Antonio Aguilera / @gaaelico
¿Cuál ha sido el papel que el Estado ha desempeñado en el mercado ilícito de drogas?, se cuestiona la investigadora del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, Mónica Serrano quien advierte que el narcotráfico, desde sus inicios en la lucha de la Revolución Mexicana, es un mercado regulado directamente por y desde el Estado a un mercado criminal privatizado.
Es decir, que cada sexenio utiliza al narcotráfico no sólo financiar sus proyectos, sino como una guerra de baja contención que le sirve para contener a la sociedad, para regular los mercados y la economía de las regiones, para administrar la disputa de territorios y para implementar estrategias políticas acorde a sus intereses.
La tesis central de la investigación México: narcotráfico y gobernabilidad, de la investigadora del Colmex, destaca que el narcotráfico es una de las muchas actividades que forman parte del crimen empresarial ilegal, pero que en muchas ocasiones, su auge e impulso va de la mano de los intereses políticos, sobre todo cuando el poder ha estado en manos del PRI.
Al amparo de un régimen de partido hegemónico, con el PRI el país encontró mayores niveles de estabilidad. Por consiguiente, no debe sorprender que el orden priísta también contribuyera a la estabilización de la esfera criminal. De ahí que las semejanzas entre el entramado priísta y el andamiaje político-criminal no sean del todo casuales.
La infiltración del crimen organizado en los procesos electorales y en la toma de decisiones gubernamentales no es reciente, sino que se remonta inclusive hasta la Revolución Mexicana, y se acentuó en los años post-revolucionarios, alcanzado su primer etapa álgida durante el sexenio de Manuel Avila Camacho, destaca el estudio
En la historia del narcotráfico en México podemos advertir la manera en que grupos delictivos han mantenido presencia en los procesos políticos en México, Mónica Serrano detalla que en las primeras décadas (1914-1920) una figura dominaría el escenario: “el coronel, político regional y empresario criminal, Esteban Cantú.
Con un ejército personal de mil 800 hombres y protegido por una geografía inhóspita, Cantú aseguró el control político y militar de Baja California Norte y se apoderó de una tajada importante del flujo ilícito de drogas. Las arcas de su gobierno se beneficiaron de las cuotas pagadas por comerciantes de opio.
El texto de la investigadora explora la evolución de las respuestas del Estado ante un mercado del narcotráfico a la vez cambiante y en expansión. El análisis revela la evolución aparente de un mercado “regulado” directamente por y desde las estructuras del Estado a un mercado criminal “privatizado”.
En las fisuras de la capacidad de regulación del mercado criminal, destaca el análisis, coinciden cuatro factores: la brutal expansión del mercado -asociada al surgimiento de una economía de tránsito de cocaína-, el endurecimiento de la diplomacia antinarcóticos en Estados Unidos, la atonía económica y la apertura política en México.
Mónica Serrano destaca que allí donde el sistema judicial se niega o no puede ejercer su autoridad, el riesgo de que grupos criminales organizados se desarrollen, aumenta considerablemente. Así, la premisa que guía este análisis es que las respuestas que el Estado despliega tienen repercusiones directas en el comportamiento de los actores criminales y, por consiguiente, en los niveles de estabilidad política.
En el mercado del narcotráfico -sostiene la investigación-, el rasgo característico no sólo ha sido la creciente y feroz competencia entre las organizaciones criminales, sino la transferencia del control y protección de la industria clandestina de las agencias del Estado a manos de guardias y ejércitos privados.
