Revolución 3.0

El gobierno estatal activó el Comité Interinstitucional para la Atención de Personas Desplazadas; habitantes de las comunidades de Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo ya reciben atención de la Semigrante

Apatzingán, Michoacán.- Al menos 150 personas de tres comunidades del municipio de Apatzingán se encuentran en condición de desplazamiento forzado interno, como consecuencia de la violencia que impacta a la región de Tierra Caliente, así lo informó Antonio Soto, secretario del Migrante en Michoacán.

El funcionario reconoció que el fenómeno no puede ocultarse y detalló que el gobierno estatal ya instaló un comité especializado en la atención a las familias víctimas.

“Eso no lo podemos ocultar porque además es público y además ya hicimos hasta el primer Comité Interinstitucional para la Atención de las Personas Desplazadas”, expresó.

Las comunidades afectadas son Cueramato, Cueramatillo y El Guayabo, donde los lugareños tuvieron que dejar sus hogares ante la amenaza de grupos de la delincuencia organizada que se disputan el control de la zona.

De acuerdo con el último censo oficial de la Semigrante, 150 personas fueron desplazadas por la inseguridad, aunque organismos independientes como el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán (OSHRA) han reportado cifras mayores, que rondan las 225 personas.

El secretario explicó que la mayoría de los desplazados se reubicaron en la cabecera municipal de Apatzingán, mientras que otros salieron hacia Morelia e incluso al extranjero.

Destacó que en la atención integral de la situación que enfrentan las familias de esas comunidades, participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional, la Guardia Civil, la Secretaría de Gobierno y la Secretaría del Migrante, que es la que lleva esta responsabilidad como secretaría técnica del Comité Interinstitucional de Desplazamiento Forzado.

El Protocolo de Respuesta a Emergencias de Desplazamiento Interno establece que, una vez identificada la emergencia, las autoridades deben sesionar, trasladarse a la zona, atender a los afectados junto con el ayuntamiento y evaluar las condiciones para un eventual retorno.

Sin embargo, el secretario fue enfático en que el regreso no se dará hasta que existan garantías plenas.

“No permitir el retorno, si no es seguridad para ellas en su integridad física y en su patrimonio también”, aseguró.

Entre los principales impedimentos para el retorno seguro se encuentra la posible presencia de minas terrestres en las zonas evacuadas, así como la destrucción total o parcial de viviendas.

Por ello, el comité trabaja en evaluaciones individuales, como es censar a las personas desplazadas, conocer su deseo de regresar o no, verificar que exista una vivienda habitable a la cual volver y que, en general, existan las condiciones favorables para su retorno.

En este último criterio, se trabaja en coordinación con la Sedena, que es la encargada de retirar las minas y artefactos explosivos que representan un riesgo para los poblados de la zona rural de Apatzingán.

Derechos Humanos

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Por: Charbell Lucio