Senado mexicano solicita la destitución de funcionario de la ONU tras activación de procedimiento sobre desapariciones forzadas en el país

El Senado de la República aprobó un pronunciamiento dirigido a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar la destitución de Olivier Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), luego de que dicho comité activara un procedimiento de revisión sobre la situación de las desapariciones en México.

El 8 de abril, el CED puso en marcha el procedimiento contemplado en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, a fin de evaluar si el contexto en México amerita la intervención de la Asamblea General de la ONU.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 124 mil personas desaparecidas, cifra actualizada a 2025.

La moción fue aprobada con 71 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, con el respaldo mayoritario de legisladores de Morena. Entre los argumentos presentados, se sostuvo que las desapariciones en el país no constituyen desapariciones forzadas en el sentido estricto definido por la convención, ya que no estarían directamente vinculadas a acciones del Estado.

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó que, desde su perspectiva, en México no existen desapariciones forzadas, al considerar que no hay evidencia de que estas sean cometidas por el Estado o por agentes estatales. Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó como irresponsable la postura del CED y cuestionó que se presenten señalamientos sin sustento concreto. Asimismo, indicó que durante gobiernos anteriores, del PAN y PRI, se registraron casos ampliamente documentados de desapariciones forzadas.

Desde la oposición, legisladores como Marko Cortés (PAN) y Carolina Viggiano (PRI) criticaron la postura del Senado, argumentando que la ONU tiene facultades para indagar en cuestiones de derechos humanos. Cortés señaló que las desapariciones continúan ocurriendo en el país, incluso si no comenzaron durante los gobiernos actuales, y que existe colusión o complicidad de autoridades. Por su parte, Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, indicó que la cifra de personas desaparecidas sugiere una problemática estructural que involucra al Estado en su conjunto.

¿Qué se entiende por desaparición forzada según la ONU?

La Convención Internacional define la desaparición forzada como la privación de libertad cometida por agentes del Estado, o por personas o grupos que actúan con su autorización, apoyo o aquiescencia, sin reconocer dicha privación ni revelar la suerte o el paradero de la persona.

El Comité contra la Desaparición Forzada ha sostenido que incluso aquellas desapariciones perpetradas por particulares, si no son debidamente investigadas y permanecen en la impunidad, también pueden constituir responsabilidad del Estado.

En informes recientes, el CED ha señalado tanto la crisis de desapariciones como la crisis forense en México, con miles de cuerpos sin identificar en centros forenses y fosas clandestinas.

Antecedentes históricos

México ha enfrentado casos documentados de desaparición forzada, particularmente durante la llamada “Guerra Sucia” en los años 60, 70 y 80, cuando diversas autoridades llevaron a cabo detenciones arbitrarias de opositores políticos. Más recientemente, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014 continúa siendo investigada, y en 2022, la Comisión para la Verdad concluyó que los hechos podrían constituir un crimen de Estado.

El debate en torno a la responsabilidad del Estado en las desapariciones actuales y el papel de organismos internacionales sigue siendo motivo de discusión entre fuerzas políticas y organismos defensores de derechos humanos.

8 abril, 2025

Notas Relacionadas