Revolución 3.0

Rodrigo Caballero/ @RodCaballero

Morelia, Michoacán.- Justo antes de la asignación de Alfredo Castillo Cervantes como nuevo comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. El 4 de noviembre de 2013 un operativo masivo, liderado por fuerzas federales, tomó el control del Puerto de Lázaro Cárdenas.

Toda la policía municipal fue desarmada y reemplazada por elementos de la Marina Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Federal. Juntos formaron un cinturón de seguridad alrededor de la población tanto por tierra como por mar y las instalaciones quedaron bajo el resguardo de 250 hombres las 24 horas del día y los 7 días de la semana.

En total, el número de policías y militares que participaron en la toma de Lázaro Cárdenas es desconocido hasta ahora. Sin embargo, tras el operativo fueron detenidos más de 150 funcionarios de la Administración Portuaria Integral (API), la Aduana y la Capitanía de Puerto acusados de estar coludidos con el cártel de los Caballeros Templarios.

Lázaro Cárdenas es el segundo puerto con mayor movimiento mercantil de México -después de Cayo Arcas en el Estado de Campeche- y el cuarto en importancia. Dentro de él se realizan más de 90 mil operaciones de comercio exterior diariamente lo que equivale a 165 mil millones de pesos acorde con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para ponerlo en perspectiva, el puerto maneja diariamente el equivalente al triple del presupuesto del año 2015 para todo el Estado de Michoacán. Una parte de ese dinero iba directamente a las arcas de los templarios lo que obligó a la federación a tomar cartas en el asunto.

No obstante, la toma de la capitanía también sirvió para impedir que los grupos de autodefensa llegaran a Lázaro Cárdenas. Ese martes 4 de noviembre del 2013 fue el último operativo que hizo el Gobierno Federal en la costa michoacana y desde entonces ha permanecido en el olvido.

El intento de asesinato

Federico González Medina alias ‘El Lico’ es señalado como jefe de plaza de los templarios en el municipio de Aquila, Michoacán. Los comuneros lo acusan de ser el encargado de planear el asesinato de Semeí Verdía el comandante de la policía comunitaria de Santa María Ostula y coordinador general de las autodefensas en la Región Costa de Michoacán.

El domingo 14 de diciembre, dos días antes que se enfrentaran los grupos de rurales comandados por Hipólito Mora Chávez y Luis Antonio Torres “El Americano”, un grupo de sicarios emboscó una camioneta en la que se pensaron que viajaba Semeí Verdía.

Cinco personas resultaron heridas durante el ataque que se produjo en un tramo de la carretera costera de Michoacán. Sin embargo Verdía no viajaba en el vehículo y el atentado falló.

Tras el ataque, unos 700 miembros de las autodefensas peinaron la zona y localizaron a Jonathan Aguilar alias ‘La Changa’, un joven templario que confesó haber participado en el ataque. ‘La Changa’ les dijo a los comuneros que habían sido cinco personas y que la orden la dio personalmente ‘El Lico’.

“Ya no queremos que nos sigan dañando a gente inocente, nosotros hemos estado dentro de este movimiento y no tememos a la muerte pero sí nos molesta, nos sigue inquietando que a familias inocentes nos las sigan molestando” declaró Semeí al periodista Rafael Camacho poco después del ataque.

Sobra decir que no hubo presencia de ninguna autoridad ni estatal ni federal antes, durante o después del atentado.

Por su cuenta como siempre

Los comuneros aseguran que en 2009 fue cuando recrudeció la violencia en la región costera. En aquel año se consolidaba La Familia Michoacana como un cártel hegemónico.

En la zona, La Familia tenía una presencia importante porque la carretera costera conduce de Manzanillo a Lázaro Cárdenas y tiene desviaciones para llegar a Apatzingán, Guadalajara, Morelia, Acapulco y Toluca.

Además, en el kilómetro 75 de la carretera Playa Azul-Coahuayana queda el rancho La Tipitina que se ha utilizado como centro de entrenamiento por cuatro organizaciones criminales –Los Valencia, Los Zetas, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios-.

