Mario Aburto Martínez acusado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, ha pasado 27 años en prisión, y recientemente la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) lo declaró víctima de tortura, incomunicación y de violaciones al debido proceso penal.
Lo anterior ya había sido denunciado por su familia, cosa que el organismo de Derechos Humanos tuvo conocimiento, por lo que los familiares de Aburto Martínez ahora piden reparación del daño.
La CNDH dirigió la recomendación a la Fiscalía General de la República (FGR) por violaciones graves. De igual forma recodó que desde la detención de Aburto en Lomas Taurinas el 23 de marzo de 1994, ha pasado por diferentes centros federales de readaptación social entre ellos el de Almoloya de Juárez, en Estado de México, y actualmente en el número 12 ubicado en Ocampo, Guanajuato.
Aburto ha denunciado ser víctima de tortura reiterada y continua, desde hace 27 años, por hechos que la extinta Procuraduría General de la República (PGR) tiene una investigación. Ahora demanda que se haga una nueva investigación para que se conozca la verdad.
Reclama que las autoridades penitenciarias lo han mantenido lejos de su familia, por lo que solicita que se traslade a un Centro de Reinserción Social de Baja California.
“En este caso, y en esta nueva etapa de la CNDH no se puede omitir la mención de su responsabilidad, toda vez que, prácticamente desde que tuvieron lugar los hechos, en abril de 1994, este organismo nacional tuvo posibilidad de actuar para proteger los derechos humanos de la víctima y sus familiares e incluso, garantizar una investigación y un proceso justo y apegado a Derecho, lo cual no ocurrió”, dijo la CNDH.
De igual forma alertó que localizaron una entrevista que no ha sido registrada en ningún expediente, realizada sin autorización de Aburto, lo cual cuestionaría las actuaciones de la Comisión Nacional, ya que no corresponden a su función legal.
En este sentido determinaron que tanto la Policía Judicial Federal adscritos a la extinta PGR y agentes del Ministerio Público Federal que participaron de la detención, las primeras diligencias y el traslado de Aburto, incurrieron en actos de tortura, así como los médicos que ocultaron la evidencia del maltrato.
“personal médico y custodios de dicho centro de reclusión incurrieron en actos de tortura y que OADPRS incomunicó al quejoso y lo ha mantenido en CEFERESOS lejanos al lugar donde habita su familia, lo que constituye una violación a los derechos humanos a la integridad persona y trato digno”.
La recomendación de la CNDH señala que la nueva investigación o reapertura del caso debe subsanar deficiencias y llegar al pleno esclarecimiento de los hechos para que la víctima y la sociedad puedan acceder a la verdad, que es un derecho tanto individual como colectivo.
Asimismo emplazó a que el Estado mexicano“responda por sus actos, no sólo a través de sus acciones de reconocimiento y reparación integra del daño, sino también mediante acciones y políticas de no repetición, para que hechos de este tipo no vuelvan a suceder al margen de la protección y garantía de los derechos humanos de cualquier persona, con el fin de romper el círculo de impunidad e injusticia que por décadas ha lastimado a nuestro país”.
También solicitó a la FGR y al comisionado del OADPRS a reparar “integralmente el daño el agraviado y a sus familiares en los términos de la Ley General de Víctimas; inscribirles en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica, así como colaborar en el trámite y seguimiento de la queja que se promueva ante el Órgano Interno de Control en la FGR y en OADPRS en contra de los servidores públicos involucrados”.
