17:47 Blanca: Voy a seguir comiendo, te mando mensaje cuando esté llegando…
17:48 Jethro: Ok te espero.
18:46 Blanca: Ya estoy llegando. ¿On tas?
18:48 Jethro: Me acaba de detener la militar.
18:49 Blanca: ¿En dónde?
19:00 Blanca: Contestaaa
19:08 Blanca: Jethro ya me asustaste…
Aquella fue la última conversación que mantuvo Jethro Ramsés Sánchez Santana con algún conocido, desapareció, dos meses después su cuerpo fue encontrado casi irreconocible, debido a la extrema tortura, estaba enterrado en un terreno baldío.
Las violaciones a los Derechos Humanos en México se han incrementado con la salida a las calles de las fuerzas armadas, quienes bajo la ‘excusa’ de realizar labores de seguridad pública los provocan en forma sistemática a lo largo y ancho del territorio nacional, lo anterior demostrado por organizaciones no gubernamentales y Juan Mendez, Relator Especial sobre la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
“Poco o nada entendible es el hecho que una sociedad con más de 100 mil muertos y poco más de 30 mil desaparecidos, agradezcan a sus fuerzas armadas ‘abatir’ a un civil (delincuente o no), cuando de facto este solamente debe ser detenido, los hechos se sostienen por si solos, refiriéndonos puntualmente a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en México miles de familias culparán primero al Ejército y Marina, que a los delincuentes, porque quienes mueren son civiles inocentes que han sido convertidos en falsos positivos, que demuestran que en México la muerte es gratuita”, comenta a este medio, la socióloga y especialista en militarismo de América Latina, Erica James.
La también investigadora social habla de un problema que ha sido provocado no por la estrategia de seguridad pública basada en la militarización, sino por la estrategia de empoderamiento de las fuerzas armadas, que valiéndose de ello han intimidado y aterrorizado a quien busque revelarse ante un régimen despótico y antidemocrático, usando muchas veces a civiles que posiblemente no estén relacionados con activismos sociales, pero funcionan como emblemas de la opresión a la que cualquiera puede estar sometido.
“El uso letal de la fuerza cada día es más brutal y frecuente; la negligencia es el papel principal de todas las autoridades encargadas de esclarecer una ejecución extrajudicial, porque lejos de dar justicia a las víctimas, bloquean cualquier acceso a ésta y jamás se sanciona a los responsables, por el contrario buscan e investigan ampliamente a los familiares y los amenazan y hostigan física y psicológicamente ya sea para que no denuncien o desistan de su denuncia.
Hoy cientos de familias han desafiado el miedo y la muerte y han salido a los campos baldíos, a las montañas, desiertos y bosques a excavar en busca de sus muertos, no van y los buscan en los contenedores de desechos, o en la superficie, porque esas muertes fueron del narco, en las entrañas de la tierra, donde hubiera podido ser un buen ‘escondite’, ahí habitan las ejecuciones extrajudiciales del gobierno, perpetradas por soldados y marinos, una realidad cruenta, aún para muchos defensores de unas fuerzas armadas idealizadas burdamente”, afirma James.
Daniel Ramos Alfaro, de 21 años de edad, se desempeñaba como capacitador del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) en el estado de Michoacán, por lo que desde hace cuatro años acudía a comunidades rurales para impartir educación básica. Durante los primeros dos años, se desempeñó como instructor con el propósito de obtener una beca para estudiar pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional. Sin embargo, después de transcurrir el tiempo necesario para la obtención de la beca (dos años), decidió continuar en el programa de forma voluntaria, siendo promovido a capacitador de nuevos instructores por su destacada labor como instructor.
Con motivo de sus labores como capacitador rural, el lunes 30 de septiembre de 2013, Daniel Ramos llegó a la comunidad de Betania -perteneciente al municipio de Uruapan, Michoacán- donde permaneció hasta el día 2 de octubre de ese año.
Irene Alcauter Saucedo (Instructora de CONAFE y última persona en tener contacto con Ramos), aseguró que el 2 de octubre alrededor de las 16 horas, el joven salió con destino al poblado de Nuevo San Martín, lugar en el que continuaría con sus actividades de capacitación, sitio al que nunca llegó.
Pero fue hasta el 5 de octubre que los habitantes de la comunidad informaron que no hubo comunicación con Ramos, para después darse a la tarea de búsqueda, fue en el camino que tomó para llegar a San Martín, aproximadamente cinco kilómetros adelante del poblado de Betania, fueron encontradas las pertenencias del joven y desde entonces no se tiene conocimiento alguno de su paradero.
A lo largo del proceso se dio a conocer que el joven mantuvo conversaciones con elementos del ejército quienes le exigían les entregara un permiso para ocupar las instalaciones de la escuela donde él daba clases. A esto se sumó los testimonios por parte de pobladores de Betania en los cuales señalaban que el joven había sido levantado por elementos del Ejército, lo cual fue reafirmado por una trabajadora de CONAFE quien aseguró que “una cuadrilla de soldados se había llevado al joven”.
“Michoacán es sin duda uno de los peores lugares para vivir del planeta. Los civiles desaparecidos o asesinados extrajudicialmente responden al calificativo de narcotraficantes cuando es imposible ocultarlos, pero en cualquier caso las fuerzas armadas resultan ser los defensores de un país ensangrentado por ellos mismos. El combate al narcotráfico ha sido una vil pantomima, detenciones arbitrarias, levantones, asesinatos extrajudiciales, no solucionan nada, se sabe, porque muere un narco y 20 más surgen ese mismo día, el día que un gobierno toque las cuentas bancarias, el dinero con el que financia todos los negocios delictivos los cárteles, sabremos que sí hay un combate, y no una guerra contra los civiles ejecutados selectivamente”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO Alfonso Bareyra, especialista en historia militar y miembro de la organización Memoria Abierta, filial Argentina.
El especialista afirma que Michoacán es uno de los estados representativos del mal gobierno y de la animadversión de las fuerzas armadas en contra del pueblo. “En el sexenio pasado y este cada día en aumento se comprueba el abandono completo de los principios democráticos mediante la militarización de la sociedad, el rol otorgado a las Fuerzas Armadas y la creación de operativos cuyo fin es violar derechos humanos, son demostraciones de ese fin.
Hay que entender que no se trata de un combate en pro de un país, sino se comprueba el propósito de un gobierno autoritario que ha recurrido a este tipo de estrategias para solidificar su poder, uno que nació en el entredicho y crece fraudulento. Michoacán, pero también Guerrero, ambas ciudades usadas como carne de cañón, ahí la vida es tan peligrosa como mala que es más probable morir extrajudicialmente que en cama y en paz, lo que puede distinguir a Medio Oriente de México es que allá los conflictos bélicos son abiertos, nadie tiene caretas, aquí gobierno y fuerzas armadas engañan a unos, mientras se burlan de otros y ejecutan o desaparecen a los demás”.
