Rogelio Sosa / @Michoacan3_0
En el terreno de la seguridad, la estrategia de minimizar o desaparecer los hechos de sangre en los medios de comunicación para declarar por parte del Comisionado Alfredo Castillo y el Gobernador Jara de que Michoacán ya se pacificó, sólo ha evidenciado la mentira en la que se mueve el régimen.
El colmo es que los dirigentes priístas demandan que no se desconozca el avance en seguridad a pesar de los recientes asesinatos de jovencitas y el cometido contra la enfermera Kassandra en Uruapan con el extremo de saña y salvajismo. La oleada de sangre que continúa en el estado está a la vista de todos y todas. Los 10 policías desaparecidos en la misma región y los cadáveres que se siguen sembrando no se pueden ocultar.
En las finanzas estatales se mantiene la suspensión de pagos al extremo de dejar sin pago de salarios y prestaciones de fin de año a miles de trabajadores en decenas de instituciones y hasta a los proveedores del Gobierno, quienes también han tenido que manifestarse en las calles. Quién lo hubiera dicho.
Se ha autorizado un nuevo endeudamiento sobre los aprobados en 2012 y 2013 y se suscita la sospecha que los adeudos a trabajadores y proveedores ha funcionado como coartada para cubrir con dinero de la deuda una parte de los pagos y con otra parte financiar campañas electorales. Veremos el dinero sin restricciones para la compra de votos en los próximos meses.
Todos los partidos hablan de blindarse contra la intromisión del crimen organizado en las candidaturas y hasta se apela a que la Procuraduría General de la República haga esa tarea; pero, ¿quién blinda a su vez a esa dependencia sumida en el descrédito?. La única instancia creíble para cumplir esa tarea está en la propia ciudadanía; pero, ¿cómo puede improvisarse en los pocos meses que faltan la creación, adiestramiento y experiencia que se requiere para que desde la sociedad civil se pueda lograr tal utopía?.
Cómo pocas veces, todos los partidos al comprobar el rechazo que provocan en los electores se preparan para destacar en la contienda las figuras personales más que os membretes y emblemas partidarios. Mientras, se cierra la posibilidad real que candidatos realmente ciudadanos puedan vencer a los partidos políticos, los cuales tienen estructuras, recursos y experiencia que en el 2015 no podrán ser superados desde las candidaturas ciudadanas.
Pero, en el escenario político de Michoacán y del país se presentan nuevas circunstancias y sin duda, pesarán mucho en la contienda electoral. No puede taparse con un dedo la profunda crisis económica, política y social. La caída del precio del petróleo, nulifica los planes de explotación en aguas profundas y mediante el llamado “fracking” de altos costos con lo que la reforma energética de Peña Nieto queda paralizada en los hechos.
En Estados Unidos, el fracaso de la reforma migratoria de Obama descarrilada por los republicanos anuncia nuevas calamidades para los paisanos que luchan para lograr la residencia y ello repercutirá sin duda en un flujo incierto de envío de remesas para sus familias.
La devaluación del peso frente al dólar podría generar un fuerte estímulo para las exportaciones mexicanas, pero, el sector de mayor valor agregado está en las manufacturas el cual requiere importar a mayores costos los insumos con la consiguiente pérdida de divisas.
Los capitales golondrinos y los especuladores hacen inmensas riquezas de la noche a la mañana con la devaluación del peso. La fuga de capitales crece extraordinariamente y se reducen las reservas del Banco de México haciendo más frágil la economía. Ante ello, se encarece el crédito, se abate el consumo y crece el desempleo. Quienes más pierden son las pequeñas y medianas empresas las cuales dan ocupación a más del 95% de los trabajadores.
Ante lo anterior, hay que preguntar: ¿Quiénes de los candidatos tienen realmente el compromiso de luchar contra el modelo neoliberal que provoca las crisis graves y frecuentes y el mayor enriquecimiento de unos cuantos en medio de la miseria de los más?.
¿Quiénes de los candidatos que se pueden comprometer realmente a luchar con el pueblo por la justicia; lo que implica llevar a la cárcel a todos los autores materiales de la oleada de sangre que vive el país desde hace más de diez años y a los autores intelectuales que están enquistados en todos los niveles del Estado Mexicano y en los tres órdenes de gobierno?.
¿Quiénes de los candidatos pueden y están de acuerdo en encabezar la resistencia del pueblo, la movilización y las acciones pacíficas necesarias para cambiar al régimen de acuerdo a lo establecido en el Artículo 39 de la Constitución?
Los actuales legisladores del Congreso del Estado y del Congreso de la Unión –salvo contadas excepciones- han guardado silencio frente a los peores crímenes cometidos contra la juventud. Los últimos casos de las jovencitas asesinadas en nuestro estado no les ha merecido comentario alguno a los representantes populares del Congreso del Estado. ¿Quiénes de los candidatos que llegarán a esa supuesta alta tribuna del pueblo pueden comprometerse y cumplir al llegar con encabezar la indignación ciudadana por el cambio de país que urge a millones?
Los electores tienen entonces ante sí uno de los mayores retos al emitir su voto. Pero, el tiempo en política es clave y falta mucho para llegar al primer domingo de junio. La oleada de conciencia y movilización que generaron los crímenes de Ayotzinapa tendrá hondas repercusiones antes, durante y mucho después de ese día.
