Morelia, Michoacán.- Luego de la agresión del gobernador Silvano Aureoles Conejo, contra un manifestante en el municipio de Aguililla, el mandatario estatal fue denunciado penalmente por abuso de autoridad, coalición de servidores públicos e intimidación.
La denuncia de hechos fue presentada ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Fiscalía General del Estado (FGE), y también se imputa al secretario de Seguridad Pública del estado, Israel Patrón Reyes y al fiscal General del Estado Adrián López Solís.
En la denuncia, se fundamenta que la agresión del gobernador Aureoles Conejo contra el manifestante, identificado como profesor de una primaria rural en Aguililla, es constitutiva del delito de abuso de autoridad previsto en el artículo 243 fracción II del Código Penal del Estado de Michoacán.
Respecto al secretario Israel Patrón Reyes y el fiscal Adrián López Solís, los funcionarios son acusados de los delitos de abuso de autoridad previsto en la fracción III del artículo 243 y coalición de funcionarios, previsto en el artículo 246 del Código Penal del Estado de Michoacán.
La denuncia sellada por el Buffet Jurídico Mendoza Oropeza Martínez y Asociados Abogados, fue presentada por cinco abogados, entre ellos, Ignacio Mendoza Jiménez, quien será defensor legal de Fernando Padilla, el profesor agredido por Aureoles.
“Yo lo denuncio porque la ley obliga a los ciudadanos a que, sí eres testigo de un posible delito lo denuncias y yo lo vi. Lo denuncio porque el fiscal fue omiso y se lleva a Silvano a la camioneta, él lo que debería de haber hecho es de tener a Silvano, detener a Patrón (secretario de Seguridad) que es quien le quita la cartulina al señor y ponerlos a disposición del Ministerio Público”, indicó Ignacio Mendoza.
Los denunciantes solicitaron a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que se cite para declarar a los tres servidores públicos señalados por los delitos mencionados.
El delito de abuso de autoridad en Michoacán, se castiga con uno a nueve años de prisión, mientras que el delito de coalición de servidores públicos se penaliza con dos a cinco años.
