Este miércoles la oposición en Chile inició un proceso de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, lo cual fue calificado por el Gobierno del Estado como un golpe de Estado blanco.
“Las causales de esta acusación constitucional son dos: una, porque el presidente ha infringido abiertamente la Constitución en relación al principio de probidad, y en segundo lugar, por comprometer gravemente el honor de la Nación”, expuso el diputado socialista, Jaime Naranjo.
La acción se desató tras la revelación de los Pandora Papers donde señalan las irregularidades en la compraventa de una minera que en 2010 las empresas de Piñera vendieron la propiedad de la Minera Dominga en territorio de las Islas Vírgenes Británicas, lo cual es un paraíso fiscal.
Estas empresas que son administradas por sus hijos, los cuales vendieron su parte del proyecto a Carlos Délano, quien es uno de los empresarios más influyentes de Chile, además de amigo cercano del mandatario.
De igual forma en la investigación se indica que para la transacción una condición era que el terreno donde se llevaría a cabo el proyecto no fuera declarado reserva natural, lo cual corresponde y depende del presidente y que a la fecha no se ha decretado como tal.
Ante ello Piñera dijo que nunca se enteró de la transacción debido a que supuestamente cuando asumió la presidencia de Chile entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para que no existieran conflictos de interés.
Sin embargo, la Fiscalía decidió abrir una investigación contra el presidente por los delitos de cohecho, soborno y delitos tributarios.
Por su parte los legisladores de oposición acusan que el gobierno de Piñera evitó definir la zona de protección ya que eso impediría establecer el mega proyecto.
Por el momento la acusación tiene los 78 votos necesarios para que se apruebe por los diputados sin embargo, falta que avance en el Senado. Por el momento esperan que el proceso se resuelva antes de las elecciones del 21 de noviembre.
