Rogelio Sosa / @Michoacan3_0
La llamada clase política que administra la periódica legitimación del poder en las urnas se ve muy confiada en que salvo el caso de Guerrero y algunas regiones de otras entidades del sur sureste del país, el 7 de junio de este año permitirá la renovación de ese poder, del sistema y del modelo económico que ha imperado hace ya más de tres décadas.
Igual idea prevaleció después de aquella masacre de estudiantes en 1968. Pero, el sistema de poder resintió –a pesar de la derrota del movimiento estudiantil- una profunda sacudida que lo obligó a abrir la participación electoral de la oposición de izquierda que vivía en la semiclandestinidad a fin de asimilar una insurgencia que emplazaba al régimen incluso con las armas.
Hoy, después de la histórica agresión del Estado contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el impacto político y social ha sido mucho mayor que el de 1968, pero, la opción de las urnas no alcanza ya para asimilar el repudio prácticamente general que mantiene el grueso de la población hacia la clase política y el sistema en general. Ahora, a diferencia de 1968, la profunda crisis económica, el crimen organizado, la rampante corrupción e impunidad asfixian a la población y el camino de las urnas se percibe como el aval para que todo siga igual.
En esta segunda experiencia histórica, el emplazamiento político al sistema sólo puede resolverse con un cambio de política y de modelo económico. No hay de otra. Sin embargo, en Los Pinos parecen no darse cuenta del tamaño del emplazamiento y pretenden superar la crisis de legitimidad con las peores prácticas del viejo priísmo. Las que se basan en un trato de menores de edad a los ciudadanos: la mentira sistemática, la compra y cooptación de voluntades de los líderes de las fuerzas opositoras, la amenaza y la represión.
Se habla por ejemplo, que en 2015 la economía ahora sí crecerá al 4%, al tiempo que el petróleo toca fondo con un precio inferior a los 38 dólares por barril y al tiempo que México se convierte en importador de ese combustible de Estados Unidos y mantiene precios para el consumo doméstico muy superiores a los de ese país. Aun así Peña promete que en este mismo año se sentirá el efecto benéfico de sus reformas constitucionales.
Vemos, sin embargo, que se cancelan en los hechos programas sociales con presupuestos ya asignados arguyendo falta de dinero al tiempo que se endeuda aún más al país mientras los candidatos del partido oficial se aprestan a canalizar enormes recursos para la compra de votos.
Aquí el Plan Michoacán ha sido un rotundo fracaso tanto en la estrategia de pacificación como en su instrumentación sólo quedó en el papel y en las repetidas declaraciones de Peña y de Castillo. Éste último se ha atrevido a justificar lo injustificable sobre el baño de sangre que continúa sin pausa y el colmo es que en el último episodio del desalojo a sangre y fuego del ayuntamiento de Apatzingán, los muertos –dijo- fueron atacados por sus propios compañeros. Sólo le faltó declarar que se suicidaron.
Tales estrategias y consignas, por supuesto, han perdido credibilidad y el fallido plan sólo retrasará la salida real de la crisis ocasionando la profundización de ésta y la postración económica y política de la mayoría de los michoacanos y de los sectores más vulnerables. Ya quedó claro que los pequeños y medianos empresarios y el campo que son los ámbitos de mayor creación de empleo e impulsan el mercado interno no están en las prioridades del régimen. Sin empleo, crecerá la miseria y la descomposición social abriéndose como única opción para amplios sectores de la juventud el ingreso al crimen organizado.
En tal escenario la pelota está en la cancha de la sociedad y sus organizaciones. El cambio de rumbo requiere el levantamiento de líneas de acción alternativas que orienten hacia un programa de desarrollo social y económico diferente con el cual se emplace a los partidos y candidatos en campaña.
El camino de las urnas no ofrece solución posible a esta crisis si no se moviliza la ciudadanía por sus propios intereses. La consigna histórica que plantea que sólo el pueblo salva al pueblo es válida para este período en el que el espíritu de Ayotzinapa y la oleada de insurgencia nacional que ha despertado continuará emplazando a todos y todas y puede inspirar y motivar la amplia participación social que se requiere para cambiar de rumbo de Michoacán.
