Proponen hasta 20 años de prisión para responsables de tala clandestina

Por: Charbell Lucio

La diputada Sandra Arreola consideró que la severidad de la pena no es desproporcionada frente a la magnitud del daño que cometen quienes acaban con los bosques michoacanos

Morelia, Michoacán.- Con el objetivo de frenar la devastación de los recursos forestales en la entidad, la diputada Sandra María Arreola Ruiz (PVEM) presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Penal para tipificar y endurecer las sanciones contra delitos ambientales.

La propuesta busca establecer sanciones más severas para quienes participen en la transportación, almacenamiento, comercialización o destrucción de recursos forestales, sin autorización legal.

De acuerdo con el proyecto de decreto presentado este miércoles al Pleno del Congreso del Estado, la pena base para quien participe en la cadena de explotación ilícita de los bosques será de cinco a quince años de prisión.

Sin embargo, la iniciativa contempla agravantes específicas que elevarían la condena.

“Proponemos que pase entre 10 y 20 años en la cárcel. Que el precio por arrasar con nuestro patrimonio natural sea tan alto que ningún negocio ilegal valga la pena. Así, quien esté pensando en talar, lo va a pensar dos veces antes de siquiera encender una motosierra”, dijo la legisladora.

Las agravantes que se contemplan son: el uso de instrumentos especializados como motosierras o sierras manuales, el empleo de vehículos de carga o camionetas para el traslado de madera y la participación de servidores públicos en la comisión del delito.

Asimismo, se prevén penas de siete a quince años para los autores intelectuales, instigadores o quienes lucren con la necesidad de menores de edad para cometer estos ilícitos.

En su exposición de motivos, la legisladora integrante de la 76 Legislatura argumentó que los delitos ambientales en Michoacán han alcanzado niveles que comprometen el equilibrio ecológico, la seguridad pública y el desarrollo económico del estado.

Señaló que la entidad se ubicó durante 2024 entre las de mayor incidencia en denuncias por delitos ambientales, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La devastación de bosques y el cambio ilegal de uso de suelo han dejado de ser hechos aislados para convertirse en prácticas sistemáticas que erosionan el patrimonio natural del Estado”, sentenció Arreola Ruiz, quien destacó que el marco legal actual ha resultado insuficiente para inhibir la reincidencia de grupos organizados.

“Sabemos quiénes son. Sabemos por dónde entran, sabemos qué camiones usan, sabemos a qué hora operan. Y aun así, los bosques de Michoacán siguen desapareciendo como si nada. Es como si cada mañana viéramos a un ladrón vaciar nuestra propia casa, y nosotros, con la ley en la mano, no pudiéramos hacer nada”, lamentó.

Finalmente dijo que es necesaria la homologación con el modelo existente en el Estado de México, para evitar el “desplazamiento geográfico del delito” hacia estados con marcos legales más débiles.

17 junio, 2026

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