Antonio Aguilera / @gaaelico
Socios legales e ilegales
Estados Unidos ha sido el gran promotor tanto de la siembra de enervantes en México, como del combate a los grupos criminales, para lo cual el negocio de la venta de armas tiene en los cárteles y en el gobierno mexicano, dos de sus mejores clientes.
La tesis que la investigadora Mónica Serrano del Colegio de México (Colmex), sugiere es que en la historia reciente de las relaciones México-EU hay quizás dos grandes momentos de ajuste y acoplamiento institucional: la guerra fría y el periodo post-11-9.
En el terreno de las políticas contra las drogas –enfatiza la investigación-, los cambios no serán menos importantes. Aunque la clasificación de los crímenes por narcotráfico permaneció bajo la categoría de infracciones a la salud pública, a partir de 1947, la Procuraduría General de la República (PGR) asume la responsabilidad. Las instituciones de salud abandonan, pues, la escena y en su lugar aparece una nueva estructura centralizada en cuyo eje encontramos a una nueva agencia: la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
La creación de la temible DFS permitiría a las autoridades federales organizar y desplegar las campañas antinarcóticos en el marco más amplio de las estructuras de control político y social. La progresiva centralización del control del narcotráfico, a partir de la creación de la DFS y del despliegue de campañas federales de erradicación, modificaría las reglas del juego.
Poco hace falta para reconocer que al amparo de un régimen de partido hegemónico, con el PRI el país encontró mayores niveles de estabilidad. Por consiguiente, no debe sorprender que el orden priísta también contribuyera a la estabilización de la esfera criminal. De ahí que las semejanzas entre el entramado priísta y el andamiaje político-criminal no sean del todo casuales, enfatiza la investigación.
Mónica Serrano enfatiza que con el PRI de Díaz Ordaz y de Luis Echeverría, la responsabilidad de la autoridad era gestionar la organización eficiente y pacífica del mercado, a cambio de “impuestos” extraídos de la actividad criminal.
Para entenderlo, conviene dejar claro que los traficantes no operaron como agentes autónomos, sino al frente de franquicias cumplidamente otorgadas por las agencias reguladoras. Gracias a estos “permisos” y a la protección provista por representantes y agentes oficiales, los empresarios-criminales pudieron desarrollar zonas de producción, hacer uso de vías de comunicación y transporte y enfilar también sus productos hacia el mercado estadounidense.
La centralización del entramado político en México y la presencia de estas reglas limitaron la entrada independiente de empresarios criminales a la política. En los niveles de violencia encontramos otro rasgo que nos permite contrastar el comportamiento del narcotráfico en uno y otro país, A diferencia de lo que ocurrió en Colombia, en México la presencia de estos pactos y acuerdos se tradujo en umbrales contenidos de violencia. En la declaración atribuida a Sánchez Celis, gobernador de Sinaloa en los sesentas, advertimos la lógica de estos acuerdos: “Váyanse de Sinaloa. Mátense fuera. Aquí nomás trabajen”.