En ninguno de los planes de seguridad que llegaron a Michoacán como el Operativo Conjunto Michoacán, el Operativo Michoacán Seguro o el Plan Michoacán se incluyen acciones que apoyen a los pueblos indígenas de la costa. Únicamente se enfocan en el Puerto de Lázaro Cárdenas.

Cinco meses después del levantamiento de las autodefensas en la Tierra Caliente, Santa María Ostula tomó las armas con menos hombres y equipo menos sofisticado.

Alfredo Castillo, en su papel de comisionado, nunca acudió a la costa ni se preocupó por los grupos de autodefensa que en ella se crearon. La Fuerza Rural, el organismo policiaco creado por Castillo Cervantes, llegó a la Región Costa un mes después de la salida del comisionado.

En un comunicado de prensa de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Michoacán se asegura que este organismo “dotó a las corporaciones locales de nuevos uniformes y concretó con los alcaldes el traspaso de patrullas de las ex policías municipales a los rurales, además de otras acciones que fortalecen a las fuerzas rurales y principalmente el Estado de Derecho”.

Sin embargo, no menciona ninguna cifra de uniformes, armas o patrullas entregadas a los comunitarios. El comunicado viene acompañado de una foto en la que se observan únicamente tres patrullas y ocho elementos uniformados.

La fotografía muestra a Semeí Verdía portando un AK-47 junto a María Imilse Arrué Hernández, la psicóloga cubana encargada del reclutamiento de elementos de la Fuerza Rural y mano derecha de Alfredo Castillo.

El desarme del gobernador

Las veces en las que Salvador Jara Guerrero, gobernador sustituto de Michoacán, y Alfredo Castillo Cervantes estuvieron en desacuerdo son casi nulas. Sin embargo, desde el inicio de su administración, Salvador Jara ha buscado un desarme general en la entidad.

La semana pasada, el gobernador hizo una amenaza velada contra “los grupos que siguen armados a pesar de la mejora en la situación” y los invitó a desarmarse so pena de usar la fuerza.

“Si son buenos ciudadanos que se sumen a las fuerzas legales, que porten un uniforme y que se identifiquen” exigió Salvador Jara. Empero, la reacción de los movimientos fue contraria a lo que el gobernador esperaba.

Ante las declaraciones, autodefensas de los municipios de Coahuayana, Chinicuila, Aquila y Coalcomán, así como la comunidad indígena de Santa María Ostula, bloquearon desde el domingo la Carretera Costera en el tramo de Xayacalan.

Los miembros de las autodefensas piden que los dejen armar su propia policía comunitaria, conservar su armamento y respeto a las comunidades que tuvieron que levantarse en armas en julio de 2013.

“El Gobierno Estatal y el Gobierno Federal quieren tomar las riendas pero no han arreglaron nada. No quieren registrar a más autodefensas y no vamos a permitir que nos vayan a meter a unos delincuentes, vamos a exigir que pongan a gente que en realidad quiere cuidar a sus pueblos” así resumió el problema Semeí Verdía.

Este lunes 16 de marzo, los comunitarios llegaron a un acuerdo con el secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, y el subsecretario, Adolfo Eloy Peralta.

El acuerdo fue firmado por ocho testigos e incluye siete acuerdos como son: el respeto a la policía comunitaria de la costa, la aprobación de 50 plazas de la Fuerza Rural en esta región, expedición de credenciales para identificar a los comunitarios y atención al problema agrario con el apoyo de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Aunque levantaron la barricada, en el tramo Xayacalan de la costera continúa un filtro que también quedó plasmado en el acuerdo. Este convenio sería el primero que se tiene con las autodefensas de la costa michoacana después que Alfredo Castillo Cervantes se olvidó de ésta región.

Lo más leído

La Costa Michoacana, el territorio que Alfredo Castillo olvidó

Por: Rodrigo Caballero