Chihuahua y Sonora, en la mira del megaproyecto de gas que amenaza con convertirlos en territorios de sacrificio

El gasoducto Sierra Madre y la terminal Saguaro Energía avanzan entre la incertidumbre, la opacidad y la resistencia social, mientras crecen las alertas por su impacto ambiental y social en el norte del país.

En el ejido de Mata Ortiz, en Chihuahua, las dudas pesan más que las certezas. La familia de Laura Bulgarini, dedicada a la alfarería, supo de la posible llegada de un gasoducto casi de manera informal. Su esposo, Héctor Gallegos, fue uno de los pocos que asistió a la asamblea donde una empresa presentó el proyecto hace un par de años. “Dieron muy poca información, se fueron y la mayoría se quedó con dudas”, relata.

El ducto en cuestión es el Sierra Madre, una enorme tubería de 800 kilómetros de longitud cuyo diámetro permitiría que un niño de ocho años permaneciera de pie dentro de ella. El proyecto pertenece a la empresa estadounidense Mexico Pacific, que no ha aceptado entrevistas públicas.

De acuerdo con su Manifestación de Impacto Ambiental, el gasoducto iniciaría en la frontera de Chihuahua con Estados Unidos, donde se conectaría con el Saguaro Connector para transportar gas shale extraído mediante fracking desde la cuenca Pérmica, en Texas. Desde ahí, el metano recorrería seis municipios chihuahuenses y diez sonorenses hasta llegar a Puerto Libertad, Sonora, donde se planea construir la terminal de licuefacción Saguaro Energía.

La planta ocuparía cerca de 400 hectáreas y funcionaría de forma permanente con enormes mecheros que quemarían gas natural, compuesto casi en su totalidad por metano, un gas con una capacidad de calentamiento global hasta 30 veces mayor que el dióxido de carbono. Una vez licuado, el gas sería cargado en buques de 300 metros de largo con destino principalmente a Asia. Mexico Pacific ya firmó acuerdos con empresas de Corea del Sur y China.

El volumen de inversión proyectado es histórico: alrededor de 15 mil millones de dólares, de los cuales más de 3 mil 200 millones se destinarían exclusivamente al gasoducto. Bancos como Santander, JP Morgan y Mitsubishi participan como asesores financieros para buscar inversionistas, pero hasta ahora no han logrado completar el financiamiento.

A este retraso se suma la oposición social. Organizaciones civiles han promovido al menos diez amparos, reunido cerca de 300 mil firmas y realizado protestas públicas. Además, aunque el proyecto cuenta con autorización de la Comisión Reguladora de Energía, todavía no ha recibido el aval ambiental de la Semarnat.

Para la construcción del ducto, Mexico Pacific firmó un contrato con una alianza entre las empresas italianas GDI Sicim Pipelines y Bonatti. Esta última tiene antecedentes polémicos en México por su participación en el Proyecto Integral Morelos, donde se documentaron conflictos sociales, persecuciones a opositores y el asesinato del activista Samir Flores en 2019. Años después, también fueron asesinados dos dirigentes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla.

Aunque el proyecto colocaría a México como uno de los principales exportadores de gas natural licuado, el gas no sería mexicano, sino estadounidense. Investigaciones de GeoComunes señalan que a las empresas de Estados Unidos les resulta más barato instalar plantas en México por los menores costos y las regulaciones ambientales más flexibles.

La Comisión Federal de Electricidad, además, ha promovido estas terminales como una salida al excedente de gas que se comprometió a comprar a Estados Unidos. Sin embargo, especialistas advierten que la estrategia entra en contradicción con el discurso oficial de soberanía energética.

Luca Ferrari, investigador de la UNAM, advierte que el gas hoy es barato por la sobreproducción en Estados Unidos, pero esa situación podría cambiar. “Se están planeando inversiones millonarias en infraestructura que en unos años puede dejar de ser rentable. Además, esto incluso podría convertirse en un instrumento de presión política”, señala.

Desde su perspectiva, el verdadero negocio es la construcción del ducto, no su operación a largo plazo. “Aunque después no haya gas, quien hizo la obra ya ganó. Y mientras tanto, Chihuahua y Sonora quedarían convertidos en una zona de sacrificio”, sentencia.

La propia Manifestación de Impacto Ambiental reconoce 15 impactos en el territorio: 14 de ellos negativos. Afectaciones al aire, al suelo, al agua, a la fauna, la flora, el paisaje y la economía local. El único impacto positivo registrado es la creación temporal de empleos durante la etapa de construcción.

Sin embargo, Claudia Campero, de Conexiones Climáticas, advierte que incluso ese beneficio es cuestionable. “En otros proyectos del norte trajeron mano de obra extranjera especializada, porque aquí no existe ese perfil técnico”, explica. Además, las estaciones de compresión previstas a lo largo del ducto son altamente contaminantes por fugas de metano y quema controlada de gas.

El proyecto también amenaza zonas de alto valor ecológico. El trazo pasaría cerca de cinco áreas naturales protegidas, entre ellas la Reserva de la Biosfera Janos, hogar de la única manada silvestre de bisontes en México y de la colonia más grande de perritos de la pradera en Norteamérica, especie clave para el equilibrio del ecosistema. Biólogos alertan que el ducto subterráneo alteraría gravemente la vida de estas especies mientras que su existencia ni siquiera fue considerada de manera formal en el estudio ambiental.

En Mata Ortiz, el megaproyecto ha fracturado al ejido. Hay quienes ven una oportunidad económica y quienes observan un riesgo inaceptable. Héctor Gallegos, heredero de una tradición alfarera que rescató a la región de la crisis tras el cierre del antiguo aserradero, mira con desconfianza las promesas de la empresa. “Todo suena muy bonito, pero nadie nos dice con claridad qué va a pasar si algo sale mal. A mí lo que me preocupa es el peligro”, concluye.

8 diciembre, 2025

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