamentó.
De acuerdo con los manifestantes, ni siquiera se les ha dado oportunidad de seguir laborando a los trabajadores que ya estaban a menos de cinco años de jubilarse, ni aquellos que son de mayor edad y que los despidieron, aparentemente porque no acreditaron el examen de control y confianza, cuando los mexiquenses que ocupan sus cargos son de mayor edad.
Por todo ello, explicó que no van a cejar en las manifestaciones y no descartan llevar su caso hasta alcances nacionales e internacionales bajo el argumento de que son víctimas de una injusticia.
