Charbell Lucio
Foto: Raúl López Mendoza
Morelia, Michoacán 17 de diciembre de 2013.- En Michoacán, existe un 99 por ciento de impunidad en los 700 mil delitos que se registran cada año, señalaron integrantes de la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (Fucidim).
Ante este panorama, los integrantes de esta fundación presentaron ante el Congreso local una propuesta para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) y crear, en su lugar, la Secretaría de Justicia del estado.
Con esto, la Fundación compuesta por empresarios, activistas, organizaciones pro derechos humanos y asociaciones civiles, advirtió que esta figurar adquiriría las atribuciones de las dependencias extintas.
En ese sentido, Bernardo León, asesor Jurídico del Fucidim, señaló que en Michoacán cada año se cometen cerca de 700 mil delitos, de los cuáles, únicamente se denuncian ante la PGJE aproximadamente 80 mil.
Esto implica que sólo el 11 por ciento de las víctimas denuncian, mientras que el 88 por ciento restante se rehúsan a hacerlo, debido a que no hay confianza por parte de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar seguridad y justicia.
De las 80 mil denuncias presentadas al año, sólo en el 5 por ciento de los casos se concluye la investigación y menos del 1 por ciento llega a sentencia condenatoria. Lo anterior indica que en Michoacán, existe un 99 por ciento de impunidad en los delitos que se cometen anualmente.
María Elena Morera, presidente de Causa Común A.C. refirió que los mayores problemas de México son precisamente la impunidad y la corrupción, por lo que resaltó la importancia de coordinar en una sola instancia las labores de prevención, vigilancia, investigación y persecución y que éstas no se distribuyan entre municipios, secretarías estatales y la Procuraduría del estado, pues de no ser así, se dejan espacios vacíos para la delincuencia.
“Con un 99 por ciento de impunidad, quién quiere ir a denunciar, o qué delincuente quiere dejar de delinquir si sabe que no va a tener una consecuencia por hacerlo”, aseveró María Elena Morera.
La propuesta, que ya es conocida por el gobernador Fausto Vallejo y el secretario de Gobierno, Jesús Reyna, fue recibida por el diputado Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
