En la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción, el representante en nuestro país de la oficina de Naciones Unidas (ONU) contra la droga y el delito, Antonio Luigi Mazzitelli, destacó que varios estudios e índices globales sobre corrupción e impunidad califican a México muy mal. Sigue siendo el país con la puntuación más baja entre los países de la OCDE en lo que se refiere a ambos flagelos.
Los hechos avalan tal certificación, que confirman los múltiples escándalos en que se han visto involucrados altos funcionarios, principalmente el propio Enrique Peña Nieto, quien se burló de la sociedad mayoritaria con el nombramiento de Virgilio Andrade como titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), posición desde la que desvió las investigaciones sobre la asociación corrupta del entonces gobernador del estado de México con la empresa Higa.
El problema se agrava por los altos índices de impunidad que se tienen en nuestro país, problema que también destacó el funcionario de la ONU. Sin embargo, para el secretario Andrade las cosas marchan muy bien, al extremo de que en la reunión del G20 que se llevará a cabo en Gran Bretaña el año 2016, el gobierno de Peña Nieto, dijo, “llegará con importantes avances” en el establecimiento del sistema nacional anticorrupción.
Es obvio que el cinismo es parte fundamental en el avance del flagelo, como ha quedado demostrado en los últimos treinta años, comportamiento que se magnificó en el actual sexenio. Ni que decir tiene que la corrupción y la impunidad, se mantendrán al alza en lo que resta de la presente administración federal. Los regaños provenientes del extranjero son mero formalismo, porque a final de cuentas los principales beneficiarios del flagelo son las grandes corporaciones trasnacionales: tienen abiertas las puertas de la corrupción que les permite un usufructo barato de los principales recursos naturales de México.
No es coincidencia que en el estado de México haya una “política sistemática” de despojo del territorio, agua, bosques y recursos naturales, en el marco de una violación impune de los derechos humanos y colectivos de poblaciones pobres y marginadas, como denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.
En conferencia de prensa se denunció que incluso con violencia extrema se han impuesto “megaproyectos” y desarrollos inmobiliarios en los que “siempre resultan beneficiados los consorcios empresariales y las grandes corporaciones”. Es cierto que tal práctica viene de sexenios atrás, como lo demuestra el famoso caso de los comuneros de San Salvador Atenco, a quienes en el desgobierno de Vicente Fox se quiso despojar de sus tierras para construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México. Se volvió práctica sistemática en la “administración” del entonces gobernador Peña Nieto.
Tal política pública es consustancial al modelo neoliberal, que aquí en nuestro país encontró un campo muy fértil. De ahí que mientras subsista será imposible poner fin a la corrupción y a la impunidad. Lo que hacen organismos como la oficina de la ONU contra la droga y el delito es llamar la atención a los gobiernos que se pasan de la raya. Así como la DEA no trabaja para combatir el narcotráfico sino para “ordenar” el mercado y evitar un colapso irreparable, que condujera al caos en detrimento de los millones de adictos en el mundo, del mismo modo el máximo organismo mundial vigila que las naciones sigan las normas que marcan las principales potencias globales.
Por eso es impensable, en el actual estado de cosas en el mundo, que las naciones dependientes y menos desarrolladas superen condiciones propias del subdesarrollo. Pudo haberse dado un paso adelante después de la Segunda Guerra Mundial, pero no se dio de manera global por el reparto que hicieron las potencias vencedoras, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. A los latinoamericanos nos tocó formar parte del marco geopolítico estadounidense, con las terribles consecuencias que hemos sufrido desde los inicios del siglo veinte, cuando la nación vecina enseñó su rostro imperialista.
Las famosas reformas estructurales, sobre todo la energética y la laboral, obedecen al móvil de facilitar prácticas corruptas entre las altas esferas de la burocracia y los altos mandos de las corporaciones empresariales. Allí es donde se da la gran corrupción, la que más daña al país y de la que los medios electrónicos jamás se ocupan. Esto no cambiará hasta que el régimen neoliberal sea derrotado.
